El presidente electo del Consell d’Eivissa, Vicent Marí (PP), estaba citado este viernes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, que investiga la campaña turística ‘La vida islados’, si bien su comparecencia ha sido finalmente aplazada al 12 de junio a raíz de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Marí está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, conflicto de interés, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, coacciones y trato denigrante. El presidente de los populares niega las acusaciones, que atribuye a una “campaña mediática” de los socialistas en su contra, ya que fueron ellos quienes denunciaron los hechos ante la Oficina Anticorrupción, que a su vez envió el caso a la Fiscalía, la cual terminó presentando una denuncia ante el juzgado.
Los hechos se remontan a junio de 2020 –durante la primera ola de la pandemia–, en el marco de una campaña turística ('La vida islados') que se adjudicó por un total de 745.000 euros en la modalidad de tramitación de emergencia, es decir, 'a dedo', sin pasar por concurso público ni negociado. Entre la partida asignada, 249.018 euros fueron a parar a la empresa Fuera de Escena Ibiza SL para la producción y el rodaje de ‘La vida islados’, que protagonizó Olivia Molina.
El posible conflicto de interés surge porque fue Marí, mediante un decreto avalado, según defendió, por informes jurídicos, quien levantó una nota de reparo de la vicenterventora del Consell Insular, encargada del control y la fiscalización del organismo público. En concreto, Marí desoyó las recomendaciones de la funcionaria, que consideró uno de los contratos a Fuera de Escena Ibiza SL como “nulo de pleno derecho”. El contrato en cuestión ascendía a 164.257,50 euros.
Pero el enfrentamiento entre Marí y la funcionaria no se queda ahí. Ambos se conocían de una etapa previa, cuando Marí era alcalde de Santa Eulària (2007-2019). “La situación de tensión se remonta al año 2008. La señora Tur se trasladó a trabajar al Consell d’Eivissa por la presión ejercida por el alcalde (Vicent Marí) al levantar los reparos y presionarla para que informara favorablemente determinadas actuaciones administrativas (contratación, subvenciones, etc.)”, recoge la denuncia de la Oficina Anticorrupción. En su informe, el organismo llega a asegurar que la funcionaria sufrió crisis de ansiedad y depresión por oponerse a Marí y que se vio obligada a abandonar la isla.
Una exconcejala del PP, detrás de la empresa
La viceinterventora consideraba que el expediente de ‘La vida islados’ se amparaba en una norma “que no es de aplicación al caso” (el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19). Entre otras cuestiones sostenía que en el expediente “no se justifica la concurrencia de los hechos objetivos que habilitan para la utilización del procedimiento de emergencia”, al tiempo que instaba a iniciar el procedimiento de la revisión de oficio.
En este sentido, la Oficina Anticorrupción de Balears sostiene que podría haberse producido una situación que compromete “la imparcialidad e independencia del órgano de contratación”, según consta en el documento de la investigación, al que ha tenido acceso elDiario.es. Esta investigación, sin embargo, no ha afectado políticamente a Marí, que ha ampliado en dos escaños su representación en el Consell Insular el pasado 28 de mayo, por lo que podrá gobernar con una cómoda mayoría absoluta.
La investigación por presunta corrupción no ha afectado electoralmente a Marí (PP), que ha ampliado en dos escaños su representación en el Consell Insular, por lo que podrá gobernar con una cómoda mayoría absoluta
La Oficina Anticorrupción aprecia también que puede haber un interés directo por “afinidad política” entre el presidente Marí y Miriam Juan Sánchez, entonces administradora única de la empresa –desde el 3 de junio de 2013 hasta el 14 de septiembre de 2020– y que fue en las listas que encabezaba Vicent Marí en 2007, cuando ganó las elecciones a la Alcaldía de Santa Eulària des Riu por mayoría absoluta. Durante su última legislatura como alcalde (2015-2019), el Consistorio pagó algo más de un millón de euros a Fuera de Escena Ibiza SL por diferentes contratos, que incluyen la gestión del Teatro España y el Centro Cultural de Jesús. En estos momentos, ambos espacios cuentan con un contrato prorrogado por el Ajuntament de Santa Eulària, sin haber pasado por concurso público, según avanzó Diario de Ibiza.
