La Xunta retrocede en ayudas sociales: apoyos eliminados y rentas de inclusión que llegan a menos hogares

Alfonso Rueda llevaba poco más de un mes al frente de la Xunta de Galicia cuando comunicó la decisión de suprimir la que había sido la ayuda fundamental para familias vulnerables en los años previos: una tarjeta monedero que se implantó con la pandemia. No hubo marcha atrás, pese a las críticas de las entidades que trabajan con personas en situación de pobreza. Hace dos semanas se conoció que el Gobierno gallego había decidido suprimir el complemento al bono térmico que estaba dando la comunidad gallega. En los dos casos, las razones dadas son una mejora en las circunstancias económicas, pero las cifras de personas en riesgo de pobreza se mantienen lejos de los objetivos fijados en la Agenda 2030.

En paralelo a las medidas de supresión de ayudas sociales, en Galicia se ha registrado un acusado descenso del número de personas que ingresan la renta de inserción social propia de la comunidad autónoma, la Risga. Los datos de 2023 muestran que eran 5.508, la mitad que las 10.761 que constaban en el año con más perceptores, 2016. Desde que entró en vigor el ingreso mínimo vital (IMV), en 2020, la caída es del 40%. No solo eso: el máximo de la Risga, aquel que se alcanzó en 2016, es siete veces menos que la cifra actual de hogares que reciben el IMV, que son 72.495.

Las entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión lo atribuyen a una decisión consciente de la Xunta y recuerdan que la reforma de la normativa para hacer compatibles Risga e IMV está paralizada. Xosé Cuns, de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN), expone que perciben una “presión creciente” para disminuir la renta de inserción de la comunidad gallega en favor del IMV. El importe, dice, se mantiene, pero no el número de personas a la que llega.

Con la llegada del IMV, muchos de los perceptores de la Risga la dejaron, pese a que solicitar el ingreso mínimo vital es “un sufrimiento”. De hecho, la mayoría de los beneficiarios siguen quedándose fuera. Un informe difundido en mayo por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que en Galicia viven bajo el umbral de la pobreza 395.500 de sus casi 2,7 millones de habitantes, pero el IMV cubre solo al 10,9%, que son algo más de 43.000.

Cuns expone que la Xunta está a la espera de que el IMV se traspase a la Xunta, como ocurrió en Catalunya, algo que considera positivo. Pero recrimina que, con esa “excusa” la ley de inclusión gallega siga sin modificarse para que entren más colectivos. Pide al Gobierno gallego que tome medidas mientras tanto. Los datos de pobreza en familias monoparentales avanzan, advierte.

Una vuelta obligada a la tarjeta monedero

Lo que sí considera “clamoroso” la EAPN son tanto la supresión de la llamada Tarxeta Básica que se puso en marcha en pandemia para las familias vulnerables como la reciente eliminación del complemento al bono térmico. Sobre la primera destaca que la Xunta se va a ver obligada a recuperarla el año que viene: este año el Gobierno central ha puesto en marcha una tarjeta monedero, gestionada a través de Cruz Roja, pero desde el 1 de enero de 2025 se va a transferir a las comunidades autónomas. Cuns explica que el formato, similar a una tarjeta bancaria, busca que la ayuda sea “más respetuosa con la dignidad de las personas”. Objeta, eso sí, que se controle qué tipo de productos se adquieren con ella -se excluye el agua mineral, ejemplifica- y que los importes no sean más altos.

Cuando la Xunta tuvo que responder a las críticas de la oposición por eliminar esa tarjeta para familias vulnerables, el presidente Rueda insistió en que era pertinente retirarla porque la medida se había adoptado en un “momento excepcional”, el de la pandemia, y que “el escenario ha cambiado”. Llegó a unas 57.000 personas, a las que sufragó gastos para comprar productos de primera necesidad. La retirada de la tarjeta fue atacada por la oposición. El debate coincidió con anuncios del Gobierno gallego de nuevas rebajas a los impuestos sobre grandes patrimonios y el BNG llegó a calificar a Rueda de actuar como “Robin Hood al revés”.

Dificultades para llegar a las personas en pobreza severa

La del bono térmico, analiza Cuns, es una situación “muy clarificadora” de los problemas que se suelen encontrar las entidades en la lucha contra la pobreza. Parece, dice, que las personas vulnerables son responsabilidad de la Consellería de Política Social y, cuando es necesario abordar políticas con otros departamentos de la Xunta, se encuentran con menos sensibilidad. Este bono lo llevaba el año pasado el equipo que dirige Fabiola García, pero con el nuevo gobierno, se pasó a Economía. Primero la consellería admitió un retraso en los pagos, entre denuncias de perceptores que estaban a la espera. Poco después anunció que suprimía el complemento autonómico para este bono que entrega el Gobierno central. El motivo para dejar de dar esos 150 euros anuales a unas 82.000 familias es que era una “medida provisional” que ya no es necesaria porque han bajado los precios de la luz y el gas. 

Otra de esas dificultades constantes es la de lograr que las ayudas lleguen a quienes están en una situación más acuciante. “A una gran parte de los apoyos disponibles acceden personas en riesgo de pobreza o de clase media-baja. Bienvenido sea, porque las necesidades de estas personas también están ahí, pero vemos que no llegan a quienes están en pobreza severa”, indica Cuns. La situación se repite en el bono eléctrico, en las ayudas para eficiencia energética o en las destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Cree que será necesario recuperar este complemento porque “los datos de pobreza energética están ahí”.

El portavoz de la EAPN apunta dos ámbitos en los que aprecia un cambio de actitud en positivo de la Xunta: las políticas de empleo dirigidas a quienes están en situación de pobreza y el énfasis en la vivienda. “Se ve otra sensibilidad en el equipo [de la Consellería de Vivenda] y en el presidente”, afirma, aunque sigue viendo lejos el objetivo de que las ayudas lleguen a las familias más vulnerables y da por hecho que será necesario que estén vigilantes para ver si se cumplen los compromisos de erradicación de infravivienda y para comprobar cómo se concreta ese incremento -Rueda anuncia que se duplicará para 2028 y llegará a los 8.000 pisos- en el parque de vivienda pública prometido.