Con la llegada de la temporada turística la situación de la vivienda se agrava en Balears porque año tras año, desde hace ya demasiado tiempo, prácticamente todo lo que se ofrece como susceptible de alquiler es turístico, hecho que es totalmente ilegal según la legislación vigente si no se dispone de una licencia de alquiler turístico que es expedida por los consells insulares. Estos son, además, los encargados de sancionar a la propiedad del inmueble o bien por su propia iniciativa, derivada de la inspección de los portales web donde se ofrecen estas viviendas o de la inspección de inmuebles denunciados por las policías locales, o bien por denuncias directas de la ciudadanía en las webs insulares oficiales. Sin embargo, las medidas que se están llevando a cabo no son suficientes, según se desprende de los balances de las instituciones implicadas en su control.
En el caso de Eivissa, donde la falta de vivienda es crítica todo el año, la presión turística de la temporada hace que la situación se agrave aún más para las personas residentes y las trabajadoras de temporada porque gran parte de la vivienda disponible se destina ilegalmente a este alquiler turístico, lo que hace que prácticamente toda la isla se convierta en un gran hotel con precios totalmente inasumibles. Esto sucede a pesar de que en varios municipios de Balears esté prohibido el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y de que a partir del mes de febrero de este año una modificación del PTI (Plan Territorial Insular) no permita en toda la isla el alquiler turístico en suelo rústico de viviendas posteriores a 1956, con lo se prohíbe de facto el uso turístico en suelo rústico, con la única excepción de las estancias en casas payesas anteriores a esta fechas en terreno denominado ANEI (Área Natural de Especial Interés), que podrán alquilarse por habitaciones con un máximo de 60 días cuando el propietario resida en ella.
Además, esta situación hace que muchas personas se vean desalojadas de las casas donde han residido durante el invierno, en su mayoría personal interino o temporal, para destinarlas a este tipo de alquiler ilegal, lo que contradice totalmente la Ley de Arrendamiento vigente, que no contempla en estos momentos alquiler de vivienda por periodos inferiores a 5 años. En otros casos, se sacan al mercado de alquiler viviendas que han permanecido vacías durante todo el año con el único objetivo de obtener un beneficio de temporada sin la necesaria licencia. Asimismo, en los casos de que estas viviendas se encuentren en edificios residenciales o plurifamiliares, la convivencia se hace totalmente imposible.
Ocho inspectores en Eivissa
Para intentar poner freno a esta situación, el Consell de Eivissa ha creado la Dirección Insular de Lucha Contra el Intrusismo, dependiente de la Conselleria de Ordenación Turística e Intrusismo, que se ocupa además de combatir la actividad del transporte ilegal, que en Eivissa es también fruto de multitud de conflictos con los que desarrollan esta labor legalmente. En concreto, en esta legislatura que ahora acaba, la máxima institución insular ha instruido 174 expedientes por viviendas turísticas ilegales frente a los 49 de la legislatura anterior, donde no se disponía del número de inspectores que hay en la actualidad, lo que ha supuesto “unos 3 millones de euros en sanciones”, según fuentes del Consell, que achacan este incremento a la creación de esta unidad específica.
La llamada Oficina de Lucha Contra el Intrusismo, dirigida por Naihara Cardona, comenzó a trabajar a finales de 2019 con 5 inspectores y 4 instructores. En la actualidad, esta plantilla se ha incrementado en 3 inspectores más, número totalmente insuficiente para una isla en la que el fraude por estos motivos campa a sus anchas, aunque desde la Dirección Insular aseguran que el objetivo “es ampliar el músculo instructor”. En estos cuatro años de gobierno insular del PP y Ciudadanos “se han retirado, prácticamente, 500 anuncios ilegales de plataformas en redes sociales”, resultado de la inspección directa a los portales de alquiler turístico, que localiza a los titulares de la propiedad, publicada en estas plataformas habitualmente con nombres falsos para no ser detectados.
Desde la institución aseguran que “el aumento de la eficacia ha venido causado por un protocolo firmado con AirBnb por el que la plataforma ha detectado decenas de perfiles anónimos que comercializaban pisos de forma ilegal y por la gran ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha sido crucial para llegar al verdadero infractor. Donde antes había anonimato en redes sociales, ahora conseguimos sus datos y sancionamos. Se acabó el anuncio anónimo”, sentencian desde el Consell.
