El Govern balear del PP archiva la causa contra el conseller de Vox que llamó “cruzada de liberación” a la guerra civil

El Govern del PP en Balears ha archivado la denuncia interpuesta contra David Gil, portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, quien el pasado mes de febrero se refirió al golpe de Estado fascista de 1936 como “la última cruzada de liberación”, haciendo apología de la guerra civil y de la dictadura franquista mientras se debatía una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos.

Así lo han determinado los juristas de la Conselleria de Presidencia -responsable en materia de memoria democrática-, quienes han elaborado un informe en el que reconocen que la expresión empleada es “desafortunada”, si bien consideran que no están contempladas en el tipo infractor del artículo 36 de la Ley de memoria democrática, que regula las infracciones graves y las tipifica con sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros.

No sólo eso. Los abogados aseveran que, durante el discurso que efectuó Gil en el pleno del Consell del pasado 8 de febrero -en el que pronunció las expresiones denunciadas-, Vox defiende una “política de reconciliación y concordia” que “no abre heridas, sino que busca cerrarlas al promover un relato que abarque a todas las víctimas”.

Los juristas inciden incluso en que el conseller de Vox aludió al golpe de Estado y a la Guerra Civil como una “tragedia”, por lo que consideran que esto no es un “enaltecimiento” de estos hechos históricos, aunque recuerdan el “perjuicio” que causa el uso de esta “desafortunada terminología”.

Tras conocer el archivo de las pesquisas, el PSIB-PSOE ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y al presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, lo que ha considerado como una “deriva neofranquista”. Los socialistas lamentan, además, que el cierre de las investigaciones se produzca días después de que la formación de extrema derecha iniciase los trámites para derogar la Ley de memoria democrática de Balears.

En un comunicado, el PSIB recrimina que, con su expresión, Gil defendió la “legitimidad” del golpe de Estado ante el “estupor de los presentes” y la “permisividad” del presidente del Consell, a quien han responsabilizado de la “dirección del debate”, criticando asimismo que el Govern archive la causa por “no considerar suficientemente lesivas las afirmaciones hechas en público”, aunque las “haya lamentado”.

“Evitar la persecución de delitos de odio y enaltecimiento de genocidas supone volver a la cultura del castigo y la humillación, y retroceder en el camino de la recuperación de la dignidad de los cientos de miles de personas que fueron represaliadas y asesinadas en el transcurso de un Golpe de Estado, que ahora Vox abandera con la connivencia del PP”, alegan.

Según los socialistas, que se evite la aplicación de las normas ante estos hechos “demuestra hasta qué punto el PP ha asimilado los postulados antidemocráticos y abiertamente golpistas de Vox”. Así, han censurado que se hayan favorecido “actuaciones contrarias a la convivencia” por la “simple conveniencia política de Prohens”, para “salvaguardar el pacto entre PP y Vox que sostiene el Govern y Consell de Mallorca”.

El Grupo Socialista en el Consell “ha deplorado” esta actitud del PP que, a su juicio, pone por delante “el interés personal de Prohens para mantenerse en el Consolat de Mar [sede de la presidencia del Govern balear] a cualquier precio”, por encima de “hacer cumplir las normas que anteriormente su formación fue capaz de pactar”, y ha puesto el ejemplo de la Ley de memoria democrática.

Finalmente, el PSIB ha remarcado que su “compromiso” estará “siempre con la reparación, la dignidad y la justicia” de las personas y familias de las víctimas del franquismo y que, desde su punto de vista, “vuelven a ser revictimizadas” con estas actitudes del PP. Por estos motivos, ha reiterado la voluntad de denunciar y perseguir “cualquier vulneración” hasta la última instancia para evitar que “los responsables queden impunes”.

Podemos, por su parte, interpuso una denuncia contra Gil ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito. La formación morada recuerda que, en los días posteriores, el conseller de Vox, “lejos de mostrar arrepentimiento”, mantuvo sus declaraciones, “justificándose en el hecho de ser ‘un buen católico’”.

Los pactos entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo están teniendo severos efectos en una de las grandes batallas ideológicas de la derecha: la memoria histórica. En Balears, la extrema derecha registró la semana pasada en el Parlament balear la Proposición de Ley que propone la derogación de la Ley de memoria democrática de las Islas, aprobada en 2018 durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol. La supresión de esta normativa figura en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y Vox, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.