El Gobierno del PP de Ibiza no envió a la Sindicatura de Cuentas un contrato que investiga el juzgado por corrupción

El Consell Insular d’Eivissa, donde gobierna el Partido Popular por mayoría absoluta, no remitió a la Sindicatura de Comptes -el órgano de fiscalización de la actividad económica, financiera y contable del sector público balear-, a fecha del 17 de agosto de 2021, uno de los expedientes que está siendo investigado en el presunto caso de corrupción vinculado a la campaña turística de ‘La vida islados’, según se desprende de la documentación consultada por elDiario.es.

El conocido fiscal anticorrupción Pedro Horrach Arrom, entonces abogado de María Ana Tur Díaz -Interventora del Consell Insular d’Eivissa, presunta víctima de la causa que se investiga-, solicitó por registro de entrada a la Sindicatura de Comptes si el Consell Insular d’Eivissa incluyó, en la relación de expedientes de contratación del año 2020, el expediente de referencia 2020/00006530H de contratación seguido mediante procedimiento de emergencia. Maria Eulàlia Mas Espinosa, secretaria general de la Sindicatura de Comptes, respondió que este expediente no constaba en la relación certificada de contratos correspondiente al ejercicio de 2020, tramitada por el Consell Insular d’Eivissa el 17 de agosto de 2021.

A partir de la documentación remitida por la máxima institución insular, la Sindicatura de Comptes realizó el trabajo de fiscalización para la elaboración del informe 223/2023 de las subvenciones y de los contratos del Consell Insular. Es un informe que realiza anualmente el organismo público balear sobre las diferentes administraciones públicas de las Islas. Dado que este expediente no estaba incluido dentro de la relación de expedientes del ejercicio 2020, sobre el cual se seleccionó la muestra, el citado expediente no fue objeto de fiscalización. Es decir, sobre la cantidad ingente de expedientes que recibe cada año la Sindicatura de Comptes, el órgano de fiscalización selecciona una muestra. Por tanto, no se analizan todos los expedientes que llegan.

Posteriormente, en fecha del 21 de julio de 2022, el Consell Insular d’Eivissa realizó un segundo envío de la relación certificada de contratos del ejercicio 2020 en la cual, según la Sindicatura de Comptes, tampoco constaba ningún expediente con el número de referencia 2020/00006530H, que es uno de los expedientes que investiga el juzgado en el marco de la campaña turística ‘La vida islados’.

Este expediente se refiere a una de las actuaciones de la campaña de promoción turística bajo el nombre ‘La vida islados’. El 18 de junio de 2020, el Consell d’Eivissa declaró la tramitación de emergencia de una campaña extraordinaria de promoción turística de 745.000 euros. Entre las actuaciones, figuraba un contrato de 250.000 euros adjudicado a Fuera de Escena Ibiza S.L en el marco de la campaña ‘La vida islados’. En la primera de las facturas presentadas por parte de la empresa por valor de 164.257,50 euros (el vídeo de la campaña #LaVidaIslados), Intervención (el órgano de fiscalización del Consell Insular) emitió un informe, el 17 de agosto de 2020, que ponía de manifiesto “graves deficiencias e irregularidades en la tramitación del expediente en cuestión”, y concluía que “procede la declaración de nulidad de pleno derecho del expediente y el inicio de un procedimiento de revisión de oficio”. Este expediente, que hace referencia al reparo que puso Intervención, es el que no ha sido fiscalizado por la Sindicatura de Comptes.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consell Insular d’Eivissa para consultarle cuáles son las razones por las que no se ha enviado este expediente a la Sindicatura de Comptes. Fuentes de la máxima institución insular señalan a este diario, en relación a esta cuestión, que “ya se ha aclarado en el juzgado”. “Este expediente sí se subió con otro número que le dio el sistema, pero el expediente consta”.

Este diario se ha puesto en contacto también con la Sindicatura de Comptes para aclarar la información anteriormente recabada. Fuentes del órgano de fiscalización balear afirman a elDiario.es que la referencia 2020/00006530H “no corresponde estrictamente a ningún expediente de los tramitados por el Consell Insular d’Eivissa a la Sindicatura de Comptes”. Es decir, que el órgano de fiscalización balear no ha recibido ningún expediente con ese número de referencia.

