Proteger la vivienda, proteger al residente

En política hay que ser valientes. Innovar para avanzar, apostar por aquello en lo que se cree. Y, también, rigurosos y serios en la gestión porque, si no, no se consiguen los objetivos. En 2018 lo fuimos cuando aprobamos una normativa pionera en el país y en Europa que no permitía el uso turístico en pisos en Palma. Se nos criticó y cuestionó, pero lo teníamos claro: era urgente y necesario proteger el acceso a la vivienda del residente frente a una actividad que empezaba a ser un serio problema en la ciudad. Las instituciones no podíamos mirar hacia otro lado, había que actuar.

En aquel momento, ideamos una zonificación que amparaba a la ciudadanía y que dejaba claro que los pisos tenían que destinarse a su único uso autorizado, el de vivienda. Una idea que convertimos en norma y que, cuando se aprobó, se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

Perdimos la primera batalla tras una sentencia que cuestionaba nuestra decisión, pero decidimos plantar cara. Y ganamos. El Tribunal Supremo nos ha dado la razón, avalando y haciendo suyos nuestros argumentos. La sentencia es clara: “Son evidentes y consistentes los motivos que alegó el ayuntamiento”, afirma.

De ahí su importancia. Deja claro que la actividad turística en pisos tiene un impacto significativo tanto en el acceso a la vivienda, porque disminuye la oferta de alquileres en la ciudad para los residentes, como en la convivencia vecinal. Además, tiene efectos significativos en el medio ambiente, el territorio, los recursos hídricos y energéticos o las infraestructuras.

Eran nuestros argumentos, que el Supremo ha respaldado, y que ahora se han convertido en un precedente y un aval judicial para otros municipios u otras comunidades autónomas. La valentía de la que hablaba al principio y la gestión seria se han convertido en norma, una norma para todo el mundo. Palma y su ciudadanía han dictado sentencia y han ganado.

Tenemos que ser igual de valientes y rigurosos para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante porque conformarse no es una opción. La suma de muchas acciones hará que el problema de vivienda en nuestra ciudad se reconduzca, unas acciones que tenemos encaminadas. En Palma se está construyendo más vivienda pública que nunca, nuestro nuevo Plan General marca que el 47 por ciento de los nuevos crecimientos urbanísticos tienen que destinarse a vivienda de protección oficial y hemos regulado toda la oferta hotelera de la ciudad para evitar que edificios de viviendas puedan transformarse en hoteles.

Hay que proteger los derechos de la mayoría social, hay que convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. Como alcalde, es en lo que creo.

En política hay que ser valientes. Innovar para avanzar, apostar por aquello en lo que se cree. Y, también, rigurosos y serios en la gestión porque, si no, no se consiguen los objetivos. En 2018 lo fuimos cuando aprobamos una normativa pionera en el país y en Europa que no permitía el uso turístico en pisos en Palma. Se nos criticó y cuestionó, pero lo teníamos claro: era urgente y necesario proteger el acceso a la vivienda del residente frente a una actividad que empezaba a ser un serio problema en la ciudad. Las instituciones no podíamos mirar hacia otro lado, había que actuar.

En aquel momento, ideamos una zonificación que amparaba a la ciudadanía y que dejaba claro que los pisos tenían que destinarse a su único uso autorizado, el de vivienda. Una idea que convertimos en norma y que, cuando se aprobó, se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.