El foco puesto sobre la exlíder del Govern balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha acentuado esta semana después de que el PP solicitase este lunes su dimisión a raíz de las dudas que recaen sobre el proceso de compra de mascarillas a la empresa matriz del 'caso Koldo'.
Frente a las acusaciones de los conservadores, la socialista se ha aferrado este martes a su honorabilidad y ha achacado al colapso por la pandemia el hecho de que su Ejecutivo autonómico tardara tres años en dar inicio al expediente de reclamación de los 2,6 millones de euros que pagó de más por los 1,5 millones de mascarillas que le suministró Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL. “Se realizó en tiempo y forma” ha dicho la hoy presidenta del Congreso. Armengol ha recordado, además, que su nombre no figura en el sumario de la causa, como tampoco ningún miembro del anterior Govern se encuentra imputado.
Esta es la cronología en torno a cómo se fraguó la contratación con la principal empresa del 'caso Koldo' de las mascarillas que llegaron a las islas en abril de 2020, durante los peores meses de la pandemia de la COVID, desde las fábricas chinas de Huizhou, Fubian, Putian, Leihuo y Haoyun. Una contratación que, además del proceso que se sigue en España, está siendo investigada por la Fiscalía Europea.
25 de abril de 2020: primer contacto con el Servicio de Salud
La empresa de la 'trama Koldo' envió un correo electrónico al IB-Salut (Servicio de Salud balear) para informarle que estaba en disposición de suministrarle 1.480.600 mascarillas. El Servicio de Salud dice en un documento que le ofrecieron mascarillas FFP2 (aptas para uso por parte de personal sanitario) y, en otro informe, que eran KN-95 (con menor capacidad de protección que las FFP2). Armengol no ha detallado este martes qué persona del Ministerio de Transportes contactó con el Govern para la venta de estas mascarillas
El IB-Salut defiende que aceptó el ofrecimiento de la empresa y “se les comunicó verbalmente” porque temía que los cubrebocas fueran “reasignados a otra entidad” –las mascarillas fueron ofrecidas a otras Comunidades Autónomas–, porque la situación era “urgente” y porque la población civil y las empresas “en dicho momento solicitaban al Servicio de Salud material de protección”. Sin embargo, no ha trascendido entre quiénes tuvo lugar esa conversación “verbal”.
27 de abril de 2020: llegan las mascarillas
Las 1,4 millones de unidades llegaron el 27 de abril de 2020 a Mallorca, según la Guardia Civil. El IB-Salut defiende que el pedido llegó dos días más tarde.
29 de abril de 2020: las mascarillas se registran como FFP2-KN95
El 29 de abril, según un documento del IB-Salut, las mascarillas se codificaron internamente en su servicio como “mascarillas FFP2 KN95” de “uso domiciliario”. El Servicio de Salud sostiene que “estas mascarillas no estaban pensadas para distribuirse dentro del ámbito hospitalario, sino en el ámbito civil”. Por ello, defiende que no llegaron a distribuirse entre los centros hospitalarios. Esta postura también queda reflejada en los emails intercambiados por los funcionarios y en el albarán del pedido, que indica que la entrega del material sanitario fue en concreto de “mascarillas de protección facial FFP2 KN95 de uso domiciliario”.
Sin embargo, esto contradice de lleno otro documento del IB-Salut en el que queda reflejado que las mascarillas de la trama Koldo sí se distribuyeron en los centros hospitalarios.
4 de mayo de 2020: se formaliza el contrato
La contratación con Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL, vía declaración de emergencia, se formalizó el 4 de mayo de 2020, después de que Balears recibiera las mascarillas. Aquí, el IB-Salut dice que ha adquirido mascarillas “FFP2 de protección para vapores orgánicos” y “FFP2 de un solo uso”.
8 de junio de 2020: se confirma que las mascarillas no son FFP2
Independientemente de si el Govern quería recibir FFP2 o si le valía con las KN-95 (y tanto si las quería para uso domiciliario u hospitalario), gran parte de las que llegaron eran de peor calidad. Lo acreditó el Centro Nacional de Medios de Protección a instancias del propio Govern balear, que pidió un análisis a este organismo. Los resultados llegaron el 8 de junio de 2020 y determinaron que los cubrebocas no cumplían con los requisitos de una FFP2.
12 de agosto de 2020: IB-Salut certifica su conformidad con el pedido
IB-Salut emite un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constaban que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
11 de septiembre de 2020: La Oficina Anticorrupción no detecta uno uso irregular de fondos
La Oficina Anticorrupción de Balears, en un informe que emitió sin denuncia previa y que entregó en septiembre de 2020 a la Conselleria de Presidencia, concluyó que “no se han detectado usos irregulares de los fondos en la gestión de compras del Servicio Balear de Salud que supusieran fraude o supuestos de corrupción”, si bien apunta a un “uso abusivo” del procedimiento de emergencia y precisa que “determinadas contrataciones” realizadas por esta vía “no parecen haber reunido los requisitos para ello”, como el propio encargo de 1.480.600 mascarillas a Soluciones de Gestión.
