La Xunta cree que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que se cuestiona la esencia del decreto del plurilingüismo, “constata su legalidad y avala el equilibrio entre gallego y castellano”, según un comunicado emitido este jueves por la noche desde la Consellería de Cultura e Educación. Pero además, desafía a la Justicia.
El conselleiro de la materia, Jesús Vázquez, advierte de que el Gobierno gallego seguirá preguntándoles a los padres y madres por el idioma en el que se imparte clase aunque la respuesta no sea vinculante, a pesar de la anulación del artículo por parte del Tribunal. “La consulta se puede hacer igual pero será la Administración la que tendrá la capacidad de decidir una vez que se escuche a las familias”, dijo este viernes en una visita a un centro en Arteixo, donde no descartó presentar un recurso de casación sobre la anulación del otro artículo, el que permitía al alumno escoger la lengua que empleaba en la clase. “Hay que analizar las alternativas, pero es una de las opciones”, dijo.
El gallego, barrido del 95% de la enseñanza infantil
El TSXG ha estimado parcialmente el recurso presentado por la CIG, A Mesa pola Normalización Lingüística y la plataforma Queremos Galego contra el Decreto 79/2010 aprobado por el Gobierno de Núñez Feijóo. Así, anula el artículo 5.2., la realización de una encuesta entre los padres y madres en Educación Infantil que supuso por ejemplo el barrido del gallego en el 95% de los centros de de las ciudades, y el 12.3. en el que se establecía que el alumnado podría usar en el aula a lengua de su preferencia, en este caso porque es contrario al desarrollo de la Lei de Normalización Lingüística y al fomento del uso progresivo del gallego.
Por tanto, la sentencia elimina el propio núcleo de esta polémica normativa, que provocó una avalancha de recursos judiciales, el rechazo de toda la oposición política y la comunidad escolar, históricas manifestaciones en la calle y continuadas advertencias del Consejo de Europa. A pesar de todo, la Xunta cree que la Justicia “constata la legalidad de los principios inspiradores” del decreto al “avalar el equilibrio entre gallego y castellano” y considerar “ajustada a derecho a introducción del plurilingüismo y constatar que potencia la promoción del gallego en el sistema educativo”.
Lo cierto es que el TSXG salva muchos de los puntos del decreto, entre ellos muchos que también fueron recurridos por sindicatos y asociaciones, pero advierte que el gallego debería tener “un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” para garantizar la igualdad entre los dos idiomas oficiales. La sentencia desestima los aspectos jurídicos que considera ilegales -y que fueron promesas fundamentales del PP en la campaña de 2009 hacia la derecha más extrema- y alerta sobre los principios ideológicos de la política lingüística del Gobierno gallego. Pero el Ejecutivo no parece escuchar y sigue adelante.
La Xunta descarta derogar el decreto
De hecho, Jesús Vázquez ya aclaró que la intención de la Xunta era eliminar las teóricas discriminaciones lingüísticas en las aulas e intentar que las familias participaran en el sistema educativo. Así, no considera que la sentencia del TSXG sea un palo para el Gobierno, sino un aval porque, explica, aceptó todos los artículos “excepto dos”. Además, advierte que no se hará reforma alguna y que no se derogará el decreto.
En un comunicado anterior, la Xunta destaca que el TSXG sólo invalida “el 5% del total del decreto”. En cuanto al veto a la consulta a las familias, el Gobierno considera que la Justicia le recomienda que “ejerza su competencia de la manera más consensuada posible con las familias”. En cuanto a la invalidación del artículo que permitía al alumnado emplear cualquier lengua oficial en el aula, el Exectuvio estima “que el Tribunal basa su decisión no tanto en una cuestión de legalidad como de coherencia interna del precepto, nombradamente entre la libertad del alumno y la conveniencia de que coincida la lengua usada y la lengua de la materia”.
Además, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria expresa “su escrupuloso respeto por las decisión judiciales”. “Por el momento se están estudiando con prudencia las tres sentencias emitidas y esperaremos a las que lleguen en las próximas semanas antes de tomar una decisión al respeto”, finaliza, ya que aún quedan pendientes decisiones sobre otros recursos como el presentado por la Real Academia Galega (RAG).