CLAVES
Hace cinco años, el 13 de junio de 2017, Bartolomé Cursach, quien llegó a convertirse en el propietario de las mayores discotecas de Balears, gimnasios y hoteles e incluso de una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas, clamaba por su libertad. Se hallaba en prisión desde hacía dos meses y medio por un rosario de delitos que incluían, entre otros, homicidio, corrupción de menores, extorsiones, amenazas y tráfico de influencias. Ese día, en la Audiencia Provincial de Balears, su abogado alegaba indefensión debido a que las pesquisas se hallaban desde hacía varios años bajo secreto sumarial y, en paralelo, reclamaba su excarcelamiento. El tribunal denegó su tentativa por temor a que el empresario pudiera fugarse, manipular pruebas y contaminar a testigos.
Cinco años después, este lunes, 13 de junio, el que durante décadas ha sido considerado el rey de la noche mallorquina se sentará en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza principal del caso Cursach y lo hará como protagonista del que -de cumplirse el calendario fijado- se prevé como el juicio más largo de cuantos se han celebrado en las islas (está previsto que concluya en mayo de 2023). Las circunstancias, sin embargo, serán completamente distintas a las que sobrevolaban la causa cuando el 3 de marzo de 2017 Cursach era enviado a prisión junto a su mano derecha, Bartolomé Sbert. De la quincena de delitos que pesaban entonces sobre sus espaldas -la mayoría de los cuales han decaído a lo largo de los últimos años-, el responsable del mayor imperio del ocio de Balears deberá hacer frente desde esta semana a acusaciones por pertenencia a grupo criminal y prevaricación.
Se trata de unas imputaciones por las que la Fiscalía Anticorrupción solicita para el procesado un año y medio de cárcel, una petición de condena sustancialmente inferior a los ocho años y medio que el Ministerio Público reclamaba inicialmente. La Fiscalía decidió rebajar esta petición y retirar, por “falta de verosimilitud”, las acusaciones más graves que pesaban sobre Cursach. Entre ellas, las relativas a los supuestos sobornos de los que habría abastecido a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma bajo la condición de salvaguardar la buena marcha de los negocios del conglomerado empresarial.
El Ministerio Público adoptó recientemente esta decisión a raíz de lo arrojado por la causa que, en paralelo, indaga las presuntas prácticas ilegales desplegadas por quienes durante cerca de tres años comandaron la instrucción del caso Cursach con el objetivo de construir a la carta sus pesquisas y allanar futuras condenas. Tanto el exjuez Manuel Penalva -recusado y apartado de las investigaciones, en marzo de 2018, por falta de apariencia de imparcialidad- como el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.
Los avatares sufridos desde entonces por el caso Cursach llevarán a las defensas, ya desde el inicio del juicio, a plantear la nulidad de la causa. Consideran, como subraya uno de los abogados en declaraciones a elDiario.es, que “todo fue una gran mentira” y las diligencias que se practicaron durante la tramitación del procedimiento judicial “no son válidas”. “Nos han hurtado la instrucción y directamente se nos sentó en el banquillo”, señala el letrado, quien no duda en calificar el caso Cursach de “esquizofrenia procesal”.
Junto al magnate y su exnúmero dos, otros 21 procesados se sentarán desde el lunes en el banquillo, aunque Anticorrupción únicamente acusa a 16 de ellos tras haber retirado sus cargos contra el resto. La Abogacía de Baleares, por su parte, también se ha apartado del caso tras renunciar a sus acusaciones contra Cursach, Sbert y dos funcionarios. Así las cosas, la mayoría de los inculpados que serán juzgados son oficiales y agentes de la Policía Local de Palma que, según el Ministerio Público, se concertaron para perjudicar a numerosos locales nocturnos de Palma, a los que supuestamente hostigaban con constantes inspecciones y la imposición de sanciones que, en algunos casos, abocaron a los establecimientos al cierre. En otros, los policías exigían una entrega de dinero a cambio de cesar en sus registros.
“Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas al tiempo que ocasionaba perjuicios económicos a diversos empresarios”, sostiene Anticorrupción, que precisa que tales prácticas se materializaban en inspecciones innecesarias “en las que siempre se solicitaba la documentación ya pedida en días anteriores, siempre en horario de máxima afluencia, causando un gran perjuicio porque paralizaban la actividad, encendiendo luces, quitando la música, pidiendo documentación a los clientes, cacheos agresivos, etc.”.
“Ello provocaba miedo e inseguridad en los clientes, que, tras concluir la 'actuación policial', abandonaban el local”, incide el nuevo escrito que los fiscales Tomás Herranz y Juan Carrau presentaron hace dos semanas, en el que señalan cómo, además, los agentes reclamaban el apoyo de unidades policiales especiales integradas por efectivos “uniformados, fuertemente armados, con chalecos antibalas y en número absolutamente desproporcionado para la actuación que desarrollaban”. Si bien inicialmente la Fiscalía sostenía que estas actuaciones iban dirigidas a malograr la actividad de los establecimientos que fueran potencialmente competidores con los del Grupo Cursach, la acusación pública las desvincula ahora de cualquier tipo de presión, para beneficio propio, por parte del conglomerado capitaneado por el conocido empresario isleño.
Sí cree probado, sin embargo, que, al menos desde 2014, dos de los responsables de la Patrulla Verde -unidad de la Policía Local encargada de las inspecciones- irrumpían de manera rutinaria, por orden del exnúmero dos de Cursach, en una de las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma –donde también se ubicaba Tito's–, cuyo responsable ejerce una de las acusaciones particulares personadas en la causa. “El establecimiento tenía una gran aceptación y reunía en sus galas una gran afluencia, lo que perjudicaba a las otras discotecas del Paseo Marítimo, especialmente Tito's y Pachá”, subraya la acusación pública.
Según los fiscales, Sbert, quien siempre ha negado de forma tajante tales hechos, dio las “instrucciones oportunas” para que, incluso, los agentes sancionaran y retuvieran a todos los autobuses que llevaban a turistas al establecimiento perjudicado, “a la vez que desviaban a estos 'clientes' hacia sus negocios”. Anticorrupción recalca que la discoteca afectada “fue sistemáticamente perseguida por el Grupo Cursach”. La defensa del exnúmero dos del grupo empresarial y varios atestados policiales apuntan, sin embargo, a que los antiguos investigadores del caso Cursach “instrumentalizaron” al dueño de este local “y sus fines espurios para acusar en falso” a Sbert, con quien, recalca éste, el denunciante “está visceralmente enfrentado e incluso obsesionado desde que [el exdirector general del Grupo Cursach] lo despidió hace décadas por graves hechos cometidos”.
En su escrito de defensa, el letrado de Sbert niega tal persecución, alude a la “indefinición de los hechos y las fechas” relativos a los procesos de inspección y apunta a la existencia de sentencias judiciales firmes de cierre dictadas contra esa discoteca por falta de permisos administrativos.
La Fiscalía señala también que otro local, en este caso situado en la Playa de Palma, sufrió constantes inspecciones “con el falso pretexto de denuncias vecinales por exceso de ruido y venta de estupefacientes”, si bien lo desliga de cualquier posible influencia por parte del grupo propiedad del empresario mallorquín. “Llegaron a protagonizar actuaciones policiales en las que llegaron a intervenir más de 40 policías locales uniformados y armados, tres furgones policiales con diez agentes cada uno, miembros de la Patrulla Verde, etc., y, con el pretexto de que buscaban ocho kilos de cocaína, paralizaron la actividad (encendido de luces, apagado de música, etc.), reteniendo a empleados y clientes dos horas y media, dañando el mobiliario con las defensas y obligando a desnudarse a los empleados”, recalcan los fiscales.
