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Cuando hace unas dos semanas el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunció su intención de poner coto al alquiler turístico en la ciudad y prohibir nuevas licencias en cualquier tipo de vivienda, la estupefacción fue generalizada. Primero, apunta la gerente de la patronal del turismo vacacional (Habtur), Maria Gibert, porque días antes la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, había apelado a iniciar un “debate sosegado” y a tomar decisiones “en base a estudios objetivos” y no “medidas precipitadas”. Segundo, porque se hacía sin haber sido comunicado previamente ni al sector ni a sus propios compañeros de gobierno, Vox, que llegaron a acusarle de “poner en peligro” el pacto entre ambos.
El órdago de Martínez venía precedido por las protestas de diferentes entidades ciudadanas y organizaciones contra la saturación turística de Balears, incluyendo una manifestación multitudinaria que sacó a más de 10.000 personas a la calle en Mallorca para reclamar, entre otras medidas, el “derecho a una vivienda digna asequible”. Todo en una ciudad que cuenta ya con 639 viviendas turísticas legales –que suman más de 4.300 plazas- pero en la que, según el Instituto Nacional de Estadística, se comercializan un total de 1.023. Es decir, que al menos un 37,6% funcionan de manera ilegal sin contar con los permisos necesarios. “Ahora nos manifestamos bajo el lema de ‘Mallorca o Palma no es ven’ y lo cierto es que podríamos decir que sí se alquila y, en gran parte, a turistas”, plantea el catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears (UIB), Macià Blàzquez.
Por primera vez, elDiario.es ha tenido acceso a los datos concretos del Govern de esos 639 alojamientos y ha creado un listado y un mapa que no se habían hecho públicos hasta ahora, y que permiten radiografiar la realidad del Airbnb en Palma. Un fenómeno que, según el histórico de licencias oficiales, se remonta a 1985, cuando se concedió el primer permiso para un alquiler turístico en la capital balear: un apartamento ubicado en el Edificio Cormorán de Cala Major, cuya licencia sigue hoy vigente. En la actualidad, ya son siete los alquileres turísticos en dicho bloque.
El mapa refleja estrictamente los datos del Govern según su sistema de coordenadas.
A partir de entonces, el alquiler vacacional comenzó a crecer de forma lenta pero constante durante décadas: si en el año 2000 eran 18 las viviendas que se ofertaban en la ciudad, en 2014 ya sumaban 72. El gran boom llegó en los años 2016 y 2017: mientras que en el primero se concedieron 166 licencias, el número se disparó hasta las 301 al año siguiente. Es decir, se autorizó prácticamente una al día.
El gran boom llegó en los años 2016 y 2017: mientras que en el primero se concedieron 166 licencias de alquiler turístico, el número se disparó hasta las 301 al año siguiente. Es decir, se autorizó prácticamente una al día
Para Blàzquez, parte de la explicación a este estallido está en el decreto aprobado en 2017 como modificación a la Ley de Turismo y que fue conocido como Ley Barceló, en honor al entonces conseller del área, Biel Barceló. “Entre otros cambios, posibilitó que el alquiler turístico se hiciera también en plurifamiliares, además de los pareados y los unifamiliares, donde ya estaba permitido con anterioridad”, explica. En toda Mallorca se autorizaron 3.173 alojamientos en 2016 y 4.513 un año después, cuando se superaron las doce licencias diarias.
Seguramente aquellas cifras hicieron que algunas administraciones comenzaran a tomar conciencia de los peligros de una vorágine que engullía todo lo que se le ponía por delante, y que había encontrado en plataformas como Airbnb el aliado perfecto. En 2018 el Ayuntamiento de Palma decidió dar un paso al frente y prohibir el alquiler turístico en pisos. Medida que el entonces alcalde, José Hila, calificó de “pionera” en toda Europa, y que fue avalada por el Tribunal Supremo en 2023 después de un recurso de Habtur. Cinco años de espera en los que, según consta en los datos oficiales, se otorgaron 52 nuevas licencias en la capital balear.
Entre la zonificación y la gentrificación
En su sentencia, el Supremo también dio por bueno un punto clave: los informes que el Consistorio había presentado para avalar la prohibición evidenciaban “el impacto de esta actividad sobre la configuración y convivencia social en los barrios” y en “la falta de oferta de arrendamiento para la población residente”, así como los “posibles efectos significativos sobre el medio ambiente” que podía conllevar, incluyendo los recursos hídricos, el territorio o las infraestructuras. De ahí que considerara totalmente justificadas las restricciones que impuso el Ayuntamiento, vía zonificación, para otorgar nuevas licencias en barrios como Sant Jordi, Son Espanyolet o La Vileta, incluso aunque se ubicaran en viviendas unifamiliares.
Los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es revelan cómo estas autorizaciones en casas unifamiliares o pareadas se han cebado especialmente con los barrios donde existe una mayor presencia de construcciones tradicionales. Un ejemplo evidente es el crecimiento que el alquiler turístico ha tenido en Platja de Palma –donde se contabilizan 76 licencias- o barrios como Génova (44), El Molinar (36), Son Espanyolet (30) o El Terreno (22). En algunas de ellos la saturación ya se cuenta, incluso, por calles: en la de la Mare de Déu de la Bonanova ya existen nueve viviendas vacacionales, mientras que la primera línea del Molinar, la calle Vicari Joaquim Fuster, suma ocho. En tercera posición estarían la calle Dos de Maig de El Terreno con cinco alojamientos, los mismos que la calle Mortitx en el exclusivo barrio de Son Vida.
