La Xunta seguirá tramitando peticiones de declarar zonas tensionadas de vivienda pese a la orden en contra de Feijóo

El PP español difundió un comunicado firmado por todas las comunidades en las que gobierna con su posicionamiento en materia de vivienda antes de la conferencia sectorial de este jueves. Además, agregó un argumentario explicativo en el que el equipo de Feijóo va un paso más allá y asegura que las autonomías “se reafirman en su negativa a declarar en sus territorios zonas de mercado tensionado”. Pero no es el caso del Gobierno gallego, que se desmarca. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha reiterado que su departamento va a continuar con la tramitación de las peticiones que le lleguen de los ayuntamientos y que, si se cumplen los requisitos que establece la ley, sí habrá declaración de zonas tensionadas en Galicia.

Son dos los ayuntamientos gallegos que han manifestado que quieren que se declaren zonas tensionadas en sus territorios: A Coruña y Santiago de Compostela. El primero remitió hace un año un escrito a la Xunta, pero una y otra administración discrepan sobre si esto se trata ya de una petición formal o no. El gobierno local coruñés entiende que es una solicitud, mientras que la Consellería de Vivenda la califica de “escrito” y dice que lo que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) respondió es que es necesario aportar documentación que justifique la posible declaración. En el caso de la capital gallega, fuentes del gobierno municipal indican que se ha encargado un trabajo al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña para hacer esa justificación y que tienen hasta que acabe el año para presentarlo.

La Xunta ha manifestado repetidamente su oposición a la norma -la recurrió, en vísperas de las elecciones autonómicas de febrero, ante el Constitucional- y había avanzado que su actitud no sería facilitadora en la declaración de zonas tensionadas: avisó desde el principio de que no tomaría la iniciativa en ningún caso. Hace un año, la entonces titular del departamento con competencias en vivienda en Galicia, Ángeles Vázquez, aseguraba que su equipo buscaría una fórmula para tramitar las solicitudes porque en la ley aparecían solo “unos parámetros”, pero no un procedimiento. Requerirían, adelantaba, un estudio sobre la zona que se pida declarar tensionada.

El pasado mes de julio, María Martínez Allegue -responsable de vivienda tras los cambios en el Gobierno después de las elecciones, que dieron su primera mayoría absoluta a Alfonso Rueda- establecía la misma posición [que si un ayuntamiento pide y cumple, se aceptará] que volvió a defender este jueves, mientras el PP estatal aseguraba que las comunidades en las que gobierna no aplicarían las zonas tensionadas. En sus declaraciones, la conselleira dijo que sí suscribe el documento remitido por el partido. Pero ese documento no dice exactamente que las comunidades se vayan a negar a declarar zonas tensionadas, como afirma el PP en los párrafos con los que lo acompañó al remitirlo a los medios. El contenido textual es: “Reafirmamos que es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas no declarar en sus territorios zonas de mercado tensionado”. Es decir, defiende que tienen derecho a negarse.

Martínez Allegue agregó, sobre la postura de la Xunta, que está “en contra de la declaración de zonas tensionadas” porque considera que no son adecuadas para alcanzar los objetivos deseados. Pero atenderá las peticiones que entren de los ayuntamientos y, si cumplen, “no quedará mas que, por supuesto, acatar la normativa estatal”, aclaró.

Después de 15 años de gobiernos del PP en Galicia sin protagonismo para las políticas de vivienda, el equipo que dirige Alfonso Rueda ha puesto el foco en el asunto y en los últimos meses se han sucedido los anuncios de inyecciones de dinero público. La promesa es duplicar en esta legislatura el parque de vivienda pública (y pasar de 4.000 a 8.000). Pese a las insistentes declaraciones al respecto, el Gobierno gallego sigue opacando la información sobre los pisos construidos o rehabilitados cada año con cargo a fondos públicos. La Valedora do Pobo, equivalente en Galicia al Defensor del Pueblo, acaba de reprender a la Xunta por otro caso de falta de transparencia: Rueda cita la cifra de 2.403 pisos construidos desde 2009, cuando Feijóo llegó por primera vez a la Xunta, pero no explica qué parte de ellos pertenecen en realidad a proyectos del Gobierno bipartito de PSOE y BNG.