El ciclo político que se inició en 2015 con los denominados ‘ayuntamientos del cambio’ tuvo su réplica también en Eivissa, la más conservadora de las cuatro islas que forman el archipiélago balear –de hecho, el PP ha arrasado en esta isla en las elecciones de este domingo–. Uno de los ayuntamientos que experimentó esta mutación fue el de Sant Antoni de Portmany, situado en la zona oeste de la isla, donde por primera vez hubo un gobierno socialista, gracias a una coalición.
No fue una legislatura sencilla por muchas razones. Pero tal vez una de las representantes de aquel Ejecutivo que peor lo pasó fue Aída Alcaraz, concejala de Gobernación, debido al calvario judicial al que estuvo sometida, denunciada por un supuesto delito de acoso laboral por parte de Javier Verdugo, entonces jefe de la Policía Local. Alcaraz fue denunciada porque el Ajuntament denegó a Verdugo privilegios de los que gozaba y por pedirle explicaciones por unos sobres con dinero encontrados en su despacho, entre otras cuestiones. El policía está siendo investigado ahora por un presunto delito de denuncia falsa, confirman a elDiario.es fuentes cercanas a la exconcejala de Gobernación.
Sobres con dinero de multas
El hecho más “escandaloso” que probaría esta actitud de “acoso y derribo” –que nunca ha sido acreditada– de Alcaraz contra Verdugo, según la versión de este último, es que el 12 de febrero de 2016 la concejala de Gobernación se presentó en su lugar de trabajo para hacer referencia a unos sobres de dinero que se encontraban en su armario, en presencia de agentes y administrativos. Este dinero estaba pendiente de ser ingresado una vez que se hubiese facilitado al jefe de la Policía Local el mecanismo para ello, según el testimonio de Verdugo, algo que habría pedido en repetidas ocasiones a Tesorería.
Aída Alcaraz declaró que ese día, buscando material en un armario, encontró una caja de folios que contenía en su interior bolsas de plástico transparente con dinero y denuncias que provienen de aprehensiones hechas a los vendedores ambulantes durante los años 2013, 2014 y 2015. La mayor parte de estas denuncias eran originales, por lo que no habían llegado a los servicios jurídicos del Ajuntament para ser tramitados los correspondientes expedientes sancionadores. La mayoría de las denuncias estaban prescritas, por lo que Alcaraz pidió a Secretaría del Consistorio que levantara acta; a Tesorería que hiciera un recuento del dinero; a Verdugo y a dos policías locales que hicieran de testigos y al propio Jefe de la Policía Local que hiciera un informe sobre este hecho.
Verdugo fue sancionado por ello, según la documentación que se presentó en la causa, lo cual fue descrito como una irregularidad en la sentencia. “Quien comete una irregularidad ya se humilla él solo con su conducta y no es admisible que se culpe a otro de lo que uno mismo ha realizado indebidamente”, destaca la magistrada. Al jefe de la Policía Local se le abrió otro expediente sancionador –por parte de Alcaldía, no de Gobernación, tal como declaró el alcalde, Josep Tur– tras comprobar, a través de la Delegación del Gobierno, que no había autorización por parte del Ministerio para que funcionara la Unidad de Paisano entre noviembre de 2014 y junio de 2016, en contra de lo que Verdugo había afirmado. A la vista de esta nueva irregularidad, el Ajuntament incoó expediente disciplinario.
El policía fue sancionado por dejar guardados en su despacho sobres con dinero procedentes de aprehensiones hechas a vendedores ambulantes. No informó a los servicios jurídicos para que se tramitaran las sanciones y las denuncias terminaron prescribiendo
“Había unas dinámicas [en la Policía Local] que llevaban instauradas desde siempre y que las había permitido el PP en Sant Antoni. Nosotros no aceptábamos situaciones como los sobres que se narran en la sentencia”, explica a elDiario.es Aída Alcaraz (PSOE), exconcejala de Gobernación, la primera mujer en ocupar este cargo en el Consistorio portmanyí. Un hecho que, según ella, perjudicó al equipo de gobierno debido a la cultura machista que impera en la sociedad.
