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El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto ley de simplificación administrativa que pretende, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, acabar “con los embudos burocráticos” y que la administración “deje de generar problemas y ser un ente facilitador e impulsor de la inversión”.
El decreto contempla, como ya se había adelantado, la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente y su transformación en un organismo que, según la versión de los populares, tome las decisiones desde un punto de vista estrictamente técnico y en un tiempo razonable.
El decreto que finalmente ha visto este viernes y que se tramitará como proyecto de ley contiene la regularización de viviendas fuera de ordenación que, al final, no se podrán destinar a alquiler turístico. La norma, además, abre la puerta a que los consells insulares externalicen las inspecciones técnicas de vehículos con el objetivo de agilizar estas revisiones y evitar las recurrentes listas de espera y los problemas para conseguir cita.
Supresión de la Comisión de Medio Ambiente
En virtud del decreto, la Comisión Balear de Medio Ambiente deja de funcionar como un órgano colegiado y pasa a operar como un departamento técnico, con lo que se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas. El órgano ambiental se integrará en la actual Dirección General de Coordinación y Armonización Urbanística, que pasará a denominarse Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental.
La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas. Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.
WWF España o Greenpeace se oponen
Esta medida ha sido rechazada por 16 organizaciones ambientales, que han pedido este viernes, a través de una carta dirigida a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que mantenga la Comisión de Medio Ambiente como una herramienta para “garantizar el futuro ambiental de las Islas”.
En nota de prensa, los colectivos han destacado la “independencia” de la Comisión, que data del año 1986, debido a que está formado por representantes de diferentes administraciones, instituciones y asociaciones de la sociedad civil “que aportan variados y constructivos puntos de vista”. Asimismo, los firmantes han remarcado que es un órgano que “evalúa todos los expedientes que llegan con el máximo rigor”, por lo que vela “por la conservación de los valores ambientales más preciados y representativos”.
En todo caso, han propuesto que se dote a la Comisión de los medios necesarios para agilizar su funcionamiento ante la “excesiva y prolongada” tramitación que hay en la actualidad de los expedientes. En vez de su supresión, piden que “se trabaje en su modernización”.
Las entidades adheridas a la carta han sido Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera, Amics de la Terra de Ibiza, la Asociación de Productores Ecológicos de Ibiza y Formentera (Apaeef), así como la Fundación Cleanwave, el Grupo de Amigos en Defensa del Medio Ambiente (Gadma), GEN-GOB, GOB-Mallorca, GOB-Menorca, al igual que Greenpeace España, Iniciativa de Custodia del Territorio de Baleares (Ictib), Marilles, Save the Med, SEO/BirdLife, SHNB, SOM y WWF España.
Legalizaciones en rústico
Además de la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente, el conocido también como decreