La Xunta quiere proteger la instalación de hoteles en edificios ya construidos en la costa con su ley del litoral

La Xunta ha avanzado otro paso en la guerra abierta con el Gobierno central por las competencias sobre la costa. El Consello ha revisado el texto propuesto para la anunciada ley gallega del litoral, que se someterá a información pública durante un mes, y con la que el Ejecutivo autonómico pretende blindar la instalación de hoteles en edificios en la costa ya construidos y la actividad de cualquier instalación que se encuentre “lícitamente” en dominio público marítimo terrestre.

El texto, presentado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, es la respuesta de la Xunta a la negativa del Gobierno central de transferir las competencias sobre la gestión del litoral. La reivindicación, habitual en formaciones de izquierda, pasó a la agenda del PP gallego al aprobarse la ley estatal de cambio climático, atacada por el Ejecutivo gallego por posibles efectos sobre la industria tradicional relacionada con el mar pero también por limitar la concesión de Ence en la ría de Pontevedra.

El argumento del Gobierno central de que es necesario un cambio en el Estatuto de Autonomía de Galicia para que la comunidad asuma las competencias sobre la costa es rechazado por la Xunta, que replica con un informe del Consello Consultivo que considera que la Xunta ya podría hacerse cargo. La nueva norma, que Ángeles Vázquez asegura que estará aprobada en 2023, considerará estratégicas algunas actividades, como las de la cadena mar-industria e iniciativas turísticas como la apertura de hoteles en edificaciones preexistentes. “No tiene sentido que tengamos instalaciones fantásticas en las que ahora su actividad no se lleva a cabo”, defendió la conselleira, que señala que ya hay un catálogo de 300 construcciones a las que dar “una segunda vida, en muchos casos en el ámbito hotelero”. Asegura que no habrá edificios nuevos, sino que se utilizarán los que ya están levantados y tienen “valor cultural y arquitectónico”. Como ejemplo ha puesto la apertura de hoteles en faros que dependen de la administración central.

Rueda volvió a cargar contra las normas del Gobierno central, al que acusa de generar “inseguridad jurídica” y de perjudicar también la iniciativa empresarial con su “silencio”. La conselleira explicó que los artículos de la futura ley afectarán a la zona terrestre e intermareal y también a la marina, hasta las 12 millas. El texto propone diferencia tres áreas en el litoral con diferentes niveles de protección. El que más limitará la intervención será el de las áreas de protección ambiental. A continuación sitúa las zonas parcialmente desnaturalizadas y, por último, las que ya son zona urbana. Estas últimas “no tiene sentido renaturalizarlas”, según Ángeles Vázquez, que ha ceñido las medidas a la “rehumanización” de los espacios.

Cuando la Xunta anunció su intención de redactar una ley de gestión del litoral, colectivos ecologistas cuestionaron sus intenciones y avisaron de que debe cumplir la normativa estatal, con mención específica a Ence, la polémica pastera cuyo futuro en la ría de Pontevedra está pendiente de un nuevo pronunciamiento de la Justicia, después de que la Audiencia Nacional tumbase la prórroga aprobada en 2016 por un Gobierno que entonces encabezaba, en funciones, Mariano Rajoy.