“La situación para la señora Bonet es absolutamente kafkiana”. En estos términos se expresa el abogado de Pilar Bonet, la consellera del PP que el pasado viernes dimitió de su cargo en el Consell de Mallorca a raíz de su presunta vinculación con un desfalco millonario cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea. Los hechos han provocado un terremoto político en el seno de la institución insular, gobernada por PP y Vox, hasta el punto de que los servicios técnicos de esta administración prevén elaborar informes acerca de cómo la ex alto cargo gestionó las contrataciones y facturas de su departamento. La oposición, por su parte, reclama a los conservadores explicaciones ante el “goteo constante” de dimisiones, en ocho meses de legislatura, en las instituciones gobernadas por ellos.
El letrado de la exconsellera recrimina lo inusual de lo sucedido: las pesquisas sobre la presunta defraudación no han sido judicializadas y el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional tampoco ha recibido denuncia alguna al respecto, tal como confirman fuentes del cuerpo a elDiario.es. “Por un lado, se desconoce la existencia de queja, reclamación o denuncia alguna contra su persona. Sin embargo, se le ha obligado a dimitir forzosamente de su cargo público sin habérsele dado dato concreto alguno que lo justifique y siéndole materialmente imposible defenderse”, asevera el abogado de Bonet, Antonio Martínez, en un comunicado.
Por su parte, el presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), asegura que la dimisión –que inicialmente la institución atribuyó a “motivos personales”– comenzó a gestarse el pasado jueves, después de que él mismo recibiera diversas informaciones que le llevaron a convocar una reunión “urgente e inmediata” tras el pleno insular que se celebraba ese día. En dicho encuentro, señala que él mismo le transmitió a la entonces consellera insular que, “por una información que le había llegado, externa en todo momento a la gestión y responsabilidad de la institución insular, había perdido la confianza y credibilidad en su persona”.
Y aquí difieren las dos versiones: “[Bonet], sin pedir ningún tipo de explicación, dijo que, de manera voluntaria, una vez acabada la reunión, dimitiría de su responsabilidad ejecutiva como consellera insular y, también, del acta de consellera electa del PP”. Galmés, quien ratificó sus manifestaciones durante el pleno extraordinario celebrado este lunes para abordar este asunto, defiende que cualquier decisión que la exconsellera haya podido adoptar en el Consell ha sido avalada por los técnicos y que lo trascendido se refiere exclusivamente a su etapa laboral anterior en el sector privado.
En concreto, las informaciones difundidas en torno a Bonet aluden a un supuesto desfalco de más de seis millones de euros cuando la exconsellera trabajaba en la división de handling de una compañía aérea, como publica el diario Última Hora. Se trata de un cargo que, entre 2019 y 2023, compatibilizó con su labor como concejala de Hacienda en el municipio mallorquín de Llucmajor. Al parecer, según el mismo medio, se habrían detectado movimientos bancarios continuos y dobles facturaciones al menos desde 2011, unos hechos en los que también se habrían visto implicados varios allegados de la ex alto cargo del PP.
“Calculada y contumaz aniquilación de su reputación”
“El impacto mediático de datos –falsos, sesgados o deformados– calculadamente filtrados por quienes dispondrían de los mismos ha generado un ingente daño a la salud, honor, dignidad, imagen e intimidad de la señora Bonet y su familia”, asevera, por su parte, el abogado de la exconsellera popular, para quien “la calculada y contumaz aniquilación de su reputación ha creado una posverdad y prejuicio de culpabilidad tan potente que ha hecho quebrar su salud, causando su baja médica/laboral con necesidad de tratamiento”.
A su juicio, “se estarían instrumentalizando medios en una suerte de 'justicia privada' paralela, ejercida contra el 'denunciado' sin el previo e imparcial control de juez legal”, apelando al mismo tiempo al respeto a la presunción de inocencia de la ex alto cargo.
La dimisión de Bonet y la difusión de su supuesta vinculación al desfalco generaron, de inmediato, una cascada de reacciones, principalmente desde los grupos de la oposición, que reclaman, incluso, una auditoría externa, una relación de gastos personales, con sus viajes y dietas, y la declaración de bienes de la exconsellera. “No es lo que han robado, que también, es lo que siguen robando y como les siguen votando... presuntamente. Ni un solo día sin el 'caso aislado' de corrupción PePera”, señalaba este fin de semana el conseller socialista Javier de Juan en la red social 'X' –antes Twitter–.
