El ultimátum del gobierno de volver a la mayoría anterior, mayoría simple, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la aquiescencia, más protocolaria que efectiva, de la autoridad europea ha forzado el acuerdo de renovación.
No es que el partido popular haya bajado sus exigencias, es simple y llanamente que ha visto que podría quedarse descolgado de influir en esta reforma que mantuvo amarrada, bloqueada desde 2018 (cuando tocaba la renovación), gracias a que, cuando la mayoría absoluta de Rajoy, los populares cambiaron la mayoría necesaria para la renovación, de simple a cualificada, asegurándose así que, aún en la oposición, tendrían la llave para el nombramiento del órgano director de los jueces. Y, por tanto, la potestad de nombrar a qué jueces tocaba enjuiciar tal o cual causa. Todo ello, cuando la corrupción en el PP entraba en multitud de procesos judiciales.
Por mucha alianza que tuviera el PP con el partido popular europeo, mayoría en la euro cámara, al que acudió pretendiendo confundir a los europarlamentarios asimilando la situación de la justicia en España con las injerencias y supeditación de la justicia a la política como se articuló en los mandatos de Ley y justicia en Polonia y en la actual Hungría de Orban. La vía de intermediación europea estaba ya agotada. En la Unión Europea no cuela no del autoritarismo del gobierno, y cansa. El autoritarismo está en Orban, al que Meloni va tener bien presente si no quiere sucumbir por su derecha.
En esa nueva etapa política post elecciones europeas, y con paz electoral por año y medio, salvo pirueta de algún gobierno autonómico que se mire en Ayuso cuando adelantó elecciones y le salió bien, el presidente Pedro Sánchez ha salido fortalecido. No ha sufrido penalización electoral y, por el contrario, visto que el ascenso de la ultraderecha ha sido limitado y aún más por el resultado electoral en Francia, ha ganado peso como el principal líder socialdemócrata europeo. Sin ignorar el arrollador triunfo del laborismo centrado, a lo Blair, en el Reino Unido que, a pesar de no formar parte de la Unión Europeo, enmarca un nuevo ciclo de renovación socialdemócrata en Europa.
Al primer desafío de Sánchez al PP, amenazando con renovar el CGPJ por la mayoría progresista, Feijóo ha replegado velas y ha aceptado llegar a un acuerdo que ha abierto una grieta con el PNV y Esquerra. Cuidado con el acuerdo que, según se ve, ha colado a personajes de siniestra procedencia obstruccionista de modo que los populares ganan; y, el gobierno pierde una baza al no haber exigido, que sepamos públicamente, ninguna contrapartida en moderación autonómica y con más argumento ahora que los gobiernos estarán en minoría.
Francina Armengol ya ofreció sus votos para liberar a baleares del cerrojo de Vox. ¿Querría Feijóo dar la batalla por la moderación y el centrismo político o teme que sus barones, a excepción de Juanma Moreno nombrados en la época radical juvenil de Casado, que le muevan la silla como pretendió Aguirre con Rajoy en el congreso de Valencia?
La ruptura con VOX se antoja deseada por Feijóo a la vista de los sucesivos fracasos es sus expectativas de ganar por mayoría amplia y absoluta con VOX. Núñez Feijóo hace tiempo que daría por hecho, en su marco mental, que solo gobernará con un acuerdo con los nacionalismos y para eso debe centrarse.
El paso dado con la renovación del CGPJ, y otros acuerdos que se están negociando PSOE-PP, y la actual disposición popular a entrar en la aceptación de la distribución de menores inmigrantes en las autonomías, bendición del deus ex machina, ha terminado por romper los gobiernos regionales con VOX.
El partido de ultraderecha ha perdido sus sueldos en la administración autonómica, y no parece que quiera perderlos también en los ayuntamientos, donde podría abrirse soluciones a la extremeña, o una Opa generalizada del partido popular a los miembros de Vox, como ya hiciera con conciudadanos.
En esta coyuntura inesperada el partido popular tiene todo a su favor para realizar un cambio hacia la centralidad, abandonando a sus aliados extremistas de fuera y de dentro, los que alberga en sus cenáculos de influencia, y abrazar, el centro ideológico, convirtiéndose en el partido de centro derecha español.
Consumada la ruptura con VOX, Feijóo puede sostenerse en los socialistas a condición de revertir las decisiones más conflictivas tomadas con la ultraderecha durante este año de gobiernos conjuntos. Los socialistas aceptarían dar estabilidad a los gobiernos del PP siempre que no se tocaran los grandes consensos que han estado funcionando durante décadas. Y ahí está el inteligente ofrecimiento de Francina Armengol, presidenta del Congreso y presidenta de Illes Balears en dos legislaturas, al ofrecer sus votos para que el PP balear rompiera con VOX.
España, en su conjunto, respira centrismo y progresismo y este, salvo revolución en el PP, está en el PSOE, y en las derechas nacionalistas que son, por recorrido histórico salvo anécdotas, más centristas y progresistas que el partido popular. Los nacionalismos y los independentismos de derecha están más cerca de las derechas tradicionales de nuestros vecinos europeos, donde la democracia tiene larga tradición, que de las derechas de herencia autoritaria o con orígenes en intereses de clase y confesionales, propio de las repúblicas americanas y de la historia del liberalismo doctrinario español desde el siglo XIX.
El futuro político de Feijóo, llamado de urgencia para parar a Pedro Sánchez, va ligado a que consiga impulsar un viraje al centrismo que pasa por desalojar de las cúpulas a los políticos más identificados, y ciertamente seguidores de la dinámica beligerante del periodo Casado, que son baluarte con el actual presidente popular.
Feijóo es el dueño de su destino político, y si no quiere convertirse en el próximo consumible de las probaturas de la derecha tradicional, tendrá que repensar su rol y en la significación del Partido Popular en la nueva política española; enmarcada en la realidad plurinacional del Estado que se está fortaleciendo con las legislaturas de Pedro Sánchez.
La soledad de las derechas, a la hora de trabar alianzas con otros partidos, estriba precisamente en su incapacidad ideológica para asumir la realidad plurinacional de España. Y en el cambio hacia esa transición de realismo político, que ya apuntaba la Constitución al referirse a nacionalidades y regiones, está la ley de amnistía que en su beneficio el PP debiera de aceptar, con pragmatismo e inteligencia política, desactivando las huestes judiciales.
No hace mucho tuve ocasión de intercambiar opiniones con un importante, y cada vez más influyente, dirigente del partido popular, que me reconocía que el futuro de España habría de ser federal aunque, me confesó el interlocutor, el PP todavía no está preparado. Y, sin embargo, el PP madrileño, Díaz Ayuso, va por libre y en algunas decisiones bien podría considerarse que actúa como “autonomía confederal” es decir, desde su espacio de soberanía, con serias dudas sobre su constitucionalidad enfrentándose al gobierno de Estado central y del resto de las comunidades autónomas. ¿Será Madrid la punta de lanza del federalismo en el PP?
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