“Esta es la historia de un hombre que un día estaba tan ocupado, o era quizá tan perezoso, que hizo clic en 'Acepto'”. La cuenta la artista Florence Meunier en su libro 'El hombre que aceptó', pero nos ha pasado a todos alguna vez. Justo antes de comenzar a utilizar cualquier servicio de internet, aparece ante nosotros esa terrorífica pantalla repleta de líneas y líneas, casi siempre en inglés, con un no menos terrorífico encabezado: “Términos y Condiciones”. En su presencia, la mayoría mentimos y aseguramos que sí, que hemos leído toda esa información y que estamos de acuerdo con ella. Nos va a crecer la nariz como a Pinocho.
En realidad Meunier no ha sacado el relato de la nada, sino que ha utilizado como base, precisamente, uno de esos documentos jurídicos: los términos y condiciones de Apple para iCloud. Eliminando las palabras sobrantes, ha extraído la historia de entre las líneas del texto original. “Lo que este hombre no previó es que nunca más podría rechazarlos”, prosigue.
“El objetivo de mi proyecto es hacer el contrato más accesible para los usuarios”, explica a HojaDeRouter.com la joven investigadora de la Universidad de las Artes de Londres. Con esto no quiere decir que lo explique en detalle, sino que trata de alertar sobre la importancia de estos documentos. “El aspecto más interesante de los términos y condiciones de iCloud es que, como se trata de un ‘software’, la protección del consumidor es más abstracta e intangible”, añade.
Un paso más en un proceso automatizado
Aceptar las condiciones de un sinfín de servicios, desde las que indican las operadoras para conectarnos a internet hasta el apartado de banca ‘online’ de cualquier entidad, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Por eso, como dice Meunier, ya no les prestamos atención y los subestimamos“. Y advierte: ”Los términos y condiciones son una herramienta de las compañías para limitar garantías y no asumir responsabilidades“.
El equipo de Terms of Service, Didn’t Read (abreviado como ToS;DR) tiene las cosas aún más claras: “'He leído y acepto los términos’ es la mayor mentira de la web”, reza el subtítulo en la carta de presentación de su página. “Nadie que usa internet los ha leído nunca”, asegura Hugo Roy, líder del proyecto que arrancó en 2012. Ellos tratan de aportar soluciones para que la situación cambie y los internautas puedan decidir más conscientemente.
Se consideran una iniciativa que defiende los derechos de los usuarios, y con este fin han desarrollado un sistema para clasificar las políticas de términos y condiciones de diferentes servicios web. Cualquiera puede enviar sus propias apreciaciones sobre una política en particular, y cuando tienen las suficientes revisiones las discuten y asignan una etiqueta: desde la A (de ‘muy bueno’) a la E (de ‘muy malo’), detallando además los puntos más sospechosos de los documentos. Para que te hagas una idea, Google pertenece a la clase C y YouTube a la D.
PrivacyPal sigue una estrategia diferente, aunque su fin es el mismo. El proyecto nació en 2014 durante la primera Hackaton Virtual Global organizada por la Universidad Koding, una comunidad educativa ‘online’ sobre tecnología. “Nosotros leemos por ti los términos y condiciones de las páginas que visitas”, garantizan. Para recibir su ayuda, solo tienes que insertar el enlace de la página web que te interese en el apartado correspondiente. Después, ellos recopilan la información más importante y te la presentan en un formato sencillo.
También firmamos contratos a través del móvil
Según un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, tardaríamos 76 días en leer los términos y condiciones de los servicios que utilizamos a lo largo de un año. Una conclusión que quizá sirvió para que un grupo de investigadores del mismo centro desarrollase PrivacyGrade, un proyecto para catalogar las aplicaciones gratuitas para Android según su protección de la privacidad. El método de clasificación es similar al que siguen los de ToS;DR: - un código de colores y letras (de la A a la E) -, aunque en este caso se basan en las expectativas de los usuarios.
“Algunas ‘apps’ tienen comportamientos sorprendentes”, asegura Jason Hong, líder de la iniciativa. Muchos juegos y aplicaciones (algunas que aparentan ser una simple linterna, por ejemplo), registran tu localización sin que aparentemente tenga justificación alguna. “La diferencia entre Facebook y una aplicación linterna es que, mientras la gente espera que la red social obtenga sus datos, no ocurre lo mismo con la segunda”, dice Hong, y por eso han diseñado un modelo de privacidad que mide la diferencia entre las previsiones de los usuarios (que recogen mediante ‘crowsourcing’) y la realidad.