Una regidora del PP, que estaba en un municipio ibicenco cuando Vicent Marí era alcalde, fue la administradora única de la empresa a la que el propio Marí concedió el polémico contrato a dedo
Sin embargo, el Ajuntament de Santa Eulària no ha recibido objeciones en este sentido ni por parte de la Sindicatura de Comptes ni del Ministerio de Hacienda, señalan fuentes del Consistorio a elDiario.es. “Hay unas interpretaciones de la Oficina Anticorrupción sobre determinadas facturas, pero ni la misma Oficina nos ha hecho ningún reparo directamente, ni entidades cuya finalidad principal es el control de los gastos, como la Sindicatura de Comptes o el Ministerio de Hacienda, han cuestionado nada de todo esto”, aseguran. Las mismas fuentes indican que se trata de servicios y suministros que “se han realizado o entregado por necesidades operativas del día a día que hay que cubrir”.
La funcionaria denuncia “presión laboral” y “amenazas de despido”
Es conocida la confrontación pública de Vicent Marí con la que por entonces era la viceinterventora del Consell, Marian Tur, quien se opuso a una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza SL por un importe de 164.257,50 euros. La funcionaria, que estuvo trabajando en el Ajuntament de Ripollet (Barcelona) después de que saltara este caso, emitió un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” dicha factura. Esta postura habría alterado los planes de Marí y le valdría a la mujer una crisis de ansiedad, una depresión, un fuerte enfrentamiento con el presidente y, finalmente, su salida del Consell d’Eivissa. Tiempo después volvió, siendo en estos momentos la interventora de la institución insular.
La Oficina Anticorrupción afirma en su escrito que, en un pleno ordinario de septiembre de 2020, Vicent Marí dirigió “una crítica directa hacia Intervención”, por lo que el organismo decidió ponerse en contacto con la señora Tur, quien afirmó en la sede del ente público que sufrió “presión laboral, amenazas de despido y presiones” por parte de Marí. Estos episodios se habrían producido durante el periodo en el que ella trabajaba en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), precisamente cuando Marí era alcalde (2008).
Vicent Marí hizo caso omiso a la funcionaria que puso pegas al procedimiento de contratación de la campaña publicitaria y arremetió contra ella en un pleno, lo que generó la indignación de la oposición
El ahora presidente en funciones del Consell d’Eivissa afirmó que desconocía la situación de acoso laboral que narró la funcionaria a la Oficina Anticorrupción y negó tal extremo, si bien el organismo público afirma tener en su poder “informes médicos donde hay constancia de la presión a la que se veía sometida por causas laborales”, a los que Marí no pudo tener acceso en su momento. El 9 de octubre de 2020, “el especialista diagnosticó a la señora Tur lesiones en codo y ambas piernas de aparente origen psoriásico por carga emocional (estrés)”, recoge la Oficina Anticorrupción en su informe.
La Oficina Anticorrupción habla de una 'situación insostenible' de la funcionaria, 'presionada' por Vicent Marí para 'levantar los reparos' e 'informar favorablemente determinadas actuaciones administrativas (contratación, subvenciones, etc.)'
A lo largo del documento, el organismo detalla la documentación aportada por la mujer. Destaca un informe en el que una psicóloga describe el cuadro mental en el que se encontraba la paciente y cuyos síntomas aparecieron a partir de noviembre de 2019: “Tiene una crisis de pánico con sudoración, taquicardia, ahogo, falta de aire y sensación de muerte inminente, creía que le iba a dar un infarto. Esta crisis ocurrió tras discrepancias con su superior. Tras este episodio, y progresivamente, se siente más presionada laboralmente, ansiosa, con miedo a tener interacciones con su superior, lábil emocionalmente y con ansiedad anticipatoria. En enero de 2020 tiene un brote de psoriasis”.
El informe médico añade que “la paciente presenta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a problema laboral, con ansiedad flotante, sensación de ahogo, taquicardias, opresión en el pecho, tensión muscular, pérdida de confianza en sí misma, tristeza y exacerbación de síntomas somáticos como alopecia y la psoriasis”. “Se siente descalificada y presionada. Tiene miedo a las represalias por realizar correctamente su trabajo”, continúa el documento.
Crisis de ansiedad y depresión por oponerse a Marí
La conclusión de la Oficina Anticorrupción es que la crisis de ansiedad de la viceinterventora “fue a raíz de la nota de reparo interpuesta a la factura, fruto de la cual se provocaron las discrepancias con el presidente del Consell d’Eivissa”, Vicent Marí. Es decir, el organismo público afirma que la funcionaria sufrió una crisis de ansiedad por oponerse a la factura de 164.257 euros de Fuera de Escena Ibiza SL, correspondiente a la contratación de emergencia para la campaña de publicidad ‘La vida islados’.