2 de octubre de 2020: la Abogacía de Balears defiende el contrato
Frente a las manifestaciones de la Oficina Anticorrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma rechazó el supuesto abuso en la utilización del procedimiento de emergencia: “Es muy difícil aceptar que, por parte de la Oficina, se ponga en entredicho la actuación del Servicio de Salud de las Illes Balears durante el estado de alarma por la compra de material sanitario, cuando lo único que se pretendió era proteger a los trabajadores que luchaban cada día contra la COVID-19, a sus familias y a la ciudadanía. Revisar los procedimientos una vez que se han realizado o tramitado es muy sencillo, todos lo sabemos hacer”-
La Abogacía de la Comunidad Autónoma avaló la legalidad de la contratación al señalar que los proveedores nacionales con los que el IB-Salut tenía contrato no les llegaba el material, motivo por el que se decidió comprar directamente a China. Los servicios jurídicos justificaron que, debido a que las fábricas chinas no contactaban directamente con demandantes extranjeros, “era necesario contactar con una serie de intermediarios que consideraron que (de todos los que nos ofrecían material sanitario) eran lo que más garantías de calidad y facilidades de pago” ofrecían. “El IB-Salut no ha tenido ningún pedido fallido, no le ha tomado el pelo a nadie y toda la mercadería ha llegado en tiempo y forma”, llega a subrayar en sus alegaciones.
22 de octubre de 2020: la Oficina Anticorrupción acepta parte de las alegaciones
El 22 de octubre de 2020, la Oficina Anticorrupción estima parte de las alegaciones de la Abogacía (entre otras, las relativas a sobrecostes) y desestima las relacionadas con el procedimiento de emergencia.
20 de noviembre de 2020: petición de fondos europeos
El Govern acudió, después de constatar que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión no cumplían con las exigencias de calidad, a la financiación de Plan de Evaluación Específico FEDER 2014–2020 de las Illes Balears. Lo hizo sin incluir documento alguno que revelase que los cubrebocas no se adecuaban a los requisitos de una FFP2. Por este motivo, el Govern actual del PP ha ordenado 'descertificar' el gasto de las mascarillas, lo que implica no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos, siguiendo así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder.
19 de julio de 2022: la Guardia Civil se persona en el IB-Salut
Los agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del IB-Salut en Palma el 19 de julio de 2022. El objetivo era recabar información sobre el contrato. Los agentes no encontraron ningún documento que reflejara los contactos previos con la empresa para concretar los contratos. “Tampoco se ha localizado ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables”, añade el informe. En este sentido, la Guardia Civil afirma desconocer “de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos” y cómo se concretaron las cantidades de mascarillas y el importe por unidad.
20 de marzo de 2023: primera reclamación del Govern de Armengol
Pasaron tres años entre el momento en que el IB-Salut constató que parte de las mascarillas no eran FFP2 y el instante en que interpuso la primera reclamación a la empresa de la 'trama Koldo', a través del documento firmado el 20 marzo de 2023. Fue el Govern de Armengol quien inició el expediente de reclamación del sobrecoste. El primer documento en el que se advierte a la empresa de la 'trama Koldo' que el IB-Salut va a “tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho” (que no les proporcionaran mascarillas FFP2) está fechado en marzo de 2023, cuando todavía gobernaba Francina Armengol, quien luego fue sucedida por Marga Prohens, del Partido Popular.
6 de julio de 2023: segunda reclamación del Govern de Armengol
Cuando, por poco tiempo, todavía era presidenta Francina Armengol, el IB-Salut envió un segundo documento a la empresa en la que ya ponía cifra al sobrecoste de las mascarillas: 2,6 millones de euros. El Servicio de Salud pide a la compañía de la 'trama Koldo' la diferencia entre el precio de las mascarillas quirúrgicas –las que supuestamente llegaron a Balears– y el precio de las mascarillas FFP2 o KN-95 –las que en teoría quería el Govern y por las que pagó–.
24 de agosto de 2023: tercera reclamación de Balears, ya con el PP en el Govern
El 24 de agosto, ya con el PP en el Govern, se dio inicio formal al expediente de reclamación, según afirman fuentes de ese partido.
18 de enero de 2024: caduca el expediente, con Prohens en el Govern
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno calcula que el 18 de enero de 2024 caducó el expediente del Govern contra la empresa de la 'trama Koldo'. El auto alude a los indicios que apuntan a la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”. El magistrado extiende así los hechos más allá de la legislatura de Armengol, abarcando los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo autonómico. De hecho, la investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.