Es uno de los mantras más repetidos por los partidos conservadores y por la ultraderecha: la reducción y recorte de impuestos, junto a la flexibilización de los factores de producción, impulsan el crecimiento de la actividad económica y, con ello, el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, numerosos estudios determinan que no es así y citan como ejemplos más flagrantes de ello las políticas impulsadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, artífices de la “revolución conservadora” de los años ochenta traducida en la desregulación económica, la limitación del papel de los sindicatos, el fuerte incremento del paro y la privatización de empresas.
En Balears, el nuevo Govern del PP -aupado gracias al apoyo de Vox- ha decidido, a riesgo de reducir el escudo social desplegado tanto a nivel estatal como regional en los últimos años y de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que el nuevo Ejecutivo presidido por Marga Prohens ha aprobado vía decreto de urgencia apenas seis días antes de las elecciones generales del próximo domingo.
El archipiélago se suma así a los recortes iniciados en su día por Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia. El tributo que grava las herencias, ya ampliamente bonificado en toda España, y el que hace lo propio con las propiedades de los más ricos, se han convertido en el fetiche de una batalla fiscal que se viene produciendo desde hace años y cuya rebaja beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.
A lo largo de estas últimas semanas, Prohens ha insistido en varias ocasiones en que esta medida “beneficia a todos”: “Llegará a gente normal y corriente que está esperando la supresión de una vez por todas de un impuesto injusto, que castiga a quien ha trabajado, a quien ha estudiado y a quien ha guardado unos ahorros. Esto no va de ricos y pobres”, expuso este martes tras anunciar la eliminación del tributo para que, como ya manifestó en su discurso de investidura: “Nunca más ninguna familia pague por el fruto de toda una vida de trabajo y esfuerzo de sus padres y abuelos”.
Sin embargo, la eliminación prevé beneficiar a las rentas más elevadas debido a su amplio carácter progresivo: el tipo impositivo que se aplica a las herencias inferiores a los 700.000 euros se sitúa en el 1%, un porcentaje que se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de cuatro millones.
En concreto, la supresión abarca las herencias entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios, mientras que, en el caso de las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos, la reducción será del 50% si no hay descendientes y del 25% si los hubiera. La eliminación parcial del gravamen supondrá una importante merma de ingresos para la Comunidad Autónoma que los populares estiman en 60 millones de euros, cuando lo recaudado en 2022 a través de este tributo ascendió a 124 millones de euros.
Balears dejará de recibir 60 millones de euros tras la eliminación del impuesto. Los más beneficiados, los ricos, ya que las herencias inferiores a los 700.000 euros tan sólo pagaban un 1%
Fiarlo todo a unos ingresos temporales
La iniciativa ha sido adoptada, además, en contra de las advertencias efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas. En uno de sus últimos informes, el organismo insta a Balears a evitar reducciones de ingresos e incrementos de gasto aprovechando la recuperación actual de su economía -el archipiélago contempla cerrar 2023 con un superávit del 0,4%- y el incremento temporal de ingresos que prevé producirse en virtud de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022.
Es decir, parte de la recaudación con la que la Comunidad Autónoma contará en 2024 será de carácter transitorio y no estructural, una circunstancia que, aunque suponga alcanzar provisionalmente una situación de superávit, no debe empujar al Govern -como recomienda la Airef- a recortar impuestos ni a fiar su política fiscal sobre unas cuentas sostenidas sobre fondos más volubles. El organismo evaluador advierte así del “riesgo” de que Balears, entre otras comunidades autónomas, elabore sus cuentas “con la única limitación del equilibrio presupuestario” y “sin tener en cuenta” que parte de los ingresos del próximo año serán temporales, con el añadido de que aún no se ha fijado una tasa de referencia para la regla de gasto.
“A medio plazo habrá recortes”
“Temporalmente se podrá maquillar, pero a medio plazo abocará a recortes”, advierte en este sentido la exconsellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern balear Rosario Sánchez. En declaraciones a elDiario.es, Sánchez subraya que, además de las liquidaciones del sistema de financiación, durante los últimos años se ha incrementado con creces la recaudación en favor de las arcas públicas debido a que “hay mucho dinero en el mercado inmobiliario, cuyos precios son muy altos”, si bien advierte de que este dinamismo es de carácter transitorio.
