Alquilar tu casa a turistas para vivir en una caravana: la nueva polémica de la vivienda en Ibiza

Los precios inflados del alquiler y la compra de vivienda en Eivissa han empujado a muchos residentes y trabajadores de temporada a vivir en caravanas, a pesar de que cada vez son más perseguidos por parte de las Administraciones. Ahora, la nueva polémica en torno a los residentes en caravanas ha surgido tras las acusaciones del Ayuntamiento de Eivissa, quien sostiene que existen caseros en la isla que aprovechan la temporada turística para alquilar ilegalmente su propia casa e irse a vivir a una caravana. El Consistorio desconoce el número de personas que ejercen esta actividad ilegal y sostiene que la investigación y las sanciones corresponden al departamento de intrusismo del Consell Insular, que dice estar ajeno a esta problemática.

El Ayuntamiento de Eivissa ha admitido a elDiario.es que, aunque conocen que algunos propietarios de inmuebles viven en sus caravanas o vehículos, no tienen competencias para perseguirlos, “pero los casos existen”. Dentro del término municipal, uno de los más pequeños de la pitiusa del norte, existen en estos momentos cerca de 29 asentamientos de caravanas, según datos del Consistorio. Este asegura que en ellos, además de residir algunos propietarios de casas, se ejerce el negocio con autocaravanas que son alquiladas turísticamente a personas que vienen a hacer la temporada turística, según publica Noudiari.es.

Completamente distinta es la visión del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera y de las personas que residen en caravanas por la falta de vivienda. Estas fuentes aseguran a elDiario.es que no es cierto que haya propietarios que vivan en sus vehículos porque alquilan sus viviendas, tal y como había asegurado el Ayuntamiento de Eivissa. La entidad de arrendatarias puntualiza que no es conocedora de ningún caso como este. “Aunque las condiciones económicas que sufrimos en Eivissa, con salarios totalmente insuficientes en referencia al coste de la vida en la Isla, pueden llevar a las personas tanto propietarias como arrendatarias a tener que alquilar o realquilar sus viviendas ilegalmente para poder subsistir”, explican a elDiario.es.

“Sin embargo, hay que tener en cuenta que los propietarios en España perciben el doble de ingresos que los arrendatarios”, concretan desde la entidad. “Lo que sí podemos constatar es que cada vez hay más personas viviendo en sus vehículos, y no solo en temporada, en diferentes asentamientos a lo largo y ancho de la isla. Hay que darle una solución urgente a esta situación en vez de perseguir a personas adultas que lo único que quieren es vivir y trabajar tranquilas, mientras encuentran una vivienda”, especifican fuentes del Sindicato. “La única solución es mejorar salarios y condiciones de vida, adaptadas a los precios que se dan en la isla”, insisten.

El Consell Insular no sabe nada

Por su parte, el Consistorio ha iniciado una serie de actuaciones con el objetivo de regular la cada vez más numerosa presencia de autocaravanas y ha recordado que las ordenanzas municipales, al igual que las de todos los municipios de la Isla, “no permiten acampar en ningún punto de la ciudad”. Sin embargo, “al igual que si se alquila una vivienda o un almacén de forma irregular, no es competencia municipal perseguir esto. La cuestión del alquiler de propietarios que viven en caravanas sabemos que existe, pero no investigamos sobre ello, porque es competencia del Consell Insular y no nuestra”, explican.

Estas mismas fuentes municipales especifican a elDiario.es que el organismo que tendría que ocuparse de esta problemática es el Consell Insular, gobernado también por el PP: “Los casos existen, pero no los tenemos cuantificados. Cuando el Consell Insular nos requiera algo al respecto, colaboraremos al máximo para evitar esas actividades, que en todo caso entendemos que no representan la mayoría de las situaciones duras de las personas que viven en esas caravanas. Para cuantificarlos de forma oficial, hay que realizar una labor de investigación e inspección que no corresponde a este Ayuntamiento”.

Sin embargo, el Consell Insular de Eivissa concreta a elDiario.es que no tiene conocimiento de situaciones en las que los propietarios alquilen sus viviendas mientras residen en caravanas o vehículos camperizados. “No hemos recibido estos datos”, aseguran las fuentes consultadas. Los infractores se enfrentarían a una falta administrativa tramitada por el Consell a través de los servicios de inspección de Ordenación Turística, cuyas sanciones van de los 40.000 a los 400.000 euros y que serían interpuestas por el departamento de Intrusismo de la institución insular que se ocupa del control y sanción de la vivienda turística ilegal. A la pregunta de si el Consell ha sancionado en alguna ocasión a algún propietario que viva en su caravana mientras hace negocio ilegal con su vivienda, la respuesta ha sido: “No lo sabemos”.

Medidas disuasorias, multas y falta de soluciones

Uno de los asentamientos más céntricos en la ciudad de Eivissa es el del parking disuasorio de sa Joveria, justo detrás del Hospital de can Misses, donde el Ayuntamiento ha desalojado numerosos vehículos ocupados por personas trabajadoras que no tienen otro recurso habitacional, tal y como informaba en su momento elDiario.es.

