Las Illes Balears son, junto a la Comunidad de Madrid, la región con la vivienda más cara de España (tanto nueva como de segunda mano), según se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el tercer trimestre de 2022. En cuanto al alquiler, no hay datos actualizados por el INE -los más recientes se refieren a 2020-, pero en Balears, los elevados precios del mercado continúan expulsando a la población local, como demuestra la proliferación de gente que vive en autocaravanas. Este fenómeno se da en todo el archipiélago balear, especialmente, durante la temporada turística.
Ante esta situación, a la espera de la aprobación de la Ley de Vivienda estatal (que solo prevé la fijación de topes en el alquiler en zonas tensionadas y para los grandes tenedores de vivienda -aquellos que tienen más de diez inmuebles en propiedad-), la política del Govern balear en la última legislatura ha ido encaminada a aumentar el parque de vivienda de protección. Unas viviendas que, de acuerdo a los objetivos que establece la Ley de Cambio Climático, son construidas siguiendo parámetros de eficiencia energética.
En este sentido, se han construido 261 nuevas viviendas públicas en el periodo 2019-2023; 103 han sido adquiridas mediante el derecho de tanteo y retracto; 16 han sido expropiadas a grandes tenedores durante siete años y han ido destinadas al alquiler de jóvenes menores de 35 años (ocho en Menorca, cinco en Eivissa y tres en Mallorca) y 39 han sido llevadas a cabo mediante la colaboración público-privada, según datos que la Conselleria de Vivienda ha facilitado a elDiario.es.
Por otro lado, hay 509 viviendas de protección en construcción; 135 que están en fase de licitación; 77 en el periodo de redacción del proyecto (24 en Peguera, ocho en Sa Pobla, diez en Sencelles -todos ellos municipios de Mallorca- y 35 en Alaior -Menorca-) y 136 para futuras promociones en las que ya se consta de un presupuesto y firmas de protocolos y convenios para su ejecución (70 en Palma y 66 en ca n’Escandell, Eivissa), según los mismos datos. Si se ejecutan los proyectos que están, en estos momentos, en diferentes vías de tramitación, se alcanzarán las 1276 viviendas protegidas.
Viena como ‘modelo’
Todas las promociones de vivienda pública que impulsa el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) en la actualidad son en régimen de alquiler. “A partir de 2002, y sobre todo, a partir de 2008 –con la crisis-, la tendencia es cada vez más hacia el alquiler” explica a elDiario.es Cristina Ballester, directora general de Vivienda y Arquitectura, que cita Viena -donde más del 60% del parque de vivienda es público o sin fines de lucro- como el modelo a seguir.
Respecto a los 261 pisos construidos a través de 16 promociones, el Govern remarca las dificultades con las que se ha encontrado para desplegar su política. Entre los mayores escollos, el Ejecutivo destaca los problemas que hubo en la cadena de suministros a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como el aumento de precios derivado de la inflación y la crisis generada por la guerra de Ucrania.
El Govern ha invertido, en lo que se refiere a la adquisición de viviendas en el mercado inmobiliario, 12,4 millones de euros en 103 pisos: 93 en Mallorca, seis en Menorca y cuatro en Eivissa. De ellas, la mitad (52) han sido compradas a grandes tenedores y la otra mitad (51) a propietarios que tienen viviendas protegidas fruto de la colaboración público-privada. Por otro lado, hay 135 que están en fase de licitación: 60 en Eivissa, 46 en Menorca (35 en Es Castell y 11 en Sant Lluís), 17 viviendas dotacionales en Formentera (son pisos que una misma persona, pareja o familia puede ocupar durante un máximo de 35 años) y 12 en Mallorca (diez en Santa Margalida y dos pisos rehabilitados en Artà).
El alquiler turístico ilegal es uno de los problemas más graves que tiene Balears -porque actúa como elemento de gentrificación de las ciudades, aumentando el precio del metro cuadrado, y en algunos casos, causando problemas de convivencia con la población local-. Recientemente, el Tribunal Supremo le dio la razón al Ajuntament de Palma -donde hay un gobierno de coalición progresista, igual que en el Govern-, avalando que el Consistorio pueda prohibir en la ciudad los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares -un modelo que ya se aplica en el caso de Eivissa-.
