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El Govern balear del PP, mediante la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha interpuesto este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, se ha autorizado también a la Abogacía a formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.
Según argumenta la Abogacía de la CAIB, la Ley “vulnera” el principio de separación de poderes porque supone “la vulneración de manera flagrante de la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional, dado que priva de efectos las sentencias, posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar el poder judicial en sus funciones y considerar antijurídica la legislación que en su día aplicaron los tribunales de justicia, al borrar con efecto retroactivo delitos que eran vigentes cuando el poder judicial los aplicó”.
Igualmente, considera que la Ley de Amnistía es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución. A juicio del Govern, la Ley “no tiene cabida” dentro del marco constitucional vigente porque “vulnera” el principio de igualdad del artículo 14 CE y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En esta línea, apuntan que la Ley “reconoce un privilegio” a unos ciudadanos por el “solo hecho de haber llevado a cabo las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada”. A la vez, la Abogacía señala que se trata, por lo tanto, de “un privilegio del cual no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni, obviamente, los residentes en Baleares”.
Con todo, expone que los poderes públicos de las Islas tienen que velar por el cumplimiento de las prescripciones y el espíritu de la Constitución y, por ello, el Govern está legitimado para recorrer contra las leyes del Estado que “no sean compatibles” con los valores que expresa la Constitución.