Según Roy, que no prestemos atención a los documentos legales no solo se debe a la falta de interés, sino también a que es imposible leerlos “a menos que seas un abogado”. Meunier añade que, debido al lenguaje técnico que utilizan, la estética y su extensión, “parecen estar hechos para no ser leídos”. Los términos de iCloud que la investigadora ha tenido que examinar abarcan 16 páginas. Roy bromea comparándolo con la obra teatral ‘Macbeth’: si puedes disfrutar con la literatura, “¿por qué malgastar el tiempo leyendo un eterno documento jurídico?”.
Otro proyecto para ayudar a los usuarios en la labor de descifrar el lenguaje legal es Términos y Condiciones, una web creada y gestionada por el jurista Jorge Morell, especializado en derecho tecnológico. Como la autora del centro londinense, Morell considera que el formato que emplean las empresas para redactar sus contratos “es muy mejorable, tanto por su extensión como por las fórmulas; todo es texto, muy pocos incluyen imágenes”, afirma.
También está de acuerdo en que falta concienciación. No nos percatamos de que se trata de un contrato como los de papel, y “no de un paso más para instalar una aplicación”. Esta concepción errónea se debe, en parte, “a que todavía falta educación digital”, afirma el experto.
Aunque a veces desconfiamos de los grandes gigantes de internet, como Facebook y Google, Morell asegura que ellos, “los que tienen un gran volumen de usuarios”, son los que más esfuerzo ponen en hacer entendibles sus términos y condiciones porque les interesa. Su actitud influye en cómo la prensa habla de su servicio y esto determina en parte la opinión pública. “A veces son más controvertidos otros servicios medianos o pequeños, que tienen algunos millones de usuarios”, añade.
No obstante, “en todos los contratos encontrarías un apartado que te llamaría la atención y que no te gustaría demasiado”, dice el abogado. Pone como ejemplo el caso de Uber, que solicita demasiada información para un simple trayecto en coche. “Tienen tu nombre, tu fotografía, la información de tu cuenta, recogen un historial de tus movimientos, saben qué dispositivo has utilizado para solicitar el servicio”, enumera. “Ir de un sitio a otro ya no es tan anónimo como hace 10 años”.
Cambios hechos a hurtadillas
En su página, Morell trata de poner en claro los aspectos más importantes de los más de 6.000 documentos digitales que monitoriza a diario. Observa si algo ha cambiado e informa de ello, porque “el primer paso para simplificarlos es hacerlos más transparentes”.
TOSBack, una iniciativa (aún en versión 'beta') producto de la colaboración entre ToS;DR, la Electronic Frontier Fundation y la Internet Society, sigue un plan similar. Sus responsables han creado un rastreador que diariamente vigila la Red en busca de posibles modificaciones en las políticas de los servicios seleccionados.
“No suele haber un histórico de versiones”, nos cuenta Morell, y las empresas no están obligadas a comunicar los cambios: pueden hacerlos siempre que quieran, y lo único que recomiendan al usuario es releer de vez en cuando el texto en su web para enterarse. “El 56% de las variaciones que detecté el año pasado no se habían comunicado de ninguna manera”, asegura. Generalmente, si sigues utilizando el servicio después del cambio se considera que lo has aceptado, lo que, según el jurista, “es bastante cuestionable”.
En relación también con la privacidad, “un tema que no suelen explicar bien es la retención de los datos”, indica. Si decides abandonar el servicio o eliminar parte de lo que has almacenado en una plataforma, no es fácil determinar hasta cuándo permanecerá la información en los servidores de la empresa responsable. “Facebook sí indica que la información tarda entre 30 y 90 días en desaparecer [de cara al público], pero luego no dejan claro si sigue en sus servidores”, explica Morell. Además, afirman que “por obligaciones legales” podrían retener cierta información, pero no especifican dichas obligaciones ni por cuánto tiempo se aplicaría dicha retención.
Una estructura fija con muchos cabos sueltos
El esquema básico de los términos y condiciones incluye unos puntos esenciales que vienen determinados por distintas leyes. En España, los principios generales están recogidos en la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, y algo más especificados en la de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las leyes de la Sociedad de la Información y de Protección de Datos también incluyen ciertas consideraciones, aunque los detalles dependen del tipo de servicio que preste cada plataforma.
No obstante, y a pesar de las reglas existentes, hay muchos aspectos que pueden cambiar a su antojo. “Hay cierta impunidad”, asegura Morell. “Si nos pusiéramos estrictos podríamos cuestionar muchas de las cosas que están escritas y bastantes cambios”. Los puntos menos lícitos seguirán ahí mientras nadie alerte al respecto o un tribunal dictamine que deben eliminarse.
Lo importante, afirma el jurista, es que estemos advertidos de lo que implican los términos que aceptamos y los cambios que se incluyen en los documentos. En palabras de Apple y Meunier, la moraleja de esta historia es que “uno no debe conceder aquello que no ha hecho por leer”.
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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Florence Meunier y Jorge Morell