En un segundo envío de la relación de contratos del ejercicio 2020, señala la Sindicatura de Comptes, “consta un expediente con otro número de referencia que podría ser el expediente objeto de la consulta -es decir, el que está siendo investigado por la justicia-, el cual no constaba dentro de la primera relación certificada de contratos correspondiente al ejercicio 2020, tramitada por el Consell Insular d’Eivissa”. El órgano de fiscalización balear señala que la elaboración del Informe 223/2023 de las subvenciones y de los contratos del Consell Insular d’Eivissa del año 2020 se realizó a través de la selección de expedientes de la primera relación certificada de contratos que se envió. “Por tanto, el expediente citado no fue objeto de fiscalización”, señalan las mismas fuentes de la Sindicatura de Comptes.

El origen del caso

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa por presuntos delitos de prevaricación, conflicto de interés, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, coacciones y trato denigrante, en el marco de la campaña turística ‘La vida islados’. Marí siempre ha negado las acusaciones, que ha atribuido a una “campaña mediática” del PSOE en su contra, ya que, según argumenta, fueron los socialistas quienes denunciaron los hechos ante la Oficina Anticorrupción, que a su vez envió el caso a la Fiscalía, la cual terminó presentando una denuncia ante el juzgado.

Los hechos tienen su origen en junio de 2020, durante la primera ola de la pandemia, cuando el Consell Insular d’Eivissa, mediante decreto de presidencia, declaró la tramitación de emergencia (es decir, sin pasar por concurso público ni negociado -con o sin publicidad-) de la contratación de diferentes actuaciones en el marco de una campaña de promoción turística extraordinaria en la isla. La campaña en su conjunto, que constaba de diferentes contratos, se adjudicó por 745.000 euros, entre ellos, el contrato asignado a Fuera de Escena Ibiza S.L. por 249.018 euros para la producción y el rodaje de ‘La vida islados’, que protagonizó la actriz Olivia Molina.

Intervención declaró “nulo de pleno derecho” uno de los contratos

Dos meses más tarde, Intervención (órgano de control y fiscalización del Consell d’Eivissa) emitió, a través de la viceinterventora, un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza S.L. por un importe de 164.257,50 euros, haciendo referencia al artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y al artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Intervención argumentaba que el expediente se amparaba en una norma que “no es de aplicación al caso” (el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19) y, entre otras cuestiones, sostenía que en el expediente “no se justifica la concurrencia de los hechos objetivos que habilitan para la utilización del procedimiento de emergencia”, establecidos en el artículo 12 de la LCSP, instando a iniciar el procedimiento de la revisión de oficio.

Semanas más tarde, durante el mes de septiembre de 2020, el Consell d’Eivissa, mediante decreto de presidencia, levantó el reparo suspensivo formulado por Intervención, de acuerdo con el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “resolviendo la discrepancia a favor de continuar con la tramitación del citado expediente”, es decir, continuando con el procedimiento iniciado por el departamento de Promoción Turística. “Es un expediente administrativo (el que hace referencia a ‘La vida islados’) que tiene más de 200 folios y que está avalado por diferentes informes jurídicos. Es cierto que Intervención puso un reparo, pero se ha levantado en virtud de informes jurídicos de la jefatura de Servicio de Presidencia”, explicó el vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, en declaraciones a IB3.

La funcionaria denunció “presiones”

Durante el pleno ordinario del Consell Insular, celebrado el 25 de septiembre del 2020, el presidente de la institución Vicent Marí, anunció la decisión adoptada por su Ejecutivo en cuanto a continuar con la campaña turística ‘La vida islados’, pese al reparo de Intervención, y criticó duramente a la viceinterventora que había realizado el informe, aunque sin nombrarla directamente.

“En este Consell hay dos tipos de servidores públicos. Los políticos y los funcionarios o personal laboral. Todos tenemos una función y unos objetivos, que son trabajar para los ciudadanos, mejorar los servicios públicos y facilitarles las gestiones. La gran mayoría trabaja y se esfuerza para cumplir con su obligación, pero, por desgracia, siempre hay una minoría que no tiene claro ni valora su situación, que cabría calificar, en algunos casos, de ‘privilegiada’, por el hecho de ser un servidor público. En ningún caso peligran sus retribuciones como ocurre en otros oficios y profesiones”, reprobó Marí, en referencia a la dura situación económica que pasaban muchas familias durante la pandemia de coronavirus, censurando el informe de Intervención -realizado a través de la viceinterventora-.