Fuentes municipales aseguran que “solo se marcaron y retiraron los vehículos que estaban en mal estado”. Sin embargo, los residentes en sa Joveria rechazan de plano estas afirmaciones puntualizando que “todas las caravanas que se encontraban en el momento que vino la Policía y los servicios sociales estaban ocupadas”. “Lo que no se puede pretender es que todos tengan vehículos nuevos”, asegura Juan (nombre ficticio para evitar represalias, ya que todas las personas que residen en el asentamiento están identificadas). Mientras, las mismas fuentes municipales añaden que “no ha habido denuncias porque los vehículos señalados fueron trasladados o retirados voluntariamente por los propietarios”, aunque según los afectados consultados “lo de voluntariamente es muy relativo”. “Si te amenazan con que te van a retirar el vehículo, ¿qué haces?”, cuentan a este diario.

Por su parte, el Consistorio especifica que es consciente del grave problema de la vivienda en toda la isla en general. “Estamos trabajando en minimizarlo con políticas y acciones diferentes a las que nos han traído hasta esta situación, pero no podemos aceptar que se extienda como válida la opción de vivir en una caravana estacionada en la vía pública”, comentan. “Eivissa no permitirá la creación de asentamientos permanentes de caravanas o furgonetas en la vía pública o en aparcamientos públicos. Eso significaría legitimar una forma de infravivienda”, explican. Sin embargo, hasta el momento ni en este municipio ni en ninguno de la isla de Eivissa existe ningún plan para gestionar este problema, con repercusiones muy importantes en la economía turística, que sufre un grave déficit de mano de obra en todos los sectores públicos y privados.

El Ayuntamiento de Eivissa dice que "no permitirá la creación de asentamientos permanentes de caravanas o furgonetas en la vía pública o en aparcamientos públicos" porque "eso significaría legitimar una forma de infravivienda

La única medida que prevé tomar el Consistorio ibicenco para evitar que se reproduzcan los asentamientos en los parkings disuasorios, que se encuentran alrededor de la ciudad, es la limitación a 72 horas para aparcar en ellos (decisión que puede afectar, y mucho, a los residentes que tienen aparcado su coche en ellos y que se verían obligados a mover su vehículo cada 3 días). Además, también habrá limitaciones de altura de vehículos en algunas zonas, aunque las fuentes municipales consultadas por elDiario.es no han especificado cuándo se tomarán estas medidas.

Decreto Ley de Emergencia Habitacional

Desde la Conselleria balear de Vivienda explican a elDiario.es que “sobre el tema de las caravanas ya se pronunció la consellera [Marta Vidal] en el Parlament”, asegurando que en ningún caso considera las caravanas como una solución habitacional. “Se trabaja en la apuesta de nuevas políticas para mejorar la situación de la ciudadanía en materia de vivienda”, concretan.

En este sentido, el Parlament ha aprobado esta semana como ley el Decreto de Emergencia Habitacional, que prevé, entre otras medidas, crecer en altura, reconvertir locales en casas o impulsar los alojamientos con espacios comunes complementarios, conocidos como colivings, “que se destinarán exclusivamente a alojamiento del personal del sector turístico”, explican desde la Conselleria de Vivienda.

“Este Govern sigue aprobando medidas encaminadas a promover la construcción de vivienda asequible, cuyos primeros efectos ya se están notando con las solicitudes de proyectos para vivienda de precio libre (VPL) y vivienda protegida (VP) en varios ayuntamientos de las islas”, concretan desde la Conselleria, mientras los asentamientos de caravanas aumentan durante todo el año tanto en Mallorca como en Eivissa.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que se trabaja para promover la salida al mercado del alquiler viviendas existentes “que favorecería igualmente a los trabajadores de temporada, como son la lucha contra la oferta de alquiler turístico ilegal, en colaboración con los Consells Insulars, con el objeto de recuperar esas viviendas para su uso residencial y otras medidas para favorecer la salida al mercado de viviendas vacías, dando seguridad a los propietarios, dado los efectos adversos que ha producido la Ley estatal de vivienda en este aspecto”, especifican.

El Decreto Ley dota a la inspección turística competente de la facultad de adoptar medidas provisionales para la paralización de la actividad ilegal en el ejercicio de las estancias turísticas en viviendas. Así, dentro del capítulo del procedimiento sancionador previsto en la Ley de Turismo, entre las medidas provisionales, se establece la clausura temporal del establecimiento o vivienda de uso turístico, según ha comunicado la Conselleria de Vivienda en nota de prensa.

El Govern asegura que desde el pasado octubre se ha puesto a disposición “de los municipios de las Islas casi 200 viviendas” (145 en Palma), número totalmente insuficiente para la problemática habitacional en estos momentos que arroja a la calle a familias enteras en activo y autóctonas de las islas, tal y como ha contado elDiario.es.

Ningún municipio de la isla de Eivissa ha solicitado al Govern la declaración de zona tensionada, primer paso para la limitación de precios del alquiler que contempla la actual legislación estatal, que permitiría tomar medidas inmediatas para parar esta espiral de aumento de precios incesante y a la que el gobierno del PP en Balears se opone frontalmente. Recordemos que un estudio en estos momentos en la isla de Eivissa no baja de 1.500 euros, tal y como hemos podido comprobar en diferentes chats de inquilinos donde se ofrece vivienda.