La coordinadora de Podemos en Balears, Antònia Jover, ha pedido este miércoles al Estado que permita a Balears restringir la compra de vivienda a no residentes. “Se puede hacer si hay voluntad política”, ha afirmado.
La formación morada ha presentado este miércoles la primera parte del estudio que se ha encargado al Observatorio DESC, de Barcelona, sobre la situación de la vivienda en Balears y la posibilidad de limitar la compra de vivienda solo a personas residentes en las islas.
“Hemos escuchado demasiadas veces que esto no se puede hacer. Hoy venimos a explicar que sí, se puede. El Observatorio DESC es uno de los espacios de referencia en nuestro país en materia de vivienda, y hoy, con la presentación de la primera parte de este informe, damos un mensaje de esperanza a la sociedad: la limitación de la compra de viviendas a no residentes es posible si hay voluntad política”.
La coordinadora ha añadido que hay un “camino jurídico” que comienza porque primero el Estado habilite a la comunidad autónoma.
Antònia Jover ha admitido, además, que las políticas progresistas en materia de vivienda no han conseguido poner freno al incremento de los precios en los últimos años. “Es evidente que no se ha conseguido frenar la problemática del acceso a la vivienda, por eso se tienen que poner en marcha otras iniciativas”, ha defendido.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos (UP), Gloria Santiago, ha señalado solo en Balears hay 500 personas con más de 50 viviendas a su nombre.
“A quienes han atormentado el mercado de la vivienda exprimiendo hasta el último euro a la clase baja y media de esta sociedad, hoy advertimos que las casas están para vivir, no para especular”, ha afirmado Santiago. “Mientras hay gente con diez viviendas, otras no pueden independizarse ni permitirse siquiera la entrada de la hipoteca”, ha añadido.
La 'excepción balear'
La propuesta del Observatorio, según han explicado en una nota de prensa, se centra en llevar a cabo una 'excepción balear' para encarar el problema urgente de la vivienda así como se llevó a cabo una 'excepción ibérica' desde Europa para regular los precios del gas.
Alfredo Palomera y Miguel Ruiz, por parte del Observatorio, han explicado que de 2020 a 2021 las compras de suelo han aumentado un 100 por cien.
Según han añadido, la compra de suelos por parte de no residentes ha aumentado un 93 por ciento y el valor medio del precio de compra en Balears es el más alto de toda España, 408.173 euros. De 2019 a 2022, este precio se ha incrementado un 75 por ciento, se sitúa más de dos veces por encima de la media del Estado.
Una de las conclusiones sobre este diagnóstico es que Balears tiene unas lógicas de mercado de la vivienda diferentes al resto del país, hecho que hace que Balears parezca un territorio “exógeno” a la realidad española en cuanto a la vivienda.
Lo que se deduce de estos datos, han afirmado, es que no es la nacionalidad de los compradores lo que explica el problema de inaccesibilidad a estos precios, sino al alto poder adquisitivo de los compradores, que no residen aquí.
Además, en todos los municipios de las islas entre 2015 y 2020 el precio del alquiler ha subido, exceptuando un solo municipio, entre un 10 y un 40 por ciento.
Los investigadores han comparado los datos de la encuesta de condiciones de vida de los hogares de Balears con los topes establecidos para poder acceder a una vivienda de protección oficial y han constatado que el 81 por ciento de los hogares de Balears podría acceder a una vivienda protegida.
“Si pensamos en una vivienda de protección de régimen especial, se trata de un 40 por ciento de los hogares. Esta población tiene que encarar un mercado con un panorama que está pensado para personas externas a Balears”, han explicado.
En cuanto al hecho de que el derecho de la Unión Europea podría ser un problema, el estudio demuestra, han indicado, que sí que hay una puerta jurídica que permitiría regular la compra de vivienda por parte de no residentes en Balears.
Según han apuntado, se han analizado más de una docena de casos similares y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a su juicio, es “muy claro”. A su juicio, explica que este tipo de medidas son compatibles con el derecho de la Unión Europea siempre y cuando sean necesarias, proporcionadas y que haya razones de interés general.