LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El Govern balear liderado por la popular Marga Prohens no permitirá construir ni legalizar nuevas edificaciones en zonas inundables, como ya tenía previsto el Ejecutivo. Sin embargo, tras un acuerdo alcanzado con los partidos de izquierdas, tampoco autorizará que sus propietarios realicen obras en las viviendas ya construidas, entre ellas las dirigidas a evitar posibles desbordamientos, como reclamaba la oposición. Tal como han confirmado fuentes del Govern a elDiario.es, las medidas serán aprobadas este mismo viernes vía decreto que corregirá la Ley balear de simplificación administrativa impulsada este año por los conservadores. La normativa prevé agilizar los trámites urbanísticos, y además contempla una amnistía que permitirá -excepto en lugares de riesgo- legalizar construcciones edificadas de forma ilícita en suelo rústico.
El gabinete autonómico también prevé dar luz verde este viernes a otro decreto, el que suprimirá las 34 enmiendas que Vox presentó al texto de esta normativa y que los populares incorporaron por error durante la validación de la Ley en el pleno del Parlament del pasado 26 de noviembre. Entre las medidas que la extrema derecha quería 'colar' en el texto se encuentran la supresión del catalán en la función pública y la autorización para construir en áreas de máxima protección, además de la posibilidad de edificar en zonas de servidumbre de Costas, legalizar campos de polo en zonas especialmente vulnerables y retroceder en ámbitos de igualdad e identidad de género en la educación.
Tras negarse los de Santiago Abascal a repetir la votación en la misma sesión plenaria, el vicepresidente económico del Ejecutivo, Antoni Costa, anunció de inmediato la aprobación de un decreto que invalide las enmiendas, aprobadas, como precisó en varias ocasiones, por un “error humano”. La izquierda se ha comprometido a abstenerse en la votación que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana, cuando la Cámara autonómica valide los dos decretos. A cambio, el PP también se abstendrá cuando se vote la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, entre otras medidas, impusieron los de Abascal al inicio de legislatura a cambio de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recuerda a las víctimas del franquismo seguirá, por tanto, vigente en Balears.
La intención de tumbar las enmiendas de Vox al articulado de la Ley de simplificación administrativa se convirtió en la génesis de una crisis entre PP y Vox que detonó esa misma tarde, cuando la extrema derecha decidió echar por tierra en primera votación los Presupuestos autonómicos de 2025 y vació de contenido tanto el articulado como las secciones que componen el texto de estas cuentas. Ante la falta de acuerdo, Prohens se ha visto obligada a retirar el proyecto y a prorrogar las cuentas de 2024 hasta que “se den las condiciones” para aprobar las del próximo año -los 26 escaños que suman el PP y un diputado de la derecha local de Formentera no le dan la mayoría suficiente- y se selle un nuevo pacto que permita sacar los números adelante.
Cabe recordar que el decreto de simplificación administrativa fue impulsado el pasado mes de mayo, antes, por tanto, de que la DANA devastase a finales de octubre varios municipios de la Comunitat Valenciana y dejase más de 200 fallecidos. El texto permitía inicialmente la legalización y la construcción de viviendas en zonas de riesgo, pero lo sucedido en octubre llevó a los populares a replantear la normativa. Hasta el momento, los conservadores mantenían su intención, si bien no de legalizar ni construir en estos lugares, sí de permitir la realización de obras en las edificaciones ya existentes. Unas medidas que finalmente ha echado hacia atrás fruto de su acuerdo con la izquierda, tal como han señalado fuentes de la negociación de elDiario.es.
La aprobación de la Ley hace dos semanas fue fervientemente criticada por los grupos de izquierdas, que ven en ella, más allá del acuerdo alcanzado sobre zonas inundables, una “ruptura del consenso” en materia de disciplina urbanística en las islas así como una sucesión de las políticas de “perversión y abuso territorial” impulsadas por los expresidentes populares Gabriel Cañellas, Jaume Matas y José Ramón Bauzá, de las que, en palabras de la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, Prohens es “una digna sucesora”.
Por su parte, la diputada socialista Mercedes Garrido recriminó que esta Ley persigue en realidad beneficiar los negocios privados, que se verán “favorecidos” por la supresión de la Comisión balear de Medio Ambiente, la legalización “a la carta” del polígono del municipio mallorquín de Campos -cuya situación irregular motivó una ardua investigación por parte de la extinta Oficina Anticorrupción, denuncia hoy en manos de la Fiscalía- y la “legalización de los negocios en manos de los especuladores, que ven cómo sube de precio su vivienda”. Respecto a las disquisiciones sobre las zonas en riesgo de desbordamiento, la parlamentaria lamentó que, “sin la desgracia” ocurrida en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA, “hoy [en el PP] verían totalmente normal construir en zonas inundables, legalizar y reformar casas ilegales”.
Finalmente, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez recriminó que, con esta normativa, se “favorezcan los pelotazos urbanísticos” y se beneficie “a los de siempre mediante un urbanismo a la carta”. “Y no es una forma de hablar: toda la gente que tiene casas que deberían ser para los agricultores de repente son casoplones. Han eliminado la Comision de Medio Ambiente al considerarla un órgano político y la han sustituido por un único cargo político”. Según el grupo ecologista GOB, con la aprobación de esta Ley “habrá consecuencias graves para la protección de los recursos naturales y del suelo” en las Islas, cuyos ciudadanos se movilizaron masivamente a mediados de este año para exigir cambios en una política económica basada en el monocultivo turístico.