El secretario general de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Rubén Castro, ha subrayado este miércoles, durante la jornada de debate y reflexión dedicada al turismo que celebra este miércoles elDiario.es bajo el lema ‘Todo un país de turismo II. Destinos en transformación’, que la Ley Turística aprobada en 2022 en Balears es “la primera que pone en el centro del turismo a los trabajadores, el principal valor del sector”. En este sentido, ha destacado, como “símbolo” que refleja este avance, la sustitución de las 300.000 camas del sector por camas elevables con el objetivo de facilitar las condiciones laborales de las camareras de piso.
Durante la mesa redonda titulada 'El reto de la sostenibilidad', moderada por la directora de la delegación balear de elDiario.es, Angy Galvín, Castro ha apelado a la “gran ayuda” que han supuesto los fondos europeos en la puesta en marcha de la normativa turística y que “de nada habrían servido sin una estrategia de futuro planteada”, algo que, ha aseverado, Balears “tiene claro desde 2015”.
Acompañado en el acto por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, y María Velasco González, asesora del gabinete del Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Castro ha repasado los cuatro ejes en torno a los cuales pivota la Ley Turística: social, medioambiental, territorial y de modernización, haciendo especial hincapié en la mejora de la salud de las más de 20.000 camareras de piso de las islas con la implementación de las nuevas medidas contempladas por la normativa. “Como Administración pública debemos a nuestra gente lo que nos aporta como sociedad”, ha recalcado el secretario general, haciendo mención al estudio de cargas de trabajo previsto en el nuevo convenio de hostelería del archipiélago, aprobado el pasado mes de febrero.
Respecto al eje medioambiental, Castro ha enfatizado que Balears “se adelanta de nuevo” al fijar la obligación de elaborar un plan de circularidad aplicada al sector turístico con indicadores que evalúan el agua que se consume, el uso de energías renovables o los residuos generados. Asimismo, en relación al eje territorial, ha aludido a la congelación de las plazas turísticas durante cuatro años, un aspecto que, ha señalado, lejos de “hundir” la economía de las islas y provocar la “destrucción” de puestos de trabajo como “algunos nos tachaban”, ha permitido que el PIB balear “haya crecido más que nunca, con pleno empleo y ocupación” durante la pasada temporada turística. Finalmente, ha destacado la adaptación de la clasificación hotelera del sector a las nuevas exigencias, permitiendo, entre otros aspectos, la ampliación en superficie de los establecimientos hoteleros a cambio de reducir plazas turísticas.
“Avanzamos hacia un turismo de calidad, no de cantidad”, ha incidido Castro durante su intervención, en la que ha calificado de “decisión valiente” la introducción de todos estos avances en la Ley turística.
Del mismo modo, los participantes en la mesa redonda han sido interpelados sobre la aprobación de tasas e impuestos en aras a que estos puedan revertir en el impulso de medidas de de turismo sostenible. Sobre ello, Castro ha aseverado que en Balears ya no se debate sobre la necesidad de si debe haber o no una tasa turística, puesto que ésta -materializada en 2016 con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)- se ha convertido “no en un elemento aislado” sino en “un elemento dentro de una estrategia de gobierno de hacia dónde queremos que camine la sociedad y hacia dónde conducir el turismo en Balears”.
El director general ha recalcado que, en las islas, el turismo “tiene futuro pero hay que visualizarlo desde una perspectiva más integral, con sostenibilidad. El turismo es un elemento tractor que debe permitir impulsar otros sectores económicos, ser protector del territorio y ayudar a regenerarlo. Tiene que ser inclusivo con la gente, nuestro principal valor, y no convertir las islas en parques temáticos”.
En este sentido, ha augurado que el turismo no tendrá futuro “sino como elemento de transformación de la sociedad, contribuyendo a una redistribución mucho más justa de la riqueza”. Sobre ello, la asesora del gabinete del Secretario de Estado de Turismo ha incidido en que “es verdad que el turismo es una actividad maravillosa, una actividad muy joven ligada a las vacaciones remuneradas y que ha crecido desde un modelo que hay que replantear hacia una sostenibilidad medioambiental, pero también económica y social. Transformar un modelo no es una cuestión sencilla”, ha remarcado.
Por otro lado, Castro ha destacado cómo, en Balears, la reforma laboral “ha cambiado el paradigma de las relaciones laborales”. Según ha señalado, antes de la reforma un 80% de los contratos en temporada alta eran temporales y el 20%, fijos discontinuos, unas cifras que tras la modificación “se han invertido por completo”. “Creo que esto tiene un valor social innegable. Hay que dignificar los derechos de los más de 200.000 trabajadores que viven del turismo, permitiendo una temporada más extensa de trabajo, dando estabilidad a sus vidas, que los jóvenes puedan comenzar a pensar en un proyecto de vida y haciendo hincapié en la vertiente de género para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres”. Castro también ha aludido a los beneficios para las propias empresas, dado que “ante la falta de trabajadores” que han acusado en anteriores temporadas, “tendrán la garantía de disponer de personal más cualificado y formado desde el punto de vista de la salud laboral, puesto que la mayor siniestralidad se produce en entornos con más contratos temporales”.
Mientras tanto, respecto a la situación del alquiler vacacional en Balears, el director general ha recordado que el Govern procedió en 2017 a regular los alojamientos turísticos de las islas y de las viviendas comercializadas turísticamente, mientras que el Ajuntament de Palma hizo lo propio con la prohibición del alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares, una medida que avaló el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. Con todo, Castro ha apelado a la necesidad de impulsar una legislación europea que exija obligaciones a las plataformas que comercializan alquileres ilegales. “Si no, no tendremos recursos suficientes para ir detrás de cada propietario”, ha enfatizado.
Velasco, por su parte, ha manifestado que “uno de los desafíos para el conjunto del país es el desarrollo de la economía colaborativa y de un nuevo tipo de alojamiento que choca frontalmente con el problema de la vivienda”. “Se trata de un desafío monumental que afecta a países receptores del turismo como España. Nuestra postura pasa por reconocer que son las Comunidades Autónomas y las ciudades las que están tomando decisiones y coordinarnos con ellas para afrontar uno de los grandes retos dirigidos a evitar una problemática que se puede desbordar”.