“Finalmente, y por necesidades de salud”, la señora Tur tomó posesión de una plaza en el Ajuntament de Ripollet en noviembre de 2020 para luego volver a su plaza en el Consell Insular. “La relación laboral entre el presidente del Consell Insular y la viceinterventora puede ser considerada como acoso laboral o coacciones, si durante doce años la viceinterventora del Consell (que se trasladó del Ayuntamiento de Santa Eulàlia porque la situación con Vicent Marí, alcalde en ese momento, perjudicaba su salud) ha ejercido sus funciones sin ningún problema, y cuando el señor Marí toma posesión del cargo del presidente del Consell Insular, la viceinterventora vuelve a solicitar el traslado”, argumenta el ente público.
En definitiva, la Oficina Anticorrupción considera que “podrían haberse producido actuaciones por parte del señor Marí tendentes coaccionar a la viceinterventora” teniendo en cuenta varios criterios. Primero, que a partir de unos informes desfavorables o notas de reparo, “comienzan las presiones” para que los “cambie” o “se le comunica que su actuación tiene consecuencias negativas para el Ajuntament de Santa Eulària primero y el Consell d’Eivissa posteriormente”. La Oficina es tajante y dice que “se produce un trato denigrante públicamente y se le presiona con todas estas actuaciones para que no aplique la normativa vigente y elimine las posibles pegas en sus informes de intervención”.
Segundo, que el “hostigamiento se hace habitual” y que incluso se “generalizó” con la participación de otros empleados públicos. La Oficina Anticorrupción señala mensajes de WhatsApp de los consellers María Fajarnés (PP) y Vicent Roig Tur (PP), sin dar detalles sobre cuál es el contenido concreto de dicha correspondencia. El ente público se limita a decir que “se le ofrece cambio de puesto de trabajo (de intervención a la gestión) para no entorpecer el buen hacer del funcionamiento del Consell Insular porque, según se le manifiesta, ella es el problema con la mayoría de los departamentos”.
La Oficina Anticorrupción habla de un “hostigamiento habitual” hacia la funcionaria que se opuso a Vicent Marí e incluso señala mensajes de WhatsApp de los consellers María Fajarnés (PP) y Vicente Roig Tur (PP)
El tercer razonamiento de la Oficina Anticorrupción para señalar un posible delito de coacciones es que “el hostigamiento se hace público y se generaliza en el pleno del 25 de septiembre de 2020, donde se manifiesta que es una persona difícil, incapaz, conflictiva e inútil, e intenta crear desconfianza en la persona de la viceinterventora y ponerla en entredicho ante la opinión pública”. En cuarto y último lugar, el organismo recuerda que la señora Tur abandonó voluntariamente el Consell Insular porque decía sentirse “sobrepasada emocional y mentalmente”, con “un estrés y una ansiedad insostenibles y enfermedades psicosomáticas de acuerdo con varios informes médicos”.
Trato denigrante hacia la interventora
Para el organismo público, en “las actuaciones” de Vicent Marí “podrían existir” unos posibles delitos de coacciones y de trato denigrante (hacia la funcionaria) recogidos en los artículos 172 y 173 del Código Penal. Este es un extremo que él niega y, de hecho, asegura que en ningún momento menciona el nombre de la mujer en el famoso pleno del 25 de septiembre de 2020, si bien la Oficina Anticorrupción recoge una serie de afirmaciones que pronunció Marí en ese pleno a raíz de que la viceinterventora emitiera una nota de reparo sobre la falta de justificación del contrato de emergencia de ‘La vida islados’.
“Por desgracia no todos tienen interiorizado lo de trabajar para los ciudadanos (...). La gran mayoría [de funcionarios] cumple, pero siempre en todos los colectivos hay una minoría que no tiene claro ni valora la situación, en algunos casos desde la situación privilegiada por el hecho de ser servidores públicos, que siempre reciben sus retribuciones. (...) Desde la tranquilidad de un despacho, sin vivir los problemas de los demás como propios, sin la necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y un buen sueldo, es muy fácil cuestionar decisiones difíciles hechas en momentos críticos [en referencia a la pandemia]. (...) Después de 28 años de servicio a la Administración, muchas cosas me han sorprendido, pero ninguna de la manera que lo ha hecho la nota de reparo, que respeto pero que en ningún caso comparto”, dijo Marí.
