El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo apoya la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra ignorando la existencia de tres sentencias de la Audiencia Nacional que tumban la prórroga que otorgó Mariano Rajoy para que la empresa permaneciese en su emplazamiento hasta 2073. Esa prórroga, anulada por una decisión judicial pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, obligaba a la empresa que fabrica papel a acometer mejoras medioambientales a condición del tiempo extra frente al mar, ocupando terrenos de dominio público. Ence ha empezado a impulsar sus proyectos de mejora y la Xunta los está tramitando con normalidad. El Ministerio para la Transición Ecológica no está conforme y considera que la pastera debería dejar de realizar inversiones para una planta cuya concesión está, a día de hoy, anulada.
La discrepancia radica en la manera de interpretar el estado judicial del asunto: mientras Ence y Feijóo consideran que sin sentencia firme todo está como siempre, en el Ministerio para la Transición Ecológica opinan que, hasta que no haya novedades judiciales, la prórroga otorgada a la compañía pastera por Rajoy es, a día de hoy, papel mojado.
En los despachos del ministerio no ha gustado que el Gobierno gallego esté tramitando las licencias previas a las obras que Ence tiene previsto acometer como si no hubiese novedad alguna. El pasado 20 de diciembre la secretaría de Estado de Medio Ambiente envió un oficio a la Xunta para manifestar ese malestar. En ese documento, publicado en exclusiva por Praza.gal, la directora general de Costas, Ana María Onoro Valenciano, dice de la planta gallega de Ence que es “una instalación en dominio público marítimo-terrestre que a día de hoy se encuentra anulada”. En ese documento, esta alto cargo le recuerda al equipo de Alberto Núñez Feijóo que la tramitación de las mejoras previstas “no tiene en cuenta que han recaído tres sentencias de la Audiencia Nacional” anulando la autorización para seguir fabricando pasta de papel a escasos metros de las aguas de la ría de Pontevedra.
El documento remitido desde los despachos que coordina la ministra Teresa Ribera es un “aviso” para recordar que “no deben darse pasos contrarios a las tres sentencias de la Audiencia Nacional”, explican a elDiario.es fuentes de ese departamento. “Ence no debe seguir invirtiendo y acometiendo mejoras sobre una moratoria de actividad que está anulada”, señalan las mismas fuentes.
El cambio de opinión
Se da la circunstancia de que la dirección de Ence no siempre quiso cumplir el trato de impulsar mejoras medioambientales, a las que le obligaba la prórroga de actividad concedida por Rajoy. El 3 de marzo de 2021 Ence emitió un comunicado público en el que aseguraba que solo invertiría en mejorar la “calidad ambiental” de su fábrica si tenía garantías de poder seguir operándola hasta 2073. En aquel momento todavía no se conocía ninguna de las tres sentencias que han dado la razón contra la compañía a Greenpeace, el Concello de Pontevedra y la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra.
Ahora, y pese a las decisiones judiciales, Ence cambia de estrategia y dice que mejorará la capacidad ecológica de una fábrica que tiene medio perdida. El plan que la Xunta está tramitando supone inversiones de 395 millones de euros pero la empresa aclara: “No significa que la inversión vaya a acometerse, sino que la compañía debe estar preparada para poderla acometer”, según asegura a esta redacción un portavoz oficial de la empresa.
La postura que trasladan los portavoces de la empresa es la siguiente: “La compañía continúa defendiendo que la prórroga extraordinaria otorgada por el Gobierno a la concesión de Ence Pontevedra se dio de forma correcta y ajustada a derecho. Como compañía, debemos pensar con visión a largo plazo y estar preparados para tener una biofactoría excelente en términos de sostenibilidad”.
Momento clave: la casación
El anuncio de continuar su plan de inversión en Pontevedra coincide con uno de los momentos clave en el periplo que el caso deberá recorrer en el Tribunal Supremo. Al alto tribunal han llegado una decena de recursos de casación contra las primeras sentencias de la Audiencia Nacional. La sala de admisiones debe decidir si admite esos recursos, un particular al que ya se ha opuesto la Abogacía del Estado, tal y como ha podido confirmar esta redacción. Si la decisión es negativa, la discusión habrá terminado y Ence deberá abandonar Pontevedra. Si, por el contrario, se abre un proceso en el Supremo, nadie se atreve a aventurar su duración. Mientras, Ence y la Xunta continúan como si no hubiera cambios a la vista en el día a día de una explotación que fue inaugurada por el dictador Francisco Franco en 1963.
Feijóo y el disparate
Preguntado sobre el conflicto el pasado jueves, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el cierre de Ence es “un disparate económico, industrial y forestal”. El razonamiento del presidente gallego transita, como es habitual en él, por espacios contradictorios. El barón gallego del PP reconoce que no le gusta la ubicación de la factoría pero que “sin los incentivos adecuados para construir una industria de pasta de papel” se opone al cierre de la que existe.
Los argumentos del presidente gallego se apoyan en una de las partes más delicadas del conflicto: los 5.100 empleos que la Xunta y la empresa relacionan directa o indirectamente con la actividad de la compañía. Feijóo responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez del varapalo judicial que Ence ya ha recibido: “Es muy fácil perder un pleito si no se defiende”. El presidente gallego se refiere al cambio de criterio de Abogacía del Estado que, en un primer momento, se allanó durante el proceso y, posteriormente, decidió apoyar a los denunciantes.
Por delante, la decisión del Supremo sobre los recursos de casación que varias entidades, del entorno de la empresa, han presentado discutiendo las primeras decisiones de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, Ence y la Xunta actúan como si nada hubiera pasado y el ministerio protesta.