La polémica por las precarias condiciones en la que las mujeres en el segundo trimestre de gestación interrumpen su embarazo destapó los numerosos defectos en el funcionamiento de los protocolos sanitarios. La Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (PGDA) advirtió que en varios hospitales públicos gallegos no se garantiza la asistencia necesaria, ni la de una matrona ni la del personal médico idóneo, o que incluso las pacientes deben expulsar el feto en solitario en un baño. Varias afectadas relataron sus duras experiencias y docenas de ellas contactaron con el colectivo para contar también su caso. La Xunta anunció una investigación ante el reconocimiento, incluso desde hospitales públicos, de que la asistencia médica completa no estaba garantizada y de que pudo haber deficiencias, pero se negó a cambiar el protocolo y rechazó que los problemas se habían debido a los recortes. La alternativa del Sergas para garantizar una asistencia médica completa y el acompañamiento continuo de la mujer es acudir la una clínica privada en Madrid. Pero los gastos tienen que ser adelantados por las afectadas y las limitaciones son importantes. Ahora, además, la cuantía que sufraga la Xunta para el desplazamiento se ha rebajado casi a la mitad mientras se han aumentado los requisitos para poder acceder a la subvención.
Eso es lo que han denunciado varias afectadas a un Centro de Orientación Familiar (COF) gallego, al que tienen que acudir como paso previo para llevar a cabo a interrupción de la gestación. Y ha sido este COF de A Coruña, después de consultar con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), quien ha comprobado los recortes que se han aplicado. No sólo en el caso de los abortos que tienen que ser realizados en Madrid por no poder realizarse en una área sanitaria gallega o para garantizar una asistencia continuada e idónea, sino en el caso de cualquier prestación sanitaria que tenga que realizarse fuera de Galicia.
Tal y como aclara Chus Díaz, psicóloga clínica del COF, el primer cambio llega en la propia gestión de estas ayudas. Mientras antes era la Consellería de Sanidade la que se ocupaba del proceso, ahora éste depende directamente de cada hospital, que pasa, según dicen, a aplicar estrictamente una disposición general de 2001 “redactada en pesetas” y que nunca se ha seguido en estos casos.
Así, y poniendo como ejemplo el viaje desde A Coruña a la clínica Isadora en Madrid encargada de llevar a cabo estos abortos terapéuticos, las pacientes pasan de recibir algo más de 213 euros en concepto de gastos de kilometraje a recibir unos 144, por lo que el importe que se abona por kilómetro pasa de los aproximadamente 18 céntimos a los 12 actuales.
En el caso del viaje en tren, anteriormente se facilitaba a las pacientes un bono para poder realizar el trayecto en coche cama si así lo deseaba. Ahora, y según denuncia el COF, la persona que se traslade a Madrid tiene que adelantar el dinero y tendrá que viajar en clase turista, a no ser que un informe médico justifique la necesidad de que lo haga más descansada. “Las mujeres que acuden a realizar un aborto terapéutico tienen que estar, como mínimo, a las 9 de la mañana en la clínica y no se puede permitir que tengan que desplazarse en turista y sin el descanso idóneo”, explica Díaz.
El caso es que, tal y como habían denunciado también algunas afectadas, el Sergas no sufraga los gastos del hospedaje en los muchos casos en los que las mujeres prefieren desplazarse el día anterior para tener un mejor descanso. Ni los peajes de la autopista, ni los medicamentos que la clínica les prescribe, ni la comida. Vayan el día que vayan.
Tampoco sufraga la Xunta los gastos del acompañante, algo que sí hacía antes. “Se pagaba el billete de dos personas y ahora no se hace”, explican desde lo COF. Tan sólo si un informe médico lo recomienda, el Sergas accede a abonarle el gasto también al compañero o compañera de la paciente. Lo único que no ha cambiado, según las denuncias, ha sido la opción de viajar en avión, que tan sólo era una alternativa en caso de que los doctores así lo especificaran como necesario.
Sea como fuere, en todos los casos ahora los pacientes tienen que adelantar el dinero. “Hay problemas porque hay personas que no tienen recursos ni para adelantarlo”, denuncia Díaz, que se pregunta cómo es posible “que la Seguridad Social no garantice una prestación idónea en tu comunidad autónoma y tengas que poner tú el dinero de antemano”. “Incluso hay clínicas privadas que, con un informe social, hacen rebajas de hasta 600 euros o adelantan los importes”, explican.
“No puede ser que se presuma de cumplir con el déficit y de la política de austeridad y no se tenga dinero para pagar esto”, añaden desde el COF, que ve en estas rebajas una nueva consecuencia de los recortes que en tantos ámbitos están afectando a la sanidad en Galicia. Desde la propia clínica Isadora, que tiene el convenio con el Gobierno gallego, se aseguraba que “nadie debería hacer tantos kilómetros” y que el aborto “debería regularse y asegurarse en la sanidad pública”. Este diario se ha puesto en contacto con la Consellería para conocer el protocolo que se sigue y las razones de estas rebajas, pero sigue esperando respuesta.