La Xunta llama a la puerta de 2.000 familias al límite para que devuelvan miles de euros tras ser beneficiadas por el ingreso mínimo vital

Desde principios del mes de mayo la Xunta ha empezado a enviar cartas a cerca de 2.000 personas en riesgo de exclusión social a las que les reclama la devolución de cantidades de miles de euros. Son perceptores de una renta autonómica pensada para cubrir los gastos más básicos y que tramitaron en los últimos meses el ingreso mínimo vital (IMV), pero estaban a la espera de cobrarlo. La administración central les abonó en abril en un solo pago las cantidades atrasadas del IMV. Las dos prestaciones son incompatibles porque así lo establece la ley gallega, de modo que la administración autonómica reclama ahora lo que pagó en el periodo de tiempo en el que estas personas tenían reconocidas ambas porque considera que se cobro de forma “indebida”.

Las deudas que ahora afrontan familias sin recursos son de varios miles de euros, el resultado de multiplicar el número de meses desde que solicitaron el ingreso mínimo vital, aprobado hace casi un año, por la cuantía mensual que la Xunta les ingresó por la renta de inclusión social de Galicia (Risga). La media de esta prestación es de unos 470 euros al mes. Son 8.330 los receptores de esta renta y 1.880 de ellos son los que calcula el Gobierno gallego que perdieron el derecho a seguir recibiéndola por haber accedido al IMV y a los que les está pidiendo que devuelvan lo recibido estos últimos meses. Se enteran a través de cartas como la que se muestra a continuación. En este caso el receptor es un hombre que vive solo, está desempleado y agotó todas las prestaciones.

Asociaciones y ONG que trabajan por la inclusión social señalan que muchas de estas personas viven en una situación de pobreza cronificada y tienen necesidades económicas urgentes. Algunas, advertidas de que iban a afrontar una probable devolución de la Risga, guardaron el pago por el ingreso mínimo vital, pero otras ya han utilizado el dinero para pagar facturas pendientes o deudas, explican estas organizaciones. Hacer frente a la devolución les plantea un problema. “No puede ser que a familias vulnerables, que están pasando lo peor de la pandemia y que ya dedicaron el dinero a pagos pendientes, la Xunta les diga que tienen que reintegrar el dinero. Los que se lo gastaron, ¿de dónde lo sacan? Estamos endeudando a familias crónicamente pobres”, plantea Carla Leiras, del colectivo Os Ninguéns, creado en Vigo.

Cristina de la Puente, directora de la asociación Poten100mos critica la tardanza en resolver las peticiones para el ingreso mínimo vital, que ha llevado a que, al pagar en un solo ingreso los atrasos, las familias que percibían la Risga se hayan encontrado de repente con cantidades de más de 5.000 euros. “Son personas que viven no al límite, sino lo siguiente”, expone. Y hasta ahora estaban subsistiendo con la renta gallega, cuya mensualidad media es de 470 euros. “La Risga debería actualizarse, incluso por municipios, porque con esa cantidad en ciudades como A Coruña no da ni para vivienda”, indica. Esto, agrega, hace que sea “un problemón” que no hagan uso del dinero recibido y guarden lo suficiente para devolver lo que reclama el Gobierno gallego. A las administraciones les dirige el mensaje de que “responsabilizar a personas que lo tienen tan difícil es un poco fuerte”.

Varias asociaciones indican que todavía está por ver la postura definitiva del Gobierno gallego al respecto. Fuentes de la Consellería de Política Social argumentan que desde el principio se sabía que las dos prestaciones eran incompatibles y que siguieron pagando la Risga mientras no llegaban los fondos del IMV para evitar que estas personas se quedasen durante meses sin ingresos. En las cartas que está enviando, la Xunta da un plazo de 30 meses para pagar. Si en ese periodo no se reintegran las ayudas, los afectados pasarían a tener una deuda con las administraciones que les impediría acceder a otras prestaciones. Otra vía que se plantea el departamento que dirige Fabiola García es condonar parcialmente (hasta 3.600 euros) la deuda en el caso de familias con hijos a su cargo y para las que un informe de los servicios sociales declare que están en situación de especial vulnerabilidad. Al ministerio le ha propuesto que sea la Seguridad Social la que vaya compensando poco a poco lo que la Xunta reclama.

Para Carla Leiras estas soluciones “no son suficientes”. Critica tanto la “gestión caótica” del ingreso mínimo vital y sus retrasos como la postura de la Xunta por no cambiar la ley gallega de inclusión social de 2013. Esta norma dice que la Risga es incompatible con “las pensiones no contributivas o con cualquier otra prestación o pensión de cuantía igual o superior a la de dichas pensiones”. “Feijóo tuvo un año entero para hacer una modificación normativa que las hiciese compatibles”, destaca la coportavoz de Os Ninguéns. Considera que hay “una falta de empatía y de altura política” para dar respuesta a “familias que están desesperadas”.

Por su parte, la responsable de Poten100mos apunta que otras comunidades sí hicieron compatibles ya las dos prestaciones y que, ante una situación actual similar a la gallega, Canarias ha decidido condonar las deudas. Sobre el cambio en la ley autonómica, fuentes de la Xunta aseguran que sí está previsto modificar el texto de 2013 y permitir que las dos prestaciones coexistan. El planteamiento es mantener la Risga no para sumarla al IMV, sino para complementarlo en algunos casos y para cubrir otros que el ingreso estatal no cubre. El problema es, según el Gobierno gallego, que desde la aprobación del IMV en junio de 2020 ha habido ya varios cambios y no hay “seguridad” sobre los criterios definitivos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones replica que las dificultades con el IMV se deben a que es “una prestación muy compleja” y que se aprobó, además, en tiempos de pandemia. Pese a ello, añade, “los beneficiarios del IMV superan en menos de un año los que tiene la Risga, creada en 1991”. El primero llega ya a 13.000 hogares, según los datos del Gobierno central, mientras que la segunda se paga a 8.330 personas, de acuerdo con las cifras de la Xunta. El departamento que dirige José Luis Escrivá recuerda que ofreció a las comunidades una “pasarela” para trasladar en bloque a los receptores de sus rentas de inclusión al ingreso mínimo vital. “La Xunta, con la que nos hemos reunido en no menos de cinco ocasiones, ha rechazado esa posibilidad”, concluye. Menciona también que otros territorios, como la Comunitat Valenciana, sí han adaptado su ley para hacer compatibles las prestaciones.

El Gobierno gallego justifica su rechazo a esa pasarela en que no todos los receptores de la Risga cumplen los requisitos para el IMV. Fuentes de Política Social consideran que el Gobierno central no ha establecido “ningún mecanismo válido” para pasar a estas personas de un mecanismo a otro. Reclama, en cambio, poder gestionar directamente el ingreso mínimo vital en Galicia. Entretanto, las asociaciones que trabajan con los receptores de estas prestaciones temen las consecuencias de que la Xunta pida la devolución de las cantidades. “Los más vulnerables son los que menos tienen que pagar la descoordinación de las administraciones”, zanja la coportavoz de Os Ninguéns.