AirBnb ha detectado decenas de perfiles anónimos que comercializaban pisos de forma ilegal. Donde antes había anonimato en redes sociales, ahora conseguimos sus datos y sancionamos. Se acabó el anuncio anónimo
Esta colaboración con AirBnb, después de que el Tribunal Europeo determinara que no se podía sancionar a la plataforma porque no era comercializadora, ha tenido un efecto disuasorio y ha hecho que el número de viviendas ofertadas en las plataformas baje significativamente. Según los datos de AIRDNA, una herramienta que ofrece información para inversores, publicados por Noudiari.es en mayo de 2022, había en las plataformas de alquiler AirBnb y Vbro 4.375 anuncios de propiedades en Eivissa y Formentera, número que bajaba significativamente respecto al año 2019, cuando en temporada alta había 7.935 alojamientos en las Pitiüses, 3.560 menos que en el pico de la temporada alta de 2019, casi un 45% menos. A día de hoy, AirBnb ofrece en su página en Eivissa “más de 1.000 alojamientos turísticos”, de los que alrededor de 100 son habitaciones, muchos de ellos en edificios plurifamiliares o residenciales, que aparecen anunciadas con total impunidad.
La también llamada Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha asegurado a varios medios de comunicación locales que recibe la mayoría de las denuncias a través de su página web. Asimismo, cada día debe haber un inspector de guardia encargado de revisar las denuncias y si procede inicia el expediente sancionador. Estos inspectores, además, pueden actuar también de oficio.
El Govern insta al Consell de Eivissa a actuar
El Consell d'Eivissa ha puesto de manifiesto a elDiario.es que desde la institución se han propuesto diferentes medidas al Govern, algunas de las cuales han sido aceptadas e incluidas en la normativa vigente, “como que se pueda inspeccionar sin identificarse previamente”. Otra de las medidas adoptadas en todo el archipiélago “fue una propuesta del Consell d'Eivissa al Govern por la que se han doblado las cuantías de las sanciones, que ahora tienen un mínimo de 40.000 hasta un máximo de 400.000 euros, cuando antes la mínima era de 20.000”, por lo que ahora “el eventual negocio ya no es tan atractivo como lo podría ser antes de esta reforma legal”. Sin embargo, desde el Consell lamentan que desde la máxima institución balear no se acepte como solución eficaz “el cierre de la actividad una vez detectada”, o lo que es lo mismo que se precinten los pisos o casas que se alquilen sin una licencia turística.
A este respecto, el conseller de Turismo, el socialista Iago Negueruela, aseguraba en el mes de febrero en declaraciones al Diario de Ibiza que “el foco se ha de poner en quien tiene las competencias de inspección, en este caso el Consell Insular, más aún si solicita un cambio normativo, este se lleva a cabo y, después, no contrata a los inspectores hasta que finaliza la temporada”, refiriéndose a que tres de las cuatro nuevas plazas de inspector que el Govern cedió al Consell de Eivissa a cuenta del traspaso de la competencia de ordenación turística al Govern, que se hizo efectivo el 1 de enero de 2022, se incorporaron a la institución insular el pasado mes de octubre. “Creo que deben ser serios”, recalcó el conseller, que aseguraba que “la norma es clara y contundente”. “Hay que actuar sobre quienes incumplan la normativa”, añadió. Además, Negueruela puntualizó que la ley no se puede cambiar cada ocho meses “cuando la última ya se hizo a propuesta del Consell” y pedía a su gobierno seriedad en su actuación frente al alquiler turístico ilegal.
Desde la máxima institución ibicenca argumentan a elDiario.es que se seguirá reclamando el precinto de los pisos como medida más efectiva. Y añaden: “Hay que seguir proponiendo reformas legales por muchos expedientes que se instruyan y multas que se pongan, para que la actuación de las Administraciones sea más rápida, como con el cierre de los pisos, e incorporar nuevas tecnologías de inteligencia artificial que detecten anuncios de forma automática. Como bien dice el Govern, los inspectores se contrataron en octubre, ya los tenemos. Si los consells tienen más plazas de inspectores derivados del traspaso de las competencias es porque fue el Consell de Eivissa el que lo pidió. La intención primera del Govern era traspasar todos los inspectores de Balears a Mallorca. Los expedientes para incorporar personal son costosos y largos y la demostración más evidente es que en octubre el único Consell Insular de Balears que había conseguido incorporar estas plazas extra había sido el de Eivissa”.