“Creo que todo se agrava en el momento en que una mujer joven, en un gobierno de izquierdas, tiene que gestionar la policía y lo hace con claridad, transparencia y eficacia”, afirma Alcaraz, quien apunta a que en dos décadas de trabajo en el sector privado, gestionando personal laboral, nunca se había encontrado con un problema similar. La exconcejala añade que tanto ella como aquel Ejecutivo creen que si la concejalía hubiera estado dirigida por un hombre, y con más edad que ella, no se hubieran encontrado con los problemas que tuvieron. “El componente ‘mujer’ tuvo un gran peso”, remarca.
Todo se agrava en el momento en que una mujer joven, en un gobierno de izquierdas, tiene que gestionar la policía y lo hace con claridad, transparencia y eficacia
Pérdida de ‘privilegios’
El conflicto entre la regidora y el policía surge en un período de 2015 en que el hombre se encontraba de vacaciones. Después de que volviera, mientras estaba de baja laboral, se habría producido otro hecho que calificó de “acoso laboral” pero que la sentencia, en cambio, no acredita como tal. Aprovechando dicha baja, dice el denunciante, Alcaraz le retiró el vehículo asignado a las laborales de la jefatura de policía, sin comunicación previa. Verdugo le habría enviado un correo electrónico pidiéndole explicaciones, a lo que la concejala de Gobernación no habría contestado.
Asimismo, el vehículo fue rotulado para que estuviera disponible para los oficiales de policía, de modo que el jefe de la Policía Local ya no disponía de un vehículo para su uso exclusivo. Alcaraz reconoció que el vehículo que Verdugo utilizaba en exclusiva se asignó a otros usos. Según su declaración, como estaba de baja y la plantilla reclamaba más vehículos pero no había presupuesto para ello, se decidió adecuar el vehículo que usaba en exclusiva el jefe de la Policía Local, decisión que adoptó el jefe accidental que cubría la baja de Verdugo. El alcalde, Josep Tur, declaró que el vehículo es del Ajuntament y que no estaba asignado expresamente al jefe de Policía Local, aunque éste lo usara en exclusiva.
Tanto la acusada como el alcalde manifestaron que cuando se adquirieron nuevos vehículos policiales se destinaron al servicio de la plantilla y que no se asignó a Verdugo ningún vehículo para su uso exclusivo porque podía seguir usando el que siempre había usado, aunque ya no estaba disponible solo para él. La magistrada interpreta este conflicto como un privilegio del que antes disponía el jefe de la Policía Local y que, por tanto, no constituye “un acto susceptible de ser incluido como acoso laboral”. “Más bien parece tratarse de la pérdida de un privilegio por razones de necesidades de servicio público”, remarca la jueza.
La acusación particular también destaca un episodio en el 'West End' –la zona de ocio nocturno que está en el centro de Sant Antoni y que es conocida por su turismo de borrachera y desfase– que probaría la actitud de “desprecio” de Alcaraz contra el jefe de Policía Local con la intención de “destruir la reputación profesional de Verdugo, con un comportamiento que degradaba su integridad moral”. En este sentido, se hacía referencia a una salida de vigilancia de servicio que hizo la concejala de Gobernación con Ángeles Gallardo, Directora Técnica de Seguridad, para decidir el número de efectivos necesarios para cubrir dicha zona de ocio y que ello se hizo sin contar con Verdugo.
Alcaraz declaró que no se trataba de una salida de vigilancia –que no está entre sus funciones–, sino de una visita para comprobar 'in situ' la situación del 'West End', que es conflictiva, para comprobar las necesidades del lugar, algo que fue corroborado por Ángeles Gallardo y un agente de la Policía Local. En el acto de juicio oral se corroboró que “es habitual que los concejales y técnicos del Ajuntament de Sant Antoni paseen por el West para comprobar 'in situ' la situación”.
En todo caso, dice la sentencia, no se comprende “en qué humilla y degrada la integridad moral de Verdugo el hecho de que la concejala de Gobernación, Interior y Protección Civil pasee acompañada de la Directora Técnica de Seguridad por una zona de ocio nocturno bastante conflictiva, con la intención de comprobar personalmente la situación”, ya que se trata, explica la magistrada, de una concejal haciendo el trabajo para lo que ha sido elegida. Una actuación para la que, según recalca, no consta que sea “preceptiva” la presencia del jefe de Policía Local.