La Oficina Anticorrupción tiene claro que el ‘popular’ se refirió exclusivamente a la nota de reparo de la funcionaria y que, al hacerlo, puso en conocimiento de la opinión pública que era la señora Tur quien la firmaba, “desprestigiando su trabajo, cuestionando su integridad, y reconociendo que los técnicos velan por la legalidad de la Administración y los políticos por la oportunidad”. Las palabras de Marí provocaron las críticas de la oposición, que se alzó contra el presidente del Consell d’Eivissa al entender que había señalado públicamente a una funcionaria. Esta fue también la lectura que le dio la prensa local en aquel momento.
Marí cree que es una animadversión personal
El “trato denigrante” que sufrió la interventora quedó reflejado en ese pleno de septiembre de 2020, en palabras de la Oficina Anticorrupción, si bien la mujer relató al organismo público que Marí estuvo desde 2019, cuando tomó posesión como presidente del Consell d’Eivissa, “coaccionándole, levantando notas de reparo, sugiriendo un cambio de funciones de gestión en lugar de fiscalizar por el bien de toda la corporación, recriminando que el problema del Consell Insular era por su culpa”. Todo ello con el objeto, presuntamente, “de que la interventora en el ejercicio de sus funciones fuera más laxa y menos rigurosa en sus informes sobre la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el señor Marí en relación con la contratación administrativa efectuada por la corporación”.
La versión de Marí es claramente contraria. En una comparecencia ante los medios de comunicación, negó las acusaciones. “Yo soy funcionario y nunca le he dicho a un funcionario cómo tiene que hacer su trabajo. Respeto la independencia de todos los funcionarios”, aseguró. “Soy extremadamente respetuoso y lo he manifestado a todos los funcionarios que he tenido delante cuando he tenido ocasión”, insistió Marí.
En el informe de la Oficina Anticorrupción queda reflejado que el popular cree que la funcionaria siente una “animadversión hacia su persona” motivada por el despido de su hermano, que trabajó como aparejador para el Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu desde 2003 hasta 2007. A raíz de una denuncia que le interpuso el Colegio Profesional de Arquitectos Técnicos por “incumplimientos de la normativa de incompatibilidades de los funcionarios”, el hermano finalizó su relación contractual con el Consistorio.
Marí contó a la Oficina Anticorrupción que “cuando esto sucedió él no estaba en el Ayuntamiento trabajando, y aun así, una parte de la familia Tur le retiró el saludo, como si el culpable de lo que había sucedido fuera él (no era alcalde todavía); cuando el único culpable, según indica el Sr. Marí, lo era quien había incumplido la Ley de incompatibilidades”. El hermano negó a la Oficina Anticorrupción que alguna vez haya sido funcionario, por lo que el ente público considera que “no es posible que se produzca la incompatibilidad alegada por el Sr. Marí para funcionarios”.
El popular señala “indefensión”
Durante todo este proceso, Marí ha señalado que ha sufrido “indefensión”, ya que solo pudo presentar alegaciones el 10 de agosto de 2021 –según consta en la investigación de la Oficina Anticorrupción–, mientras que la denuncia fue enviada a la Fiscalía el 5 de noviembre de 2021, sin que Marí hubiera podido presentar alegaciones a las conclusiones del informe, señalan fuentes cercanas al presidente a elDiario.es. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en el juzgado que instruye el caso en verano de 2022. Durante este tiempo, Marí señala que ha pedido declarar en siete ocasiones para dar su versión, sin éxito.
De las quejas de cómo se ha tramitado la denuncia se desprende, en caso de ser ciertos los argumentos, que se ha infringido el Reglamento de funcionamiento y régimen interno de la Oficina Anticorrupción, que en su artículo 47 señala que cuando finaliza la tramitación del procedimiento de investigación, antes de redactar la propuesta de informe razonado con las conclusiones, “el expediente se tiene que poner a disposición de la administración, la institución o la persona investigada” en un periodo de 10 días hábiles, de acuerdo a los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que la parte acusada pueda presentar alegaciones y aportar los documentos y justificantes que considere oportunos.
La Oficina Anticorrupción, según fuentes cercanas a Marí, se habría saltado este proceso, por lo que presentaron un recurso contencioso-administrativo. Indican, además, que en cualquier caso el expediente de ‘La vida islados’ tiene que ver con una cuestión administrativa, y no penal. La institución insular señala a elDiario.es que, pese a que se mostró sorprendida cuando tuvo conocimiento de que la investigación se había enviado a la Fiscalía, Marí volvió a mostrar su predisposición para declarar y el Consell Insular envió todo el expediente administrativo al Ministerio Fiscal -un documento de unas 600 páginas-, añaden las mismas fuentes consultadas por este diario.