El Colegio de Abogados de Gipuzkoa prestará asistencia jurídica integral gratuita a los afectados por procedimientos de desahucios, gracias a un convenio, pionero en España, suscrito con la Diputación guipuzcoana, que aportará 60.000 euros a esta iniciativa.
El novedoso convenio ha sido presentado hoy en rueda de prensa por el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ambos de Bildu, y la decana del Colegio de Abogados, Lurdes Maiztegi, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián.
Durante su comparecencia, Maiztegi ha explicado que éste es el primero de sus características firmado en España, ya que prevé un asesoramiento jurídico “previo a cualquier litigio”, cuando hasta ahora no hay nada así, porque “cuando el ciudadano se ve con el problema normalmente está abocado a defenderse judicialmente” y ahora “se pretende evitar eso con un asesoramiento jurídico previo”.
Maiztegi ha aclarado que esta iniciativa llegará a los ciudadanos “a través de los servicios sociales” que dispondrán para ello de un protocolo y “extenderán un certificado en el que dirán si la persona puede beneficiarse” de lo recogido en el convenio.
El documento firmado hoy incluye “un servicio de asistencia jurídica integral para la defensa de los derechos” de los guipuzcoanos que “se encuentren en riesgo de pérdida de su única vivienda; en el umbral de la exclusión social a consecuencia de reclamaciones dinerarias, derivadas o no de préstamos garantizados con hipoteca; y que sean deudoras de buena fe”.
En su intervención, el diputado general, Martín Garitano, ha precisado que con este convenio la Diputación quiere “hacer frente” a la realidad de los desahucios “desde una perspectiva pionera” y “completamente diferente a la adoptada por otras instituciones”.
“Defenderemos a la ciudadanía del abuso del sector financiero y nos valdremos de recursos de la entidad pública para contratar abogados necesarios para defender los derechos humanos de las personas”, ha dicho Garitano.
“Así -ha añadido-, a diferencia de otras instituciones, no esperaremos a que las familias estén desahuciadas y a que los poderes económicos obtengan su beneficio para intervenir” después.
Ha desvelado que de esta manera se abordará el problema “de origen” y “no sólo las consecuencias”, para “poder aliviar así, en cierta medida, las tremendas dificultades que están sufriendo las personas y familias afectadas por esta grave situación”.
Por su parte, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha recordado que “la crisis económica golpea sobre todo a los más débiles” y que “los desahucios son el crudo ejemplo de esta dura realidad”.
Rodríguez ha opinado que se ha llegado a esta situación “bajo la dictadura del sistema neoliberal” en el que “las ejecuciones hipotecarias son una herramienta en manos de entidades sin piedad que no dudan en llevar a la ruina total a aquellas personas que se encuentran en una situación extrema”.
“El drama social que se está viviendo como consecuencia de los desahucios de personas que carecen de los ingresos necesarios -ha insistido- se está convirtiendo en insostenible para la conciencia social y la convivencia democrática”.
El diputado ha recordado que, en este contexto, ya se han producido suicidios y miles de personas “afectadas directamente por esta situación” sufren “enfermedades y depresiones”. “Todos conocemos nombres de víctimas de la crueldad de la banca, víctimas mortales de la violencia económica consecuencia de anteponer las ganancias a las personas”, ha concluido Rodríguez.