En otra ocasión, según el Ministerio Público, uno de los agentes se dirigió a una de las clientas de un local inspeccionado, “le hizo abrir el bolso y, al hallar ansiolíticos, le manifestó que podría tener problemas a no ser que quedara con él”, lo que, precisa la Fiscalía, supuso un intento de mantener relaciones sexuales con ella. El mismo policía se habría dirigido junto a un segundo agente a la propietaria de otro establecimiento y, tras advertirle de que no lo inspeccionarían si les entregaba 150 euros semanales, le manifestó que “quería tener sexo con ella y si no era así tendría que pagar”.
La acusación postula, finalmente, que algunos de los policías imponían a los locales de ocio la contratación de sus “servicios de seguridad”. De lo contrario, “recibirían constantes inspecciones de la Patrulla Verde”. No en vano, uno de los agentes, supuestamente, se puso en contacto con una de las propietarias y le indicó que, si quería “dejar de recibir visitas” de la Policía, “tenía que contratar policías locales en funciones de seguridad y que debía entregarle 400 euros semanales”. La empresaria habría hecho entrega de esta cantidad durante cuatro meses.
Lo que arrancó en 2013 como una investigación en torno al presunto amaño del concurso convocado en 2012 para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma se convirtió más adelante, con el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán al frente, en una de las piezas de una macrocausa dirigida a levantar las alfombras de un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar la autoridad en la noche de Bartolomé Cursach. La matriz del caso dio pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba “como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito”, como puso de manifiesto el exinstructor del caso en uno de sus autos.
Entre los encarcelados, el propio Cursach y su exnúmero dos, quienes el 28 de febrero de 2017 -“el día D hora H”, como se referirían a esa jornada, en el chat de Whatsapp que mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso, Penalva y Subirán– eran detenidos y, tres días después, enviados a la cárcel sin fianza. El encausamiento de los dos empresarios por los hechos que les condujeron a prisión sería finalmente archivado por los jueces en 2020, cuando ya habían comenzado a aflorar las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa. La que se juzga a partir de este lunes es una de la quincena de líneas de investigación en las que se dividió la matriz inicial, la mayor parte de las cuales ya han sido sobreseídas.
Junto a esta pieza, quedan pendientes de juicio la propia matriz, cuyo objeto de enjuiciamiento quedó reducido a las extorsiones presuntamente cometidas por seis mandos policiales y empresarios en el núcleo municipal de Calvià; la relativa al presunto amaño de las oposiciones a oficial de la Policía Local -de los 36 mandos y agentes acusados por el exfiscal Subirán, solo siete irán finalmente a juicio- y la relacionada con una supuesta red de tratos de favor que otro empresario mallorquín, Miquel Pascual, y varios agentes habrían urdido en la Playa de Palma, foco de una de las primeras investigaciones que sobre corrupción policial fueron impulsadas en la capital balear.
Por su parte, Cursach ya ha sido juzgado y condenado en dos ocasiones: la primera de ellas, a ocho meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas a raíz del hallazgo en su vivienda de una carabina de calibre 22, y la segunda, a abonar una multa de 9.000 euros por referirse en el Juzgado como “subnormal” al exjuez Penalva, a pesar de que el jurista no se encontraba presente cuando el empresario profirió el improperio puesto que ya había sido apartado de la instrucción del caso Cursach por falta de apariencia de imparcialidad.
No son pocas las circunstancias inusuales que preceden al juicio que este lunes arrancará en la Audiencia. Entre ellas, una inédita tanto en Balears como a nivel nacional: la abstención en bloque -y sin éxito- de los seis magistrados que integran la sala que debe juzgar la causa.
En el informe que elaboraron para apartarse del caso, los seis jueces alegaban haber tomado parte en numerosas ocasiones del “galimatías de instrucción” que supusieron las investigaciones del caso Cursach. Aseguraban haber resulto hasta un total de 158 recursos procedentes de esta causa. Y advertían de que su intervención ponía en peligro su imparcialidad a la hora de juzgar el procedimiento. Sin embargo, la petición, cursada en septiembre de 2020, fue rechazada por el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Balears, Diego Gómez Reino. El asunto llegó, incluso, hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que inadmitió el recurso de alzada planteado por los de las magistradas al tratarse de una cuestión ajena a las competencias del máximo órgano de los jueces.
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