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El presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha sido denunciado ante la Fiscalía por la Comisión de Ética y Bueno Gobierno de la institución insular, encargada de elaborar un informe sobre las actuaciones de Córdoba y de los consellers de Sa Unió (una coalición local de derechas conformada por el PP y Compromís) en la crisis de gobernabilidad que sufre la entidad desde hace ya un año.
Según Radio Illa, Córdoba está denunciado por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos. En concreto, la Comisión de Ética y Buen Gobierno ha comunicado a la Fiscalía que Córdoba habría utilizado a uno de los letrados del Consell Insular para elaborar las alegaciones con las cuales busca, por un lado, recusar a dos de los cinco miembros de dicha Comisión Ética y, por otro lado, la suspensión del proceso de entrega al pleno del Consell Insular del informe elaborado por este órgano. El documento fue aprobado por unanimidad el pasado 2 de octubre.
La Comisión de Ética y Buen Gobierno asegura que el escrito de Córdoba, que contaba con su firma personal, no fue redactado por él, sino por un funcionario público, y que lo ha descubierto después de analizar los metadatos extraídos de este documento digital. En su escrito, la Comisión recuerda que los letrados insulares tienen la función defender al Consell Insular como institución, en ningún caso la de asumir la defensa jurídica de Córdoba. “Resulta sorprendente” que utilice los servicios de un funcionario público “para la defensa de lo que son sus intereses puramente privados”, afirma la Comisión de Ética y Buen Gobierno.
Asimismo, el órgano considera que es “sorprendente” que el citado letrado esté implicado en las tareas de la propia Comisión de Ética y Buen Gobierno, ya que ejerce como secretario accidental, en sustitución del secretario insular titular. Gracias a ello habría obtenido acceso a las actas e, incluso, habría asistido a dos de las reuniones, además de participar en los debates. Para la Comisión de Ética y Buen Gobierno, esto implica una “contradicción” y existe un “evidente conflicto de intereses”.
El pasado mes de marzo el pleno insular aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE con la finalidad de que la Comisión de Ética y Buen Gobierno elaborase un dictamen consultivo sobre los compartimentos de los miembros del entonces equipo de Gobierno implicados en la crisis política del Consell Insular de Formentera. Forma parte del órgano Josep Marí (Gent per Formentera), que ejerce de presidente. También están incluidos los vocales Javier González Granado (notario), Neus Costa (docente retirada) y Lídia Serrano (letrada del Consell) y el secretario titular Àngel Custodio Navarro (secretario del Consell).
La institución insular sufre una crisis de gobernabilidad después de que Córdoba fuera acusado de pedir sobornos al PP y a la presidenta Marga Prohens. Mientras, él asegura que es Sa Unió quien tiene problemas económicos porque necesitaba dinero para pagar el alquiler de su local en la capital de la isla. Entre tanto, la actividad del Consell Insular está paralizada: Córdoba lo dirige solo y ha asumido las competencias de los políticos que han dimitido o que él ha echado.
Córdoba está tranquilo
Córdoba se ha mostrado tranquilo tras conocer que ha sido objeto de una denuncia ante la Fiscalía por malversación. En declaraciones a Europa Press, el también diputado del Parlament balear ha acusado a la Comisión de Ética y Buen Gobierno de actuar con mala fe. El presidente insular ha lamentado la filtración de un informe que tenía que presentarse en el pleno y que ha pedido que se paralizara hasta que se resolviera la recusación. Según él, es “un movimiento más” de las personas que quieren expulsarle.
Por su parte, el PSIB-PSOE de Formentera ha denunciado públicamente este martes que Córdoba mantiene “secuestrado” el Consell Insular. También ha criticado que Córdoba evite convocar un pleno -que tenía que celebrarse este martes-. Según han dicho, el presidente se niega a presentar el informe de la Comisión de Ética, algo “absolutamente inadmisible”.