Era uno de los momentos más esperados del juicio del que es protagonista. El magnate del ocio Bartolomé Cursach se ha acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal que le juzga por un presunto entramado policial dirigido a favorecer su imperio nocturno, unos hechos que han centrado el mayor caso de corrupción impulsado en los últimos años en Balears y que desde hace un mes está siendo objeto de enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Palma. Junto al considerado rey de la noche mallorquina, su número dos, Bartolomé Sbert, también se ha negado a responder a las preguntas de las distintas partes personadas.
Pasadas las 10.30 horas, el propietario del mayor conglomerado del ocio de las islas ha abandonado momentáneamente el banquillo y, aproximándose al micrófono situado frente a las magistradas de la Sala, ha manifestado: “Por consejo de mi abogado, no voy a declarar”. En términos similares se ha pronunciado Sbert: “Por las razones que ya ha expuesto mi abogado y que ya denunciamos en fase de instrucción, no puedo declarar”.
“No sabiendo de qué se le acusa, mi recomendación ha sido que no declare”, ha puesto de manifiesto previamente el abogado de Cursach, el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien, durante la fase de cuestiones previas, ya alegó que “ninguno de los escritos de acusación atribuye acto concreto” a su patrocinado. “No se le menciona jamás, no aparece. Si no aparece ni se hace referencia a ningún comportamiento, ¿de qué se me acusa?”, abundó. Por su parte, el letrado de Sbert, Antonio Martínez, se ha ceñido a lo expuesto por Molina: “Nos encontramos exactamente en la misma situación”.
Otros de los representantes legales presentes en la vista se han pronunciado en el mismo sentido y reclaman que sus declaraciones, en todo caso, tengan lugar en la recta final del juicio, cuando se hayan practicado las pruebas testifical y pericial las acusaciones se hayan concretado.
Frente a tales manifestaciones, el fiscal Juan Carrau ha subrayado no entender por qué, si hace varios meses los acusados se hallaban en la misma situación pero frente a un escrito de acusación más amplio -Anticorrupción decidió rebajar sus peticiones de condena al inicio del juicio-, “ahora no van a declarar con un escrito más corto que en todo caso les beneficia y no altera la condición ni el contenido de los hechos por los que van a ser interrogados”.
En concreto, Cursach se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de prisión por presunta pertenencia a grupo criminal y prevaricación, una petición de condena sustancialmente inferior a los ocho años y medio que el Ministerio Público reclamaba inicialmente y que la Fiscalía optó por rebajar tras declarar “inverosímiles” las acusaciones más graves que gravitaban contra el empresario mallorquín. Por su parte, el que fuese su mano derecha afronta una solicitud de tres años y medio -en su caso se suma un supuesto delito de coacciones- frente a los ocho y medio que, al igual que a Cursach, la acusación pública pedía para él.
Anticorrupción rebajó sus peticiones a raíz de lo arrojado por la causa que, en paralelo, indaga las presuntas prácticas ilegales desplegadas por los antiguos investigadores del caso Cursach -que llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados- con el objetivo de apuntalar sus pesquisas. Tanto el exjuez Manuel Penalva –quien fue apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad– como el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional se encuentran a las puertas del banquillo de los acusados por tales hechos.
El pasado viernes, el tribunal rechazó anular el procedimiento judicial, como solicitaban las defensas de la causa al invocar las irregularidades presuntamente producidas durante la tramitación de las pesquisas. En este sentido, las magistradas alegan que no cuenta “en este momento con concretos elementos que, con la contundencia necesaria para un pronunciamiento de nulidad (o absolución)”, permitan “declarar viciada de imparcialidad” la instrucción del caso Cursach.
Un mando de la Policía Local: “No había visto a Cursach en mi vida”
Quien sí ha declarado, a preguntas de su abogado, ha sido el exjefe de la Policía Local de Palma Juan Miguel Mut, para quien la Fiscalía reclama inhabilitación por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. El exmando policial ha asegurado que nunca tuvo contacto con Cursach, a quien “no había visto en mi vida, solo por los medios de comunicación”, mientras que Sbert era un “saludado” y ahora ha pasado a ser “conocido” al encontrarse de forma habitual en los pasillos de la Audiencia.
Durante su comparecencia, Mut, defendido por el penalista Jaime Campaner, ha subrayado que “jamás en 40 años de servicio he cometido ninguna irregularidad” y ha considerado “esperpéntico e incluso grotesco” imaginarse reuniéndose en un despacho con otros agentes, en presencia de Sbert, para que modificaran el informe y el atestado por el que había sido ordenada la paralización del bar Don Quijote, propiedad de una de las empresas de Cursach. “Si estuviéramos en otras circunstancias, por respeto al tribunal, me echaría a reír”, ha subrayado.
En esta misma línea, el procesado ha negado haber incoado en su día un expediente disciplinario por falta grave contra un agente que había denunciado irregularidades en el proceder de dos de los acusados que se sientan en el banquillo. Al respecto, ha asegurado que no tenía capacidad de decisión para sancionar al policía.
Por su parte, el exsubinspector y exresponsable de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma Bartolomé Capó ha cuestionado las acusaciones que se han dirigido contra los integrantes de esta unidad a lo largo de los últimos años. “Al principio estábamos a las órdenes de [el expresidente del PP de Palma José María] Rodríguez y [el exconcejal Álvaro] Gijón. Luego, de Cursach. Y ahora resulta que el grupo criminal somos [el exoficial Torres y yo”.
A preguntas del fiscal Carrau, el acusado ha asegurado que ni Torres ni él daban órdenes de investigar a determinados locales Absolutamente no, ni Torres ni yo dábamos ordenes de inspeccionar a determinados locales. Según ha apuntado, los expedientes se activaban conforme a las denuncias que les llegaban a través del Ayuntamiento. “En absoluto eran locales más sancionados que otros. Si los locales generaban más incidencias era porque eran multiinfractores que luego se presentaban en el Juzgado como víctimas de las canalladas de la Patrulla Verde. Son infractores de toda la vida”.
Capó ha manifestado que, pese a conocer a Sbert y a Cursach, la “relación de cordialidad” que mantenía con ellos no pasó nunca de un “hola, cómo va”. “Nunca he tenido ninguna relación para nada con ninguno de estos señores, nunca he cenado en su casa, ni he tomado un café con ellos, ni tengo su teléfono ni su correo”, ha incidido el exmando policial, quien ha asegurado, asimismo, no haber recibido nunca ninguna dádiva, “ni siquiera pases VIP”, del grupo empresarial para beneficiar sus negocios.