Durante las últimas décadas, a causa de los avances tecnológicos, el espionaje y la monitorización de las actividades de la población civil se han desarrollado de forma alarmante. Las naciones han adquirido la capacidad de controlar a sus ciudadanos a gran escala, lo que supone una gran amenaza para los derechos humanos, especialmente en aquellos países con bajos índices de democracia.
En la base de esta inmensa pirámide se encuentran empresas de tecnología que desarrollan sistemas de vigilancia, cada vez más sofisticados, que acaban con frecuencia alarmante en manos de regímenes a los que nunca deberían llegar. Uno de los principales exportadores de este tipo de productos es Israel, la nación con un mayor número de compañías per cápita dedicadas a la cibervigilancia.
Según un informe elaborado por Privacy International, en el país hay al menos 27 empresas que se dedican a crear estos programas. Más de tres compañías del sector por cada millón de habitantes. Esta cifra sorprende cuando se compara con las 1,6 del Reino Unido o las 0,4 de los Estados Unidos. En número total de empresas, la nación de las barras y estrellas, con una población cuarenta veces mayor que la de Israel, se encuentra a la cabeza, con sus 122 compañías.
Por otra parte, el informe solo contabiliza aquellas compañías que Privacy International ha logrado identificar y que tienen su sede en territorio israelí. Fuera quedan otras como Narus, fundada por veteranos israelíes de la Unidad 8200 y ahora propiedad de Boeing. Su tecnología fue la que permitió que AT&T, un gigante estadounidense de las telecomunicaciones, registrara de forma masiva correos electrónicos y datos sobre el uso de internet de los ciudadanos y los compartiera con la NSA.
“Cuando investigamos para elaborar el informe no nos sorprendió demasiado el número de compañías de vigilancia en Israel”, admite Edin Omanovic, uno de los investigadores de Privacy International, a HojaDeRouter.com. “Tienen un sector militar y de seguridad altamente desarrollado. Todos los jóvenes no árabes tienen que hacer el servicio militar. Y la agencia de inteligencia, la Unidad 8200, se lleva a lo mejor del ejército”.
Las misiones de este servicio secreto, homólogo de la NSA, son la captación de señales de inteligencia y el descifrado de códigos. Es, además, la rama del Ejército israelí con mayor número de soldados. Según Omanovic, “mucha de la gente entrenada que ha estado metida en inteligencia, que aprende sobre vigilancia y ciberseguridad, da el salto a la empresa privada”. De ahí, en parte, que haya tantas compañías vinculadas con el espionaje.
La Unidad 8200 funciona, por lo tanto, como una especie de escuela para la industria de la vigilancia en Israel. Tras abandonarla, y amparados por las escasas restricciones legales que se les imponen, los veteranos fundan empresas o entran a formar parte de estas para desarrollar sistemas que venden a gobiernos de todo el mundo para espiar a sus ciudadanos.
Aunque estas empresas suelen afirmar que sus tecnologías son vitales para mantener a la población a salvo, observadores como Privacy International denuncian que sus desarrollos se emplean para socavar las libertades civiles.
Al factor de la Unidad 8200 hay que sumar la situación geopolítica de Israel. Según los expertos, el surgimiento de una industria tan potente también se debe al permanente estado de conflicto. La ocupación de Cisjordania, el este de Jerusalén y la Franja de Gaza les permite disponer de “un laboratorio para probar y afinar los productos y las diferentes tecnologías que crean”un laboratorio para probar y afinar los productos y las diferentes tecnologías que crean.
Antiguos soldados de la Unidad 8200 enviaron una carta al Primer Ministro criticando la falta de supervisión sobre los métodos de vigilancia que se empleaban con la población palestina. A juicio de estos exmilitares, la situación estaba derivando en “el control continuo de millones de personas y una inspección en profundidad invasiva con casi todas las áreas de sus vidas”.
Una exportación interesada
“Las compañías israelíes de las que tenemos conocimiento producen todo tipo de tecnología, desde herramientas de 'hacking' muy sofisticadas y capaces de penetrar ordenadores y teléfonos hasta sistemas de monitorización masiva online”, detalla Edin.
La exportación de estos sistemas tiene un doble objetivo. Por un lado, genera pingües beneficios a las empresas que luego se reinvierten, en parte, en la prolífica industria, de forma que cada vez tiene un volumen mayor. Por otro, sirven para afianzar los lazos diplomáticos con los países que los reciben.
Pero, ¿quiénes son los beneficiarios de estas tecnologías? El informe de Privacy International solo localiza una pequeña lista de países a los que Israel vende sus productos de vigilancia. Mientras Estados Unidos o Reino Unido parecen establecer contactos con regiones de todos los continentes, el país hebreo solo cuenta con unos pocos clientes confirmados.
Según las investigaciones, las compañías israelíes, algunas de las cuales ni siquiera tienen página web, han vendido tecnología de espionaje telefónico y cibernético a las policías secretas de Uzbekistán y Kazajistán y a las fuerzas de seguridad en Colombia. También han equipado a las de Trinidad y Tobago, Uganda y Nigeria. Además, distintas agencias panameñas y mexicanas han adquirido herramientas de intrusión desarrolladas por el grupo israelí NSO.
También creación de este grupo, un complejo 'software' de monitorización terminó en manos de los Emiratos Árabes Unidos y fue empleado para espiar a un activista por los derechos humanos. Al parecer, durante los últimos años se ha producido una gran transferencia de tecnología entre Israel y el país árabe, aprobada por el Gobierno pero desconocida por la ciudadanía.
Su auténtica cartera de clientes ha de ser bastante más extensa. “No sabemos más por el nivel de información al que tenemos acceso”, explica Edin. “El sistema de exportación de licencias de Estados Unidos o de Reino Unido es más transparente que el de Israel, por lo que en general podemos rastrear dónde van sus productos. Además, los medios de comunicación lo siguen más atentamente”.
En el caso de Israel, la falta de transparencia ha recibido numerosas críticas incluso a nivel interno. Una reciente propuesta de ley pretende que la exportación de cierto tipo de productos tenga que tomar en consideración los derechos humanos. Los activistas que la defendieron abiertamente mencionaban las exportaciones de Israel a Azerbayán y Sudán del Sur como ejemplo de las consecuencias que acarrean estas transacciones. Sin embargo, la presión de la industria consiguió que no se aprobara.
A pesar de lo llamativo del caso de Israel, una suerte de Silicon Valley de la cibervigilancia, otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia también venden herramientas de espionaje y cibervigilancia sin preguntarse para qué serán utilizadas.
“El problema es que los gobiernos piensan en la exportación de estas tecnologías solo en términos de si beneficia o no a sus intereses estratégicos”, lamenta Omanovic. “No tienen en cuenta consideraciones en cuanto a los derechos humanos y al impacto negativo que pueden tener sus ventas”.
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Las imágenes de este artículo son propiedad de Kristoffer Trolle (1 y 3), Global Panorama (2) y Jonathan McIntosh (4)