Cuando el caso llegó a la Oficina Anticorrupción, el organismo público balear -hoy día ya extinto después de que el Govern de Marga Prohens (PP) lo eliminara- decidió ponerse en contacto directamente con María Ana Díaz Tur, quien afirmó en la sede del ente público que sufrió “presión laboral, amenazas de despido y presiones” por parte de Marí. Unos episodios que se habrían producido, según la funcionaria, durante el periodo en el que ella trabajaba en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), cuando Vicent Marí era alcalde del municipio.

El presidente del Consell d’Eivissa afirmó que desconocía la situación de acoso laboral que narró la funcionaria a la Oficina Anticorrupción y negó tal extremo, si bien el organismo público afirma tener en su poder “informes médicos donde hay constancia de la presión a la que se veía sometida por causas laborales”, a los que Marí no pudo tener acceso en su momento. El 9 de octubre de 2020, “el especialista diagnosticó a la señora Tur lesiones en codo y ambas piernas de aparente origen psoriásico por carga emocional (estrés)”, comenta la Oficina Anticorrupción en su informe.

El informe médico, recogido por la Oficina Anticorrupción, aportaba que “la paciente presenta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a problema laboral, con ansiedad flotante, sensación de ahogo, taquicardias, opresión en el pecho, tensión muscular, pérdida de confianza en sí misma, tristeza y exacerbación de síntomas somáticos como alopecia y la psoriasis”. “Se siente descalificada y presionada. Tiene miedo a las represalias por realizar correctamente su trabajo”, aseguraba el documento.

Marí niega ser el causante del estado psicológico de la funcionaria

La defensa de Marí no niega el estado psicológico de la interventora, aunque matiza que “los médicos no informan sobre autorías, que es lo que está pidiendo la parte que propone la prueba pericial forense”. La defensa legal de Marí insiste en que “hace años que no tiene contacto” con la denunciante, por lo que las presuntas coacciones no pueden haberse “recrudecido” en la actualidad.

La conclusión de la Oficina Anticorrupción es que la crisis de ansiedad de la viceinterventora “fue a raíz de la nota de reparo interpuesta a la factura, fruto de la cual se provocaron las discrepancias con el presidente del Consell d’Eivissa”, Vicent Marí. “Finalmente, y por necesidades de salud”, la señora Tur tomó posesión de una plaza en el Ajuntament de Ripollet (Barcelona) en noviembre de 2020 para luego volver a su plaza en el Consell Insular.

“La relación laboral entre el presidente del Consell Insular y la viceinterventora puede ser considerada como acoso laboral o coacciones, si durante doce años la viceinterventora del Consell (que se trasladó del Ajuntament de Santa Eulària al Consell Insular, según su testimonio, porque la situación con Vicent Marí, alcalde en ese momento, perjudicaba su salud) ha ejercido sus funciones sin ningún problema, y cuando el señor Marí toma posesión del cargo de presidente del Consell Insular, la viceinterventora vuelve a solicitar el traslado”, argumenta el ente público.

Por estos motivos, la Oficina Anticorrupción considera que “podrían haberse producido actuaciones por parte del señor Marí tendentes coaccionar a la viceinterventora” teniendo en cuenta varios criterios. Primero, que a partir de unos informes desfavorables o notas de reparo, “comienzan las presiones” para que los “cambie” o “se le comunica que su actuación tiene consecuencias negativas para el Ajuntament de Santa Eulària primero y el Consell d’Eivissa posteriormente”. La Oficina afirma que “se produce un trato denigrante públicamente y se le presiona con todas estas actuaciones para que no aplique la normativa vigente y elimine las posibles pegas en sus informes de intervención”.

Marí, sin embargo, insistió en que “en ningún momento he realizado ningún tipo de represalia contra la Sra. Tur” ni ha “permitido tampoco que se realice ningún tipo de actuación lesiva contra ella”, en un escrito presentado ante la Oficina Anticorrupción. Es la misma posición que defendió el presidente del Consell d’Eivissa en sede judicial, durante la fase de instrucción del procedimiento. El plazo de la fase de instrucción termina el 15 de septiembre de 2024, según informó Diario de Ibiza, debido a la complejidad de la causa que se instruye.