Disputa por un ordenador
Además, Verdugo señaló, como parte de una actuación que habría tenido por objeto humillarle y vejarle, que aprovechando que estaba de vacaciones, la acusada “le desposeyó de su ordenador y del teléfono fijo del despacho”, de modo que no podía acceder, según su testimonio, a los ficheros y archivos que el ordenador contenía, con toda la documentación necesaria para realizar su trabajo. Sin embargo, la magistrada destaca en la sentencia que, aunque se le proporcionara un ordenador distinto a la vuelta de sus vacaciones, no se le desposeyó de los archivos y documentos porque los ordenadores de los organismos públicos funcionan en red y se puede acceder a la información desde cualquiera, con el número de usuario y claves de las que disponga cada funcionario.
Verdugo también acusó a Alcaraz de que el 29 de diciembre de 2015 –cuando el jefe de la Policía Local se encontraba de vacaciones– convocó una Junta de Mandos extralimitándose de sus funciones y con objeto de “excluirlo e ignorarlo y menoscabar sus funciones delante de los agentes de policía que conforman el cuerpo”. El denunciante aseguró que solicitó a la concejala de Gobernación que retrasara la Junta al día 30 pero que ella se negó.
Según refleja el artículo 25.5 del Reglamento de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany, la Junta de Mandos “la puede convocar el alcalde o concejal delegado a través del Jefe de Policía Local, siempre que así lo estime necesario”. En este caso concreto, dice el fallo, Alcaraz convocó la Junta a través del jefe segundo, en funciones de Jefe de Policía Local, algo que no va más allá de sus funciones porque “el Ajuntament y la Policía Local no se paran”, ya que tienen que seguir realizando sus actividades “a pesar de las vacaciones del jefe de la Policía Local”, pues para ello se prevé que sea el jefe segundo quien realice dichas funciones.
La acusada, además, aportó como prueba un correo electrónico en el que comunicó a Verdugo y al resto de oficiales la convocatoria, a lo que el jefe de la Policía Local contestó que estaba en Ámsterdam hasta el día 30. Sin embargo, en ningún momento solicitó aplazarla, por lo que la Junta se llevó a cabo con el jefe accidental. “A la vista de lo expuesto, no se alcanza a comprender en qué humilla, veja y atenta a la dignidad del jefe de la Policía Local, que se encuentra de vacaciones, el hecho de que se celebre una Junta con el jefe accidental que le sustituye”, afirma la sentencia.
Las penas a las que se enfrentaba
El Ministerio Fiscal solicitó un año de cárcel a la denunciada, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de costas y a que indemnizara a Verdugo con más de 5.000 euros (más intereses) por lesiones. La acusación particular, representada por la abogada de Verdugo, reclamaba dos años de prisión para Alcaraz, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y pago de costas y casi 23.000 euros, intereses aparte. La letrada de la denunciada, en cambio, pidió la absolución.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, de 9 de agosto de 2021, a la que ha tenido acceso este diario, definía el acoso laboral como “hostigamiento psicológico” en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial “que humille al que lo sufre”, imponiendo situaciones de “grave ofensa a la dignidad”. Supone, por tanto, “un trato hostil o vejatorio” al que se somete a una persona en el ámbito laboral de forma sistemática.
Por estas razones, destaca la magistrada Clara Ramírez de Arellano, para que haya un delito de acoso laboral debe de haber un permanente “clima de humillación” que lleve al trabajador a la “pérdida de su propia autoestima”, y que convierta el escenario cotidiano de su trabajo en el lugar en el que tiene que “aceptar con resignación las vejaciones”. El acoso implica un cúmulo de actos reiterados de persecución “con grave afectación psicológica en el trabajador”.
La política, absuelta
Ninguna de las acusaciones vertidas contra la acusada quedaron acreditadas, por lo que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez de Arellano, absolvió a Alcaraz del delito de acoso laboral que reclamaba el Ministerio Fiscal y la acusación particular. La resolución fue recurrida mediante recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Palma, que el 28 de marzo de 2022 desestimó dicho recurso de forma íntegra.
