La Xunta rehúye decidir sobre otra universidad privada para A Coruña con informe desfavorable del ministerio

El acto fue con luces y boato. La flor y nata de la sociedad coruñesa, alcaldesa socialista incluida, asistía a la presentación de la futura Universidad Emilia Pardo Bazán, promovida por el Centro Superior Universitario de Galicia (Cesuga). “Es un proyecto para Galicia, no solo para A Coruña. No tenemos vértigo, pero sí oficio, y no venimos para ser mediocres”, expuso el presidente del Cesuga, el economista Venancio Salcines, según recogió la prensa local. Salcines también explicó que la iniciativa ya había recibido la aprobación técnica de Ministerio de Educación y de Xunta de Galicia. Lo dijo el pasado 30 de abril. Pero ninguna de las dos administraciones lo confirma. Es más, el ministerio dice lo contrario: hace más de un año emitió un informe desfavorable al respecto. Y la Xunta, a quien corresponde por ley decidir sobre la propuesta –el mencionado informe es obligatorio, pero no vinculante–, no ha movido ficha en todo ese tiempo. Ni sí, pese a su apoyo confeso a la enseñanza superior privada, ni no: ahora parece lavarse las manos y busca cómo endilgarle la responsabilidad al Gobierno central. elDiario.es ha intentado, sin éxito, recabar la versión de la promotora.

El rastro del proyecto se remonta a 2021. Cesuga, adscrito a la universidad privada San Jorge de Zaragoza desde 2014 –inspirada en el humanismo cristiano y vinculada a la archidiócesis de la ciudad–, remitió al Gobierno gallego su plan para “convertirse en una universidad privada en Galicia”. Según su propia publicidad, la respaldaban empresas como Estrella Galicia, Altia, Aluman e Incoga, “nuevos socios con el objetivo de lanzar esta nueva institución universitaria”. La oferta académica consistiría en, añadía, 11 grados, seis másteres y tres doctorados de las cuatro ramas del conocimiento, y se repartiría entre dos campus, A Coruña y Ourense. Una vez en marcha la Universidad Intercontinental de la Empresa, propiedad de Abanca, la Pardo Bazán sería la segunda universidad privada de la comunidad. La Xunta remitió la documentación al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y solicitó el preceptivo informe.

La legislación es clara. Los pasos a seguir para solicitar el reconocimiento de una universidad privada los regula un real decreto de 2021. Es la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), conformada por técnicos del ministerio, la que elabora los informes, que después somete a votación de las comunidades autónomas, que lo pueden considerar favorable o desfavorable. El documento de análisis de la propuesta del Cesuga se evaluó el 7 de marzo de 2024, hace ahora 14 meses. Siete autonomías votaron en contra y siete se abstuvieron. Una de las que se abstuvo fue Galicia, gobernada por el Partido Popular´, indican fuentes del ministerio. El informe, así, fue desfavorable.

Según la ley vigente, los ejecutivos autonómicos tienen la potestad de avalar universidades privadas y, mediante proyecto de ley en sus parlamentos, sacarlos adelante aunque tengan informe en contra de la CGPU. Lo han hecho en los últimos meses Canarias, Andalucía o Madrid, gobernadas por el PP –en coalición, en el caso de las islas. El Ejecutivo gallego, por lo menos en público, lo ignora. Su conselleiro de Educación, Román Rodríguez manifestaba este miércoles, a preguntas de la prensa, que iba a solicitar “una aclaración” al ministerio “para saber si un informe que existe que no da luz verde de modo explícito es o no favorable”. Y lo decía después de celebrar, en consonancia con la marca neoliberal de buena parte de la política del gabinete del presidente Alfonso Rueda, “cualquier iniciativa de la sociedad civil que vaya orientada a celebrar la educación de todo el territorio”.

“El ministerio no emite informes que den luz verde o no. Emite informes favorables o desfavorables”, puntualizan fuentes del propio departamento que dirige Diana Morant. La pelota está, pues, en el tejado de la Xunta. Y eso pese a que, preguntada por este periódico el pasado 25 de abril, la consellería afirmó que “no tenía trámites pendientes en relación a la propuesta” de creación de la Universidad Pardo Bazán. Cinco días más tarde –y casi 14 meses después del informe desfavorable–, Cesuga presentaba con boato la iniciativa en A Coruña y aseguraba que todo estaba en orden. Y la Xunta, de nuevo consultada por este diario, remitía a las rocambolescas declaraciones del conselleiro Román Rodríguez.

En el despacho de Alcaldía

El Gobierno central de PSOE y Sumar ha anunciado un endurecimiento de las condiciones para permitir la apertura de universidades privadas. Todavía este jueves, la ministra Diana Morant insistía en “frenar la expansión de universidad de garaje, universidades de mala calidad, universidades que son básicamente un negocio”. Y, sin embargo, la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, mostró su respaldo público y notorio al proyecto de la Pardo Bazán. Además de recibir a sus promotores en el despacho de la alcaldía y ofrecerles un ágape en el Salón Dorado del palacio municipal, se ufanó de estar “a su lado” en una iniciativa “que tiene como objetivo crear una universidad privada al servicio de Galicia, como alternativa real para la formación de futuros profesionales”. A esta contradicción se agarró el miércoles Román Rodríguez, titular de Educación en la Xunta, para eludir su propia responsabilidad en el proceso: “Deberían decirnos quién tiene razón, lo que dice el PSOE a través del ministerio o lo que dice a través de la alcaldesa”.

Los sindicatos reaccionaron. Comisións Obreiras difundió un comunicado en el que consideraba “especialmente grave” que Rey emplease “los recursos y el prestigio institucional” del Concello de A Coruña “para impulsar un proyecto empresarial privado en detrimento de las universidades públicas”. La CIG calificó la escenificación de la alcaldesa de “espectáculo lamentable” y censuró su “entusiasta apoyo a una entidad que pretende competir con la oferta pública de la ciudad”. Precisamente el rector de la universidad pública de A Coruña, Ricardo Cao, rechazaba el martes “la autorización de universidades privadas que han obtenido informes negativos”. De fondo, la iniciativa de Cesuga y la extraña función del Gobierno gallego en ella.