La Xunta de Galicia imitará a la Comunidad de Madrid que gobierna Isabel Díaz Ayuso y recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas aprobado el pasado mes de noviembre por el Congreso. Alfonso Rueda, que sucedió a Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno gallego y se alinea en todas las ocasiones con sus planteamientos, ha informado de que la decisión ha quedado confirmada en la reunión semanal de su gabinete.
Rueda, que ya había criticado el impuesto a los ricos, expuso este jueves que lo ve como una “clarísima vulneración de la autonomía financiera de Galicia” en lo que se refiere a los tributos cedidos. Criticó el tributo porque “lo que hace en la práctica es anular o desactivar” las rebajas que la Xunta y otros ejecutivos de comunidades gobernadas por el PP aplican en el impuesto sobre el patrimonio. Hay otras cuestiones técnicas, dijo, pero este es el “motivo principal” para acudir al Constitucional.
En los presupuestos de 2023, con los precios encadenando subidas cada mes -más elevadas en Galicia que en la media Española y las dificultades económicas en las rentas más bajas, la Xunta introdujo una nueva bonificación en el impuesto sobre el patrimonio. La elevó del 25% al 50%. Los beneficiados, unos 7.700 contribuyentes con un patrimonio medio de seis millones de euros. Ahora, semanas después de que el Gobierno de Ayuso concretase su recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, la Xunta se suma a esa senda.