Las casas turísticas con licencia legal expedida por el Consell de Eivissa desde 2011 son 2.337, la mayoría de ellas entre 2013 y 2017. El año en el que más licencias se otorgaron fue el 2016 con 912, bajando en el 2017 a 423 y reduciéndose, muy significativamente, en los años posteriores con 3 licencias en 2018, 1 en 2019, 9 en 2020 y 5 en 2021. Además, se han interpuesto 66 expedientes sancionadores, según datos aportados por la institución.
La ciudad de Eivissa realiza un censo
Los ayuntamientos de la isla actúan también para intentar solucionar este grave problema de falta de vivienda con diferentes medidas, aunque no pueden otorgar licencias ni sancionar.
El Ayuntamiento de la Eivissa, gobernado por la coalición de PSOE y Unidas Podemos, ha optado por encargar “la elaboración de un trabajo de campo amplio para conocer cuál es la situación real de la vivienda en el municipio”. El censo de vivienda realizado por la Fundació Universitat i Empresa de les Illes Balears (FUEIB) se ha realizado durante los meses de mayo a noviembre de 2022 y ha arrojado datos muy importantes. En palabras del alcalde de la localidad, Rafa Ruiz, “ahora podemos trabajar sobre datos y no sobre percepciones, porque este fraude afecta directamente de forma muy negativa al acceso a la vivienda de la población residente y del personal de temporada de todos los sectores”.
Una de las conclusiones más destacadas del estudio es que cerca de 1.000 pisos están vacíos en Eivissa. Existen 21 particulares y 15 sociedades privadas con más de 10 pisos en la ciudad, es decir, que son grandes tenedores. El trabajo de campo se ha realizado sobre 22.579 viviendas del municipio con un 83% de respuesta. De él se desprende que un 84,5% de ellas son primeras viviendas, es decir más de 13.000 de ellas. Un 5,3% son segundas residencias, es decir más de 800, y el 1,9%, 288, son alquiladas solo durante los meses de verano a personas trabajadoras.
Cerca de 1.000 pisos están vacíos en la ciudad de Eivissa. Existen 21 particulares y 15 sociedades privadas con más de 10 pisos en la ciudad, es decir, que son grandes tenedores
El estudio ha revelado también que durante los meses de temporada alta de 2022 había 299 pisos turísticos en los barrios más céntricos de la ciudad (la Marina, Dalt Vila, es Viver y Marina Botafoc), datos que el Ayuntamiento ha trasladado al Consell para que inspeccione e interponga las sanciones que correspondan, ya que las administraciones locales no tienen competencias al respecto. Otro dato muy significativo es que las viviendas vacías, cerca de 1.000, se encuentran principalmente en la Marina, sa Penya y Dalt Vila, por lo que, según el Consistorio,“ podrían también estar funcionando como falsas viviendas turísticas”.
El segundo teniente de alcalde de la ciudad, Aitor Morrás, ha concretado que 36 propietarios tienen más de 10 viviendas, por lo que serían grandes tenedores que “acumulan 1.824 viviendas y de estas 157 están vacías”. En cuanto a los propietarios con más de 5 inmuebles son 129 que detentan la propiedad de 2.352 viviendas y de estas 355 están vacías. En cuanto al alquiler turístico, Morrás ha señalado que también se han “de tener en cuenta que a las 299 viviendas que se ofrecen como alquiler turístico en el centro, se tienen que añadir, por lo menos, las que podrían pertenecer a estos grupos, además de las 3.200 que no han querido responder a la encuesta o que no han dejado acceder a la finca”. Según el Ayuntamiento, “con esta radiografía se sabe cuál es la situación actual de la vivienda en Eivissa y dónde es necesario actuar, además de colaborar con las diferentes administraciones para mejorar el acceso a la vivienda de la población de la ciudad”.
