La Xunta oculta los datos de las quejas en la sanidad pública gallega

Las advertencias de la Valedora do Pobo -el equivalente en Galicia al Defensor del Pueblo- por los incumplimientos en materia de transparencia se acumulan en algunos despachos de la Xunta. La Comisión de Transparencia, que depende de este órgano, acaba de reprender a la Consellería de Sanidade porque no ha dado siquiera respuesta a una petición de información sobre las quejas de pacientes que recibe el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En un escrito fechado el 8 de noviembre le exigía que comunicase una resolución fundamentada en un plazo de 10 días, pero la administración autonómica no lo ha hecho.

En la petición se reclamaban los datos de quejas en la sanidad pública gallega entre los años 2019 y 2023, con información específica sobre cada centro y sobre cuántos de los escritos se refieren a las listas de espera. Pasado un mes, la Xunta no había dado respuesta. Ese es el plazo máximo que fija la ley gallega de transparencia para notificar las resoluciones. Si en ese periodo no hay una comunicación expresa, añade, “se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Y, cuando esto ocurre, la norma permite pedir amparo a la Comisión de Transparencia, que en este caso, aceptó la queja por el silencio de la administración y le preguntó por el caso a finales de julio.

La respuesta llegó a la Valedora casi tres meses después, de acuerdo con el escrito de la Comisión de Transparencia. La Xunta indica en esa contestación que las reclamaciones, quejas y sugerencias sobre la sanidad le llegan por “múltiples canales y organismos en las diferentes áreas y centros” y que, por ese motivo, no puede hacer “una explotación unificada de la información con garantías”. Es decir, el Sergas alega que no tiene sistematizada la clasificación y organización de las quejas que recibe. Y añade que, para responder a las preguntas, tendría que hacer una reelaboración de información -uno de los motivos que recoge la ley para denegar el acceso a datos-, extraer datos de diferentes canales y tratarlos para garantizar su coherencia.

La Comisión de Transparencia replica a la Xunta que el derecho de los ciudadanos a pedir información amparándose en las leyes de transparencia -hay una estatal y una gallega- “implica el derecho a recibir una respuesta documentada, completa y satisfactoria”. Razona que este tipo de respuestas son “una herramienta indispensable para poder ejercer el control de la actuación pública”. Llevándolo a este caso, considera que la Consellería de Sanidade debe dictar “resolución expresa” sobre una petición sobre la que se ha limitado a guardar silencio. Si hay “límites o causas de inadmisión a trámite”, añade, deben quedar justificadas.

El escrito recuerda a Sanidade que la ley estatal considera una infracción grave el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las peticiones. En la resolución, la Comisión pide a la Xunta que dé una respuesta en un plazo de 10 días, pero tampoco tras esta advertencia ha aportado ni los datos solicitados ni una resolución en la que se deniegue el acceso.

Otras trabas a la transparencia

Dos leyes regulan los procedimientos de transparencia: la estatal, de 2013, y una gallega, de 2016. Pero, pese a las declaraciones de intenciones de ambas normas, las peticiones de información a la Xunta se encuentran a menudo con distintas trabas: demoras de meses, falta de respuesta o contestaciones opacas o parciales. Para tratar de obtener los datos cuando no hay respuesta del Gobierno gallego o no se considera suficiente, el recurso habitual es presentar una queja en la Comisión de Transparencia, aunque las amonestaciones del órgano dependiente de la Valedora tampoco son siempre garantía de que la información se entregue con claridad.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que su equipo puede mejorar en materia de transparencia. Lo hizo después de que la Valedora enviase un escrito reprendiendo a la administración gallega por ocultar datos sobre vivienda pública nueva o rehabilitada. Esta opacidad contrasta con la campaña, con anuncios semanales, sobre los avances hacia el objetivo de duplicar en 2028 el parque de pisos públicos en la comunidad. El compromiso, asumido por Rueda en la campaña de las autonómicas de febrero de 2024, es llegar a 8.000, después de años de gestión en los que la materia no recibió apenas atención por parte del Gobierno gallego. Sus datos sobre el periodo anterior -desde 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta- eran globales y no distinguían entre los proyectos que había dejado en marcha el equipo del bipartito de PSOE y BNG y los iniciados después. Tampoco se aclararon las cifras de pisos para emergencia social, pese a, una vez más, los avisos de la Valedora.