De este modo, el Alto Tribunal aceptaba el recurso presentado por la corporación local contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que en septiembre de 2021 anulaba la prohibición acordada en 2018 y recurrida después por Habtur, la patronal del alquiler turístico. “Creemos que el problema del acceso a la vivienda es un problema mundial, que en Balears se agrava todavía más por la condición de territorio insular, entre otras cosas, porque es un lugar más turístico”, apunta Ballester. “Es un lugar con mucha demanda, más allá de la residencia habitual, sino también de segunda residencia”, afirma la directora general de Vivienda.
De hecho, más del 50% del mercado de compra de vivienda en el archipiélago balear está copado por capital extranjero (encabezado en Menorca por compradores franceses). Estos datos han llevado al Parlament a debatir restricciones en la compra de casas y pisos por parte de extranjeros. El 21 de febrero se aprobó en el hemiciclo una Proposición No de Ley (PNL), a iniciativa de Unides Podem, que insta al Ejecutivo autonómico a estudiar dicha restricción. El PSIB-PSOE votó finalmente a favor, después de haber pactado con sus socios de gobierno -Unides Podem- una enmienda para que se busque su posible encaje legal en la normativa estatal y europea.
El conseller de Turismo y Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela (PSOE), explicó en una entrevista en elDiario.es Balears, preguntado por esta cuestión, que “lo más importante ahora es que se apruebe la Ley de Vivienda a nivel estatal y desarrollar los instrumentos que tenemos, porque sabemos que cualquier otra medida tardará mucho tiempo en llegar”. Negueruela dejó entrever las dificultades que se encontrará el Ejecutivo que salga tras las elecciones de mayo que quiera implementar tal medida. “Habría que modificar la normativa estatal y europea y necesitamos que se aprueben medidas que nos permitan entrar ya en las zonas tensionada de nuestras islas. Después, sí, estaremos a favor de los debates que se tengan que abrir y desarrollar en los próximos años”, aseguró.
Una política a largo plazo
En cuanto a la política de vivienda pública, Ballester espera que no cambie -esté quien esté en el Govern después de las elecciones de mayo- y recuerda que en la capital austriaca hay consenso entre progresistas y liberal-conservadores. “Hay que entender que se tiene que proteger una parte importante de la vivienda, porque es la manera más directa de poder intervenir y regular el precio en los mercados”, destaca Ballester, que se apoya en el economista Richard Musgrave. “Él entendía que bienes preferentes como la vivienda se tienen que impulsar desde lo público (para que haya abastecimiento para la gente que lo demanda)”, sostiene.
Es un modelo que hay que desarrollar a largo plazo, aclara. “No es un modelo cortoplacista porque las viviendas no se hacen en dos días”, reconoce Ballester. La directora general de Vivienda pone de relieve que, pese a la crisis de suministros que afectaba a la llegada de materiales y la subida de precios por la inflación, el Govern ha conseguido “acortar plazos”. “Constantemente, buscamos fórmulas para construir más rápido”, insiste.
La política actual de la Conselleria de Vivienda es que las promociones de vivienda pública que se construyen sean en régimen de alquiler y queden protegidas de forma indefinida. Se aplica así porque, con el paso de los años, históricamente, las viviendas iban perdiendo calificación hasta que terminaban pasando al mercado privado. “Históricamente se ha protegido desde 10 hasta 50 años, siendo la media de 30 años. Por eso decimos que es sumamente importante que esta política proteja para siempre, tanto si se impulsa desde lo público (IBAVI) como desde lo privado”, destaca Ballester.
Esta es una manera de evitar que acabe terminando en manos del mercado especulativo vivienda protegida financiada desde las administraciones públicas, como pasó durante el mandato del PP de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. En 2013, 1.806 viviendas sociales fueron vendidas al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En el caso de Balears, actualmente, quedan 14.265 pisos protegidos, según datos de la Conselleria de Vivienda. “Desde 1979 -primer año en que se tiene constancia de la construcción de viviendas de protección- el número podría ser el doble”, añade Ballester. Actualmente, hay más de 4.000 personas apuntadas en las listas del IBAVI.