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El Govern balear del PP estudia la posibilidad de que las viviendas en suelo rústico que se legalicen a través del Decreto de Simplificación Administrativa puedan destinarse al alquiler turístico pasados unos años, una información adelantada por Última Hora y que han apuntado los expertos con anterioridad. El catedrático Macià Blázquez-Salom advirtió a elDiario.es hace unos días que la amnistía urbanística que el Govern planea en suelo rústico supone una clara amenaza. “Hay operaciones de venta de fincas que están paralizadas porque ahora mismo son casas ilegales y, con su legalización, pueden seguir el camino hacia el alquiler vacacional”, comentó el geógrafo en este reportaje.
Las sospechas quedan ahora confirmadas tras la noticia de este miércoles del diario Última Hora. Según el rotativo mallorquín, el Ejecutivo autonómico estudia que, pasados los primeros cinco años tras conseguir la legalización de una vivienda irregular, los propietarios puedan solicitar una autorización para alquilar su casa a turistas, previo pago de una multa -este mismo diario asegura que los propietarios de las viviendas donde se han hecho obras ilegales deberán pagar más cuanto más tarden en legalizar las obras, pero que la cuantía final todavía no está definida-.
El Partido Popular, a través de la portavoz adjunta Marga Durán, ha explicado que el decreto de Simplificación Administrativa “no está cerrado”, pero que, en todo caso, “las plazas que haya disponibles dependerán del techo que tenga marcado cada Consell Insular y las condiciones y requisitos los marcarán los Consells”.
La oposición, en contra
La posibilidad de que las edificaciones en suelo rústico que se regularicen a partir del decreto de Simplificación Administrativa puedan destinarse en unos años al alquiler turístico en Balears ha generado las críticas del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.
En las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de este miércoles, los portavoces de los grupos de la oposición han mostrado su rechazo a dicha posibilidad, al considerar que “invita a la gente a hacer las cosas mal, porque ya vendrá el Govern y lo arreglará”, ha dicho el ecosoberanista Lluís Apesteguia.
Asimismo, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha considerado que incluir esta medida en el decreto sería “malvender las Islas”. “El PP dice que pagando una sanción de un 15 por ciento -Última Hora asegura que en un primer momento el Govern valoró la posibilidad de que la sanción fuera de un rango de entre el 15 y el 25% del valor de las obras de legalización, aunque quizá module las sanciones en función de los niveles de renta de los infractores- dará barra libre a todo el mundo”, ha apuntado.
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha definido la medida como “la perversión absoluta de la turistificación en todas las islas”, mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha arremetido contra el Govern, que “sólo piensa en dar alojamiento a los turistas”.