El Govern balear ha dado luz verde a la modificación de la Ley Balear del Juego y Apuestas, que impedirá la concesión de nuevas licencias de salas durante las próximas décadas con el objetivo principal de proteger a los colectivos más vulnerables y dar la máxima seguridad y protección jurídica a los ciudadanos.
La nueva norma, que deberá tramitarse en el Parlament, también obligará a las máquinas recreativas (tragaperras) tipo 'B' en bares y a los restaurantes a disponer de un control electrónico para comprobar que los usuarios son mayores de edad.
En rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha insistido en que la intención del Ejecutivo autonómico es dar respuesta a la proliferación de establecimientos y opciones de juego en línea y proteger, en este sentido, a los colectivos vulnerables.
El objetivo de esta planificación es, de este modo, ordenar la oferta de juego de forma acorde con una política que provea de entornos más seguros y con el fin de prevenir las externalidades negativas que esta actividad pudiera ocasionar y corregir las disfunciones que produce el desordenado crecimiento de este tipo de establecimientos.
Durante los últimos años, en respuesta a la proliferación de este tipo de establecimientos así como de las opciones de juego online, varios estamentos de la sociedad civil se han movilizado y han reclamado a las administraciones públicas autonómicas y estatales nuevos marcos reguladores para contener este incremento, proteger con mayor eficacia a los menores de edad y a los afectados por problemas derivados del juego patológico que hayan accedido a inscribirse en los registros de autoprohibidos.
“El Govern de las Illes Balears considera el juego desde una perspectiva integral de responsabilidad social, como un fenómeno complejo, en el que deben combinarse acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos negativos que de él se puedan derivar”, señalan desde el Ejecutivo.
La actuación de otras comunidades autónomas
Otras comunidades también han puesto coto a las casas de apuestas o están en vías de modificar su normativa autonómica.
Una de ellas es Euskadi, quien ha limitado el número de locales de juego, ha puesto una distancia mínima de medio kilómetro entre ellos y 150 con respecto a los centros escolares. Euskadi quiere pasar de los 209 salones de juego actuales a 170. La concesión de nuevas licencias lleva suspendida desde enero de 2020 y la medida se adoptó precisamente a la espera de la reforma de la regulación que ahora ha tomado ya forma.
En Navarra se ha aprobado en el Parlamento tomar en consideración una proposición de ley para modificar la ley foral del juego y hacerla más restrictiva. Fue presentada por los dos principales partidos que conforman el Gobierno (PSN y Geroa Bai).
Tras esta aprobación se inicia el trámite parlamentario y todavía no hay fecha para su aprobación, pero dado que en principio cuenta con el apoyo de todos los socios de Gobierno, además de EH Bildu, aunque Navarra Suma se opusiese, es de esperar que salga aprobada.
En Cantabria se aprobó en febrero un proyecto de Ley de Juego para garantizar una mejor ordenación y planificación del sector, más control de la actividad y una mayor protección de los colectivos más vulnerables (menores y personas con ludopatías).
El gobierno cántabro quiere establecer límites en relación al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como fijar un régimen de distancias mínimas entre los establecimientos entre sí y con respecto a los centros educativos y unidades de salud mental.
Unas medidas similares están vigentes en la Comunitat Valenciana, donde las salas de juego deben estar aisladas de otros establecimientos similares y a 850 metros de distancia de centros educativos. En La Rioja, el mes pasado el Parlamento regional aprobó una ley del juego que prohibirá, entre otras medidas, la instalación de máquinas de apuestas deportivas en bares. También establecerá límites a la publicidad.
Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció el pasado mes de octubre que ampliaba a seis meses más el decreto de noviembre de 2019 por el que se suspendía la posibilidad de conceder más licencia en la región para nuevos locales de juegos y casas de apuestas.