El Ayuntamiento de Eivissa ha notificado, según explican a elDiario.es, la detección de pisos turísticos al Consell después de la realización de este censo de vivienda. “La primera notificación que envió el Ajuntament d'Eivissa al Consell fue el 19 de julio de 2022, con 129 pisos. El 21 de septiembre de 2022, se envió otra notificación con 101 nuevos pisos detectados. Posteriormente se les envió un registro con todas las viviendas turísticas detectadas, 299 en total”. Estas notificaciones cuentan con un listado completo en el que aparece la Referencia Catastral del inmueble y la dirección exacta para que el Consell pueda inspeccionarlos, recabar las pruebas necesarias y levantar actas, “si de verdad tiene voluntad en perseguir el alquiler turístico ilegal”, argumentan las mismas fuentes municipales.
Sin embargo, parece que los datos no cuadran porque en el mes de enero de 2023 desde el Consell aseguraban que solo se habían recibido 243 de esas 299 direcciones “y de estas se constata que 44 no son alquileres ilegales, sino que tienen todo en regla. ”Son viviendas con licencia vacacional“, según declaraciones de la directora insular de Intrusismo a los medios locales.
En cuanto a los demás ayuntamientos de la isla, el procedimiento es actuar a través de denuncias de la ciudadanía. La Policía Municipal se persona en la vivienda en concreto e interpone la denuncia, si es el caso, por la falta de licencia turística, que es elevada al Consell para que actúe e interponga la sanción correspondiente. Es curioso el caso de Sant Joan de Labritja, al norte de la isla, donde según el Ayuntamiento no se ha producido ninguna actuación porque “no se ha dado el caso, ni se han trasladado expedientes de denuncia por alquiler turístico ilegal de viviendas”.
La situación también es crítica en el resto de las Islas
Los mismos problemas surgen en Mallorca, donde sobre todo la ciudad de Palma sufre una subida de precios vertiginosa que procede en parte de la utilización de viviendas plurifamiliares para uso turístico ilegal y que está expulsando a las vecinas, sobre todo, de los barrios del centro de la ciudad. En este caso el Departamento de Transición, Turismo y Deportes ha elaborado un plan de choque específico para luchar contra esta oferta ilegal en la capital. “Una hoja de ruta que viene marcada por la incorporación el mes de abril de 5 inspectores al Servicio de Inspección del Consell de Mallorca”, según fuentes del Consell de Mallorca. En total, la Dirección Insular de Ordenación Turística contará a partir de ahora con 20 inspectores que “incrementan, además, sus horarios de inspección a las tardes y los fines de semana”, horarios que aprovechan los propietarios que anuncian sus viviendas en las diferentes plataformas para activar sus anuncios. Estos se desactivan en horarios de mañana que son los habituales para realizar las labores inspectoras. Esta medida que según la institución mallorquina es efectiva no se ha previsto en los protocolos de actuación de los demás consells insulares.
El plan de choque contra la oferta turística ilegal de viviendas plurifamiliares en Palma dispone de un presupuesto total de 700.000 euros. Durante 2022 se localizaron 237 viviendas en Mallorca, en su mayoría en Palma, que se publicitaban ilegalmente. “La intención de la institución insular a través de este plan de trabajo es detectar entre 800 y 1.000 solo en Palma y las sanciones como en el resto de las Islas oscilan entre los 40.001 y los 400.000 euros”, añaden.
Por su parte en Formentera, según las fuentes del Consell con las que se ha puesto en contacto este diario, se realizan inspecciones de páginas webs que ofrecen alquileres ilegales para proceder a su sanción. En lo que va de legislatura “se han realizado 64 inspecciones con 3 actas por ilegalidad y 86 informes de páginas webs”. “Además, y como actuación específica de este Consell, se han hecho 461 inspecciones de viviendas turísticas con licencia para comprobar que cumplen la normativa”, añaden. El resultado de estas actuaciones ha sido 72 expedientes sancionadores que han supuesto multas por un total de casi 241.500 euros. Por lo que compete a la inspección de viviendas irregulares, el Consell asegura que “es más difícil”, pero que a través de las webs están haciendo esta inspección. El fruto de la misma, aseguran, “es disuasorio porque las cifras van en descenso cada año”.
Al cierre de esta edición no hemos podido recopilar datos de la isla de Menorca.
Así las cosas, se hace urgente una política más efectiva para controlar el alquiler turístico ilegal, que sumado al alza de los precios por la inversión extranjera y la especulación inmobiliaria en las Islas, está suponiendo un éxodo de la población residente, y un déficit en las plantillas que merma la calidad de los servicios públicos y del sector turístico, fuente principal de la riqueza de Balears.