“Toda esta causa se utilizó para desacreditarme, ya no solo a mí como persona, sino a la gestión del equipo de gobierno, que es lo que en el fondo se pretendía y de lo que se sirvieron muchas otras personas”, lamenta Alcaraz, en referencia a Javier Verdugo, el PP y algunos medios de comunicación. “El goteo era constante: a menudo me levantaba con una portada, en la que única y exclusivamente se hablaba mal de mí, en unos términos que nada tenían que ver con la realidad”, recuerda. Alcaraz lamenta -preguntada por ello- que cuando su causa quedó definitivamente archivada, nadie de los que habían insinuado que era una acosadora le habían pedido disculpas.
El goteo era constante: a menudo me levantaba con una portada, en la que única y exclusivamente se hablaba mal de mí, en unos términos que nada tenían que ver con la realidad
“Cuando salió mi absolución, compañeros del PSOE en la oposición pidieron -la legislatura 2019-2023- al equipo de gobierno, entre ellos, al alcalde Marcos Serra y a la concejala de Gobernación, Neus Mateu, que rectificaran públicamente y jamás llegaron esas disculpas, cuando se dirigieron a mí como una acosadora”, lamenta Alcaraz, que indica que, durante todo el periodo, su versión solamente se escuchó en sede judicial. “Nunca, jamás, nadie [de quienes pedían su dimisión] me ha llamado para preguntarme qué estaba pasando, nunca se ha pedido mi opinión al respecto de nada”, insiste la exconcejala. “Lo único que había era la versión que salía en determinado grupo de comunicación que nunca contrastó esa versión conmigo”, añade Alcaraz.
Fuentes del PP de Sant Antoni se limitan a explicar que “siempre han respetado los procesos y decisiones judiciales” y que lo único que pidieron en su día, en relación a este caso, “es el cumplimiento del código ético de su propio partido (PSOE), en el que establecen que cualquier cargo al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento”. Las mismas fuentes indican a este diario que se trata de un caso que ocurrió durante la legislatura 2015-2019. “Nada han tenido que ver los actuales concejales”, aseveran.
Una estrategia mediática contra la exconcejala
Para la exconcejala, en definitiva, se trató de una estrategia mediática con el fin de “mermar su credibilidad como persona y política”, así como para desacreditar la acción del gobierno progresista. “Han sido muchas horas de tensión y sin dormir”, reconoce Alcaraz, y añade que ello afectó también a su entorno familiar y a sus padres. “Mi padre falleció en el 2020, en el inicio de la pandemia, teniendo a una hija imputada por acoso laboral”, afirma, una situación que, a la vista de las dos sentencias que han instruido el caso, no se pudo acreditar.
La causa podría dar un giro, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa admitiera a trámite una querella de la exconcejala Aída Alcaraz contra el exjefe de la Policía Local, Javier Verdugo, por un presunto delito de acusación y denuncia falsa, según avanzó Radio Ibiza, y ha podido confirmar este diario. Sobre esta denuncia, la exconcejala manifiesta, sin embargo, que no tenía ganas de volver a revivir todo lo que ocurrió desde 2017, cuando fue denunciada. “Pero la gente tiene que entender que este tipo de acusaciones no pueden salir gratuitas. Cuando alguien se plantee interponer una denuncia falsa contra otra persona, que piense que puede tener consecuencias para él”, aclara.
elDiario.es se ha puesto en contacto con H.V.S., procurador de Javier Verdugo, para saber si el exjefe de la Policía Local quería contar su versión -más allá de lo declarado en sede judicial-, a lo que respondió que no podía facilitar información a este diario “en aplicación de lo dispuesto en la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)”. Asimismo, a través de su procurador, pidió a su abogada M.R.G., la misma información, sin que este diario haya obtenido una respuesta en el momento en que se publica esta noticia. Este diario también ha contactado con fuentes del Ajuntament de Sant Antoni para que el alcalde en funciones, Marcos Serra, y la concejala de Gobernación en funciones, Neus Mateu, pudieran explicar si era cierto o no que no se habían disculpado ante la exconcejala de Gobernación, después de que fuera absuelta.
Alcaraz pasó a un segundo plano cuando terminó la legislatura en la que estuvo al frente de Gobernación en Sant Antoni, debido al calvario judicial que sufrió -y a que todavía estaba imputada-. En las elecciones locales, insulares y autonómicas del 28 de mayo se pudo presentar como cuarta en las listas del PSOE al Consell Insular, sin que haya salido elegida, ya que los socialistas solo consiguieron tres escaños, uno menos que en 2019.