La investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears

El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó caducar la reclamación.

Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa. 

La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE) saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga Prohens (PP).

El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.

Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.

Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.

Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares. 

Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento. 

Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”.

Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.

El “intermediador” Jacobo Pombo

Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten “concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales. Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado enero. 

El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión habrían “surtido efecto”.