El Govern balear del PP someterá a pruebas dentales a los migrantes para saber si son menores a cambio del apoyo de Vox a sus Presupuestos

Vox continúa apretando las tuercas al PP en Balears para arrancarle distintas medidas a cambio de brindar su apoyo a los Presupuestos de 2025. Y los conservadores siguen plegándose a las exigencias de la formación de extrema derecha a pesar de la ruptura de los acuerdos autonómicos de gobernabilidad entre ambas formaciones. Entre tales exigencias, el Govern balear, en manos de los populares, ha aceptado, a propuesta de los de Santiago Abascal, llevar a cabo pruebas dentales a los migrantes que lleguen a las islas para determinar si son menores de edad, al considerar que los estudios óseos actuales “tienen un margen de error de cinco años”, tal como han confirmado a elDiario.es fuentes del PP.

Este lunes, la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, manifestaba que los populares habían expresado su conformidad con esta medida y, en este contexto, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que “deje de mirar hacia otro lado” y “utilice todos los recursos disponibles para frenar este descontrol”, en alusión a la llegada de migrantes a Balears. Cañadas ha subrayado que la medida propuesta entra en las competencias del Ejecutivo autonómico.

La portavoz ha deslizado que algunos partidos políticos -refiriéndose principalmente al PSOE y al PP- han cambiado el relato en materia de inmigración “cuando han visto que pierden votos”. Según Cañadas, “ahora tienen el discurso de Vox”, que se basa en la “necesidad urgente de acabar con la inmigración ilegal”, augurando que el resto de partidos “lo cambiarán cuando vean que los votos se les escapan”.

Cañadas ha concluido que los populares han entendido en los últimos meses que no tienen mayoría absoluta y que los votos de Vox son necesarios. “Ya vemos el cambio de discurso en el tema de inmigración y estamos negociando otro tipo de medidas de diferentes ámbitos y por supuesto no renunciamos a nada de lengua y de educación”, ha agregado.

Cabe recordar que el pasado 22 de octubre, y tras varias semanas de negociaciones, el Govern del PP sacó adelante su propuesta de techo de gasto de 2025 gracias a la abstención de Vox, que, a cambio, logró el compromiso de los populares de que no accederán al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchar contra la “inmigración y ocupación irregular”.

El PP necesitó además de los votos del diputado por Formentera Llorenç Córdoba y del exdiputado de Vox Xisco Cardona, así como de la abstención de otro exparlamentario de este partido, apoyándose así en “tránsfugas”, como lo calificaron desde la oposición, para sacar adelante un límite de gasto fijado en 6.562 millones de euros que los conservadores consideran “histórico”. Frente a ello, los grupos de izquierdas acusan al Govern de “maquillar” sus números, que considera “insostenibles” y dirigidos a “inyectar más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”.

De igual forma, el año pasado, los conservadores ya se plegaron a las exigencias de la extrema derecha a la hora de aprobar los Presupuestos de 2024, como el compromiso de destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán y eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos. “Vox no extorsiona a nadie, sólo se arrodilla ante Dios”, llegó a proclamar entonces la que fuese portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas.

Los análisis dentales, “ilegales”

Tras conocer la medida de los análisis dentales, la coordinadora de Unidas Podemos en Balears, Lucía Muñoz, ha asegurado que estas pruebas “son ilegales” y ha tildado la idea de “nauseabunda”. La también regidora del Ajuntament de Palma se ha referido a la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en junio de 2021 y de la que fue ponente en el Congreso de los Diputados.

Muñoz ha recordado que ésta incluye una disposición que modifica la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que prohíbe someterlos a pruebas médicas que conlleven “desnudos integrales, exploraciones genitales u otras especialmente invasivas” para determinar su edad. Asimismo, recoge la necesidad de que estos análisis sean sometidos a un principio de celeridad, cuenten con el consentimiento del afectado y se realicen de una forma que respete su dignidad y no suponga un riesgo para su salud.