Las autorizaciones en casas unifamiliares o pareadas se han cebado especialmente con los barrios donde existe una mayor presencia de construcciones tradicionales, como Platja de Palma, Génova, El Molinar, Son Espanyolet o El Terreno
Esta expansión en los barrios demuestran que la airbnbificación va más allá del centro histórico de Palma –que cuenta con 31 viviendas turísticas legales- y ha empezado a colonizar zonas del Eixample, como Son Oliva, Foners o Pere Garau. “Y si se turistifican los barrios suburbiales ya la tenemos. Antes la gente se podía ir a vivir a Pere Garau, pero ahora ni siquiera eso. No estamos hablando de que el problema sea que no puedas ir a la playa que te gusta o que esté llena. Tampoco de que no puedas cenar con tus amigos en una terraza sin reservar. Hablamos de la vivienda y de la expulsión de vecinos”, subraya Macià Blàzquez.
Y si se turistifican los barrios suburbiales ya la tenemos. Antes la gente se podía ir a vivir a Pere Garau, pero ahora ni siquiera eso. No estamos hablando de que el problema sea que no puedas ir a la playa que te gusta o que esté llena. Tampoco de que no puedas cenar con tus amigos en una terraza sin reservar. Hablamos de la vivienda y de la expulsión de vecinos
Un negocio que ya genera empresas
Según el geógrafo, aquel boom de 2016-2017 no llegó auspiciado sólo por un cambio legislativo, sino también de discurso. Una parte de la “burguesía mallorquina de socarrel” y del sector turístico comenzó a hablar de la “prosperidad compartida” y de cómo se vendió la idea del derecho a acceder a los beneficios que generaba el turismo igual que lo hacían los hoteles. Una idea que no sólo caló, subraya el experto, sino que sirvió de excusa y justificación para el alquiler turístico.
Uno de los aspectos interesantes que pueden extraerse de los datos a los que ha accedido elDiario.es es, precisamente, quién ostenta las licencias de alquiler turístico en Palma. Una nómina de propietarios que incluye abogados, artistas, profesores, médicos, periodistas y arquitectos, pero en la que también destacan algunos nombres conocidos como los del ex director de Air Berlin para España y Portugal y expresidente de Fomento del Turismo de Mallorca, Álvaro Middelman; el director comercial del RCD Mallorca, Juan Serra; el que fuera secretario general de la Conselleria de Trabajo y Formación, Miguel José Sendín; o el regatista y amigo personal del rey Felipe VI, Eugenio Jáudenes. De hecho, el monarca es padrino de una de sus hijas.
Abogados, artistas, profesores, médicos, periodistas y arquitectos ostentan las licencias de alquiler turístico en Palma. Destacan nombres como el director comercial del RCD Mallorca, Juan Serra, o el regatista y amigo personal del rey Felipe VI, Eugenio Jáudenes
Sin embargo, pese a la abundante presencia de propietarios particulares, cada vez es más frecuente ver alojamientos en manos de empresas. De hecho, 124 de las licencias de alquiler turístico de Palma está en manos de sociedades, un 19,4% del total. Una variante que, según Blàzquez, comenzó a cobrar relevancia después de la crisis de 2008 con el auge del llamado “capitalismo de plataforma” que popularizaron y facilitaron la comercialización de este tipo de alojamientos.
También entre las empresas encontramos nombres conocidos como los de Matthias Kühn Inversiones o Alzina Living, que desde hace al menos un lustro ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Son Espanyolet por las molestias que causan las viviendas turísticas que han creado en el barrio. Sin embargo, la categoría de gran tenedor en el airbnb en Palma se la disputan otras firmas como la alemana C&P Inmobilien GMBH, Ca’n Moner de S’Arenal S.A. y Vives Brunet S.L., todas ellas propietarias y gestoras de cinco alojamientos.
124 de las licencias de alquiler turístico de Palma está en manos de sociedades, un 19,4% del total. Encontramos nombres conocidos como los de Matthias Kühn Inversiones o Alzina Living
Techo al número de plazas
“El incremento de visitantes hace necesario que tomemos medidas de contención para una gestión sostenible de la actividad turística en Palma”, aseguró el alcalde Jaime Martínez el mismo día del órdago. Su propuesta –que será presentada y debatida en la Mesa para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Balears creada recientemente por el Govern- incluye no sólo aumentar las inspecciones de los alquileres turísticos con el fin de “erradicar” los ilegales, sino también prohibir nuevas plazas en cualquier tipo de vivienda de la ciudad a través de una modificación del Plan General.
Para Gibert la medida, más allá de resultar una buena o mala idea, es “precipitada”. La gerente de Habtur destaca que la “mayoría” de alquileres turísticos de la capital balear son unifamiliares “que no son susceptibles de poner en alquiler a un precio razonable”, por lo que considera que los efectos sobre el acceso a la vivienda no son tan graves. “Nos sorprende que el alcalde no diga nada de los hoteles, cuando tienen cerca de 44.000 plazas en Palma, ni de los 30.000 pisos vacíos que en campaña decía que había en la ciudad. Los alquileres turísticos ilegales existen, pero ya te digo que no hay 30.000”, asegura.