Por su parte, la consellera socialista Catalina Cladera advertía de que “la sombra de la corrupción” volvía a planear sobre el Consell de Mallorca“, institución que durante varios lustros quedó transfigurada en reducto para los desmanes de la extinta Unió Mallorquina (UM) tutelada por Maria Antònia Munar. La desaparecida formación supo sacar rédito legislatura tras legislatura a su eterna condición de partido bisagra que durante años le brindaron la Ley d'Hont y la necesidad de PP y PSOE de contar con su apoyo para formar gobierno. Tras acabar envuelto en una maraña de casos de corrupción, el 28 de febrero de 2011 el partido regionalista sería finalmente disuelto.
El PP y su alud de dimisiones y ceses en ocho meses de legislatura
El PP, protagonista también de los casos de corrupción más sonados que han asolado Balears, busca mientras tanto sacudirse toda responsabilidad en relación con las supuestas irregularidades atribuidas a Bonet. Mientras los populares se mantienen firmes en su propósito de cerrar la Oficina Anticorrupción de Balears en virtud del acuerdo que populares y extrema derecha rubricaron a inicios de legislatura, varios altos cargos se han visto abocados a cesar entre incompatibilidades, acusaciones y denuncias varias.
No en vano, el pasado 25 de noviembre, el Govern liderado por la popular Marga Prohens destituía al hasta entonces gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) de Balears, Juan Antonio Serra Ferrer, tras tener conocimiento de los tres años de prisión que la Fiscalía reclama para él por presuntamente intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma en mayo de 2022, cuando era profesor en la Universitat de les Illes Balears (UIB), y propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir. El ex alto cargo defiende que, en el momento de los hechos, se encontraba bajo los efectos del alcohol, no actuó de forma libidinosa y en ningún caso opuso resistencia a los agentes de la autoridad.
Tras la inmediata destitución, Prohens decidió, sin embargo, mantener en su cargo al vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, quien reconoció haber cometido un error cuando, dos meses antes, contrató a Serra Ferrer a sabiendas de que estaba siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. Costa aseguró que el exgerente le trasladó su convencimiento de que la causa se archivaría y ni siquiera llegaría a juicio: “Confié en él, creí en su palabra, y por eso lo nombré, respetando la presunción de inocencia que considero que había que respetar. La líder del Ejecutivo autonómico defendió la actuación de su conseller y rechazó cesarle: ”Ha reconocido con humildad que se equivocó y ha pedido perdón“.
Fiesta de cumpleaños particular en el lazareto público de Maó
Asimismo, el pasado mes de septiembre –menos de tres meses después de que el PP, con el apoyo de Vox, se hiciera con las riendas del Consell de Menorca–, el presidente de la institución, Adolfo Vilafranca, cesaba a la directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación, Marta Febrer, quien, saltándose la ley y con la presencia de unas 65 personas, había celebrado a principios de ese mes la fiesta de cumpleaños de su hija en el lazareto de Maó, infraestructura de titularidad pública construida en 1793 como fortaleza sanitaria. Apenas unas horas después de trascender la noticia, Vilafranca acordó su destitución.
Ante estos hechos, los socialistas recriminan el “goteo constante” de ceses y dimisiones en el seno de las instituciones gobernadas por el PP mientras “Prohens decía que estaban formados por los mejores”. “¿Quiénes son los mejores, el alto cargo acusado de agresión sexual y agresión a un policía que el señor Costa conocía y que ocultó a la presidenta? ¿La señora Bonet que ahora está acusada de desfalco? ¿Los tres directores generales de la Consellería de Educación que en seis meses ha cesado el conseller sin dar ninguna explicación?”. Todo ello, lamentan, “en medio de incompatibilidades de consellers, de denuncias y acusaciones gravísimas. Y con el PP cerrando la Oficina Anticorrupción”.
“Los episodios últimos nos intranquilizan y no nos referimos solo a los sucesivos 'shows' y espectáculos lamentables en las instituciones, por parte del socio prioritario del Govern [en alusión a Vox] y ahora felizmente reconciliado, sino también a la cadena de dimisiones que ha habido por diferentes motivos, en estos ocho meses de legislatura, que es muy preocupante”, señalaba este lunes, por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. “El responsable de recursos humanos del PP debería ser despedido de forma fulminante”, sentenciaba, no sin ironía, el dirigente ecosoberanista.