El Govern balear no impulsará ninguna rebaja ni supresión de impuestos en las islas como han planteado los ejecutivos de la Comunitat Valenciana y Andalucía, sino que otorgará ayudas directas a las familias trabajadoras, como han confirmado a elDiario.es fuentes del gabinete autonómico presidido por Francina Armengol.
Si bien el Ejecutivo balear no descarta impulsar alguna revisión fiscal en materia de deducciones -no de rebajas ni de eliminación como han formulado sendas regiones-, sí pondrá en marcha ayudas directas que verán la luz entre otoño e invierno y serán anunciadas en los próximos días, cuando el Govern termine de articularlas junto a los sindicatos y la patronal.
El Govern, señalan las mismas fuentes, continúa así apostando por mantener la actual recaudación de tributos como forma de sostener el estado de bienestar, impulsando en paralelo ayudas directas que faciliten a las familias trabajadoras hacer frente a la situación económica actual.
En concreto, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado que rebajará el IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros. El líder del Consell aprovechó este martes el debate de política general que esta semana se celebra en las Corts Valencianes para anunciar una reforma fiscal “progresista” que contrasta con aquellas que calificó como “elitistas” -en referencia a las que se llevan a cabo en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como son los casos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y, más recientemente, la anunciada hace apenas unos días por Juanma Moreno Bonilla en Andalucía-.
Se trata, anunció Puig, de “beneficiar a las familias con menos ingresos” y de “mejorar la redistribución de la riqueza y la progresividad”.
Malestar en Moncloa
No obstante, la medida ha generado cierto malestar en Moncloa en un momento en el que el PSOE se había mostrado como un bloque en contra de la competencia fiscal a la baja. El Gobierno central se había esforzado en los últimos días en hacer pedagogía de la carga impositiva bajo la premisa de que los tributos sirven para sostener el estado del bienestar. Era un marco ganador para las fuerzas progresistas, según sostenían en el Ejecutivo, que aprovechó el anuncio del presidente andaluz de bonificar el impuesto de Patrimonio para anunciar un impuesto a las grandes fortunas en el que siguen trabajando.
El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó recientemente la supresión del impuesto de Patrimonio, una medida que provocará una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación: 95 millones de euros menos del total de ingresos tributarios, que en 2020 alcanzaron los 17.261 millones. La eliminación del gravamen no formó parte ni de la campaña electoral de Moreno, el pasado junio, ni de aquel discurso de investidura.
También, sin esperar a los Presupuestos andaluces de 2023, se ha aprobado la deflactación al 4,3% de los primeros tres tramos del IRPF, “por encima de la subida de salarios que estima el Gobierno”: un 2,56% según el Ministerio de Economía, y un 4,1% según el Instituto Nacional de Estadística.
Armengol ve “inaudito” que Balears “deba pagar a los ricos de Andalucía”
Durante el pleno celebrado este martes en el Parlament balear, Armengol calificaba de “inaudito” que una comunidad autónoma “aportadora nata como Balears deba pagar a los ricos de Andalucía”, en línea de lo que ya apuntó el pasado 23 de septiembre, cuando señaló que “no le parece justo” que una comunidad autónoma “claramente receptora de recursos” --en referencia a la andaluza-- quite los impuestos a los ricos a costa de otras comunidades “claramente aportadoras” como Balears.
En declaraciones a los medios después de presidir en Palma la conferencia de presidentes junto a los máximos representantes de los Consells Insulars, la líder del Ejecutivo autonómico defendió unos mínimos “pactados y establecidos” porque es “una locura” no aplicar la “lógica aplastante” de que las políticas fiscales deben beneficiar a la mayoría.