La Xunta reconoce que Galicia no promovió vivienda pública antes porque no había detectado el problema

El problema del acceso a la vivienda lleva años entrando y saliendo del debate político en España. El anuncio del Gobierno central de movilizar 46.000 pisos de la Sareb a precios asequibles y la nueva ley de vivienda le han devuelto protagonismo. En la última década, las cifras de nuevas viviendas protegidas para alquiler en Galicia se han reducido hasta quedarse varios años a cero. Después de ese parón, hace pocas semanas la Xunta, que tiene las competencias en la materia, anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos para alquileres sociales. La explicación a la inacción previa está, según el presidente gallego, Alfonso Rueda, en que esta era una dificultad que les había pasado desapercibida: “Los ritmos y las necesidades dependen de cada momento. Ahora mismo, frente a un problema detectado también por el Gobierno central, todas las administraciones estamos actuando con la intensidad que denota el momento”.

En la actualidad, dijo Rueda cuando presentó su plan para aumentar las viviendas para alquiler social, hay 3.600 viviendas de este tipo en Galicia y la promesa es llegar a 5.600 en 2026, tras una inversión de 250 millones de euros, que procederán en un 30% de los fondos Next Generation.

Este jueves, en respuesta a una pregunta sobre las razones detrás de que durante años no hubiese apenas iniciativas del Gobierno gallego en este ámbito, Rueda defendió que detrás del nuevo plan de la Xunta había “un trabajo hecho anterior”, pero que los tiempos actuales fueron los que llevaron a dar impulso a la vivienda social porque las dificultades de acceso son ya “un problema detectado”.

El presidente gallego criticó el plan anunciado por Pedro Sánchez con las viviendas de la Sareb. Asegura que, de los 1.285 inmuebles que el Gobierno central dice que están disponibles en Galicia, en realidad solo hay 42 que la Xunta pueda comprar para destinarlos a alquileres accesibles. “Y veremos el estado en que se encuentran, si necesitan reformas...”, protestó. “Somos conscientes de que hay un problema creciente”, dijo. Por ello la Xunta presentó el plan de alquiler social y adquirió recientemente varias viviendas a la Sareb con este fin, aunque “sin tanto anuncio”. Sin embargo, el propio Rueda informó de ello en una comparecencia ante los medios y la Xunta difundió una nota de prensa el pasado 9 de marzo sobre una operación que afectaba a 40 inmuebles.

Rueda no aclaró si la Xunta va a aplicar alguno de los puntos de la nueva ley de vivienda. Este miércoles dijo en una entrevista en Telecinco que también en este asunto tiene sobre la mesa seguir la senda de la Comunidad de Madrid y presentar un recurso contra la norma, pero la decisión no está tomada. Tampoco lo está la de si declarar o no zonas tensionadas en los alquileres. El Gobierno gallego tiene “muchas objeciones a esta ley” y ha convocado de urgencia al Observatorio da Vivenda para analizar el texto, manifestó. Será después de eso cuando fije su postura.