2023, Balears en la encrucijada

Ante la vorágine de anuncios de reducción o de supresión de impuestos por parte de los gobiernos autonómicos, como era previsible, los ejecutivos controlados por el Partido Popular proclaman las ventajas de bajar sustancialmente la presión fiscal. No nos engañemos, básicamente, a los más ricos. El truco consiste, principalmente, en tratar de robar empresas y millonarios de otras comunidades para que tributen en la suya, mientras que la reducción efectiva para las rentas medias y bajas es inapreciable. 

A consecuencia de esto, la financiación de los servicios públicos se ve mermada por la rebaja fiscal, lo que significa un menor mantenimiento de los hospitales, menos enfermeros o doctoras en la sanidad pública y menos profesores para los colegios públicos. Esto es lo que vino a decir a Palma Feijóo, jaleado por Prohens: que con ellos los que más tienen pagaran menos y que el resto pagaremos prácticamente lo mismo, y que cuando infrafinancien y desguacen nuestro sistema sanitario, el que nos cuida a todos y todas, pues quien pueda que se pague un seguro privado.

Las mentiras de la derecha con respecto a la reducción de impuestos son patológicas, y no soportan ni el más mínimo escrutinio serio. Basta comprobar mediante el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, cómo en los países con menor carga fiscal la desigualdad es mayor (EEUU, Reino Unido), y en los países con un buen sistema de fiscalidad progresiva se disfruta de la menor desigualdad del planeta (Suecia, Alemania, Dinamarca). Balears no se merece un gobierno de la derecha que aspire a convertirnos en un paraíso fiscal para que Florentino venga a instalarse en Son Vida. Con Matas, el PP ya convirtió el archipiélago en una imitación cutre del Chicago de los años 30. No se lo vamos a permitir de nuevo.

En los últimos siete años, Balears ha vivido un periodo de expansión en derechos sociales, con normas autonómicas tan importantes como la Ley de Vivienda, las leyes de Cambio Climático, LGTBI o Memoria Democrática. Se han logrado avances como el Impuesto de Turismo Sostenible o la protección de la posidonia. Frente a una crisis sanitaria catastrófica como la producida por la Covid-19, en Balears se ha priorizado la protección de las personas, reforzando e invirtiendo en la sanidad pública para salvar vidas, de manera que ante un descenso del 27% del PIB en 2020, aplicando el sentido común y usando los recursos públicos para rescatar a la gente en lugar de a los bancos, ya estamos en cifras similares a las previas a la pandemia.

Ahora Europa se encuentra ante un nuevo reto complejo. La invasión de Ucrania por Rusia ha derivado en una crisis energética sin precedentes, traduciéndose, junto con la falta de oferta producida por la crisis anterior, en una inflación desbocada. La receta de la derecha es la misma que proponen para cualquier escenario, tan previsible como poco imaginativa: bajar impuestos. En realidad, lo que hay que hacer es aumentarlos a las grandes corporaciones que están aprovechando el negocio de la guerra, como las energéticas y los bancos, y así redistribuir los recursos con el interés general como objetivo, reforzando los servicios públicos y el escudo social, que son la garantía de calidad de vida para millones de personas.

Hoy la mirada ya se desvía hacia 2023, hacia el horizonte que se perfilará después de las elecciones locales, y en Podemos tenemos muy claro que la hoja de ruta marcada debe continuar, reeditando los gobiernos de coalición que han demostrado que ante las crisis se puede y se debe seguir defendiendo el interés general. En Italia ya estamos viendo las primeras medidas que anuncia el nuevo gobierno de la derecha, eliminando las medidas de protección a los hogares más necesitados y aumentando la desigualdad. Lo mismo que el Partido Popular impondría aquí si gobernara, en lugar de implementar políticas redistributivas progresistas que brindan a la gente el apoyo de unos servicios públicos excelentes, y de impulsar un parque público de viviendas destinadas a alquiler social, que en Baleares está creciendo aunque debe hacerlo a mayor velocidad.

Proponemos consensuar un cambio de modelo turístico que consista en crear riqueza, empleos de calidad pero sin poner en riesgo la convivencia social y los recursos del territorio. La masificación desbocada de estos últimos quince años y la reforma laboral del Partido Popular solo han traído precarización de condiciones laborales y debemos revertir esta tendencia. Hay que seguir impulsando también la mejora cualitativa con la transferencia de visitantes de sol y playa a otros ámbitos, como el cultural, deportivo o gastronómico, aumentando así la regularidad de la ocupación durante todo el año.

Pero el cambio de modelo no solo tiene que ver con el turismo, debemos ir desprendiéndonos de la sobredependencia de esta actividad, que tan cara nos ha costado durante la pandemia. El modelo económico balear debe cambiar por el bien de sus habitantes. Deben ganar peso sectores productivos como la industria, el comercio, la innovación, el sector primario, la cultura o la producción energética renovable, con la atención puesta en el desarrollo humano más que en el económico, en la generación de un entorno de vida de calidad, con garantía de derechos laborales y sociales, teniendo muy claro que la emergencia climática ha venido para quedarse, y que tenemos que trabajar para revertirla y paliar sus efectos. Estamos construyendo el futuro de esta tierra desde la sostenibilidad y la justicia social, y queremos seguir haciéndolo.

Ante la vorágine de anuncios de reducción o de supresión de impuestos por parte de los gobiernos autonómicos, como era previsible, los ejecutivos controlados por el Partido Popular proclaman las ventajas de bajar sustancialmente la presión fiscal. No nos engañemos, básicamente, a los más ricos. El truco consiste, principalmente, en tratar de robar empresas y millonarios de otras comunidades para que tributen en la suya, mientras que la reducción efectiva para las rentas medias y bajas es inapreciable. 

A consecuencia de esto, la financiación de los servicios públicos se ve mermada por la rebaja fiscal, lo que significa un menor mantenimiento de los hospitales, menos enfermeros o doctoras en la sanidad pública y menos profesores para los colegios públicos. Esto es lo que vino a decir a Palma Feijóo, jaleado por Prohens: que con ellos los que más tienen pagaran menos y que el resto pagaremos prácticamente lo mismo, y que cuando infrafinancien y desguacen nuestro sistema sanitario, el que nos cuida a todos y todas, pues quien pueda que se pague un seguro privado.