En línea con lo apuntado por la Airef, la exconsellera socialista alude al “riesgo” de aprovechar un margen fiscal temporal para bajar impuestos dado que, vaticina, las dificultades para sostener el gasto estructural en dependencia, sanidad y educación van a ser mayores.
“Siendo una medida estructural no se ha informado sobre cómo va a afectar a la sostenibilidad de las cuentas como establece la ley de finanzas”, abunda Sánchez, quien, frente a las cifras ofrecidas por Prohens, precisa eliminar el gravamen casi en la totalidad puede suponer un coste anual de 100 millones. “Ellos hablan de 60 millones sin especificar en qué periodo”, añade. Asimismo, considera que se trata de una medida regresiva que “beneficia más a los mas riscos, quienes se ahorrarán más porque la tarifa es muy progresiva. Además, la vivienda habitual ya no tributaba y los negocios tenían una reducción del 95%”.
Las instituciones abogan por subir impuestos a los ricos
Por otro lado, el PP ha aprobado la supresión en un momento en el que todas las instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España al Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido del riesgo de bajar impuestos y abogan, además, por incrementar los gravámenes a las grandes fortunas y a las empresas que más se han beneficiado de la inflación -principalmente, los bancos y las energéticas-.
Sobre ello, el catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera considera “un error tremendo ponerse a bajar impuestos en una coyuntura como la actual”. “Es un error que no recomienda absolutamente ninguna institución”, añade. El también exconseller de Economía, Hacienda e Innovación del Ejecutivo balear recrimina, además, que la supresión del Impuesto de Donaciones es una medida de perfil “netamente populista” que pretende, “a las puertas de unas elecciones generales, dar a entender que se cumple con un programa y sin que haya habido un estudio técnico preciso sobre ello”.
“No sabemos con qué parámetros se ha medido esto, con qué bases estadísticas. Es una manera de decir: 'Bueno, nosotros cumplimos a los diez días de entrar en el gobierno', pero eso implica unas consecuencias presupuestarias y la prueba del algodón se producirá en septiembre, cuando comiencen a elaborarse las cuentas del próximo año”, incide.
“Cada euro que se gasta se tiene que ingresar”
“Cada euro que se gasta es un euro que se tiene que ingresar. Es una premisa fundamental. Y ese ingreso o lo haces por la vía de los impuestos, por la vía de la deuda o por la vía del crecimiento”, recalca Manera, quien asevera que en la actual coyuntura de “enorme incertidumbre, sobre todo en Europa, donde hay países en recesión como Alemania”, eliminar o bajar impuestos “es un ejercicio muy poco razonable”. “Hacer esto ahora significa que habrá que tocar los gastos y recortar las inversiones en sanidad, educación, servicios sociales o infraestructuras”, abunda.
El economista apunta, además, a la dificultad de mantener inalterable el gasto social con un recorte de impuestos, máxime en un país en el que la presión fiscal se encuentra varios puntos por debajo de la media europea, refutando con ello lo propugnado por la denominada curva de Laffer, instrumento teórico no demostrado empíricamente que justifica que bajar impuestos redundaría en un incremento de la recaudación para las arcas públicas. No en vano, Manera asevera que el mayor déficit público de la economía norteamericana se produjo con Ronald Reagan bajo las recetas de contracción de impuestos a los más ricos con la presunción de que ese ahorro tributario incrementaría las inversiones y, por ende, la ocupación y el crecimiento económico.
Estudios de los economistas Thomas Piketty y Branko Milanovic determinan sin embargo que tales medidas, impulsadas también en Reino Unido bajo el mandato de Margaret Thatcher, se tradujeron en una caída del crecimiento económico, en un fuerte aumento del paro y en un incremento de la desigualdad. Por el contrario, el mayor crecimiento económico, firme y sostenido se produjo en una fase histórica –de 1950 a 1980– en la que los tipos fiscales para las rentas más elevadas eran superiores -al 80% en los casos de Estados Unidos y Gran Bretaña-.
“Cuando políticos conservadores dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa, formulada para un consumo electoralista”, exponen Manera y los también economistas Ferran Navinés y Miquel Quetglas en su estudio Bajar impuestos no asegura el crecimiento económico, en el que apuntan, de hecho, que a lo largo del periodo comprendido entre 2010 y 2019, Balears fue la Comunidad Autónoma cuya economía creció en mayor proporción (+18,6%) y la que más vio incrementada su carga fiscal, con un 9,2%, sólo superada en este aspecto por Canarias (+36,3%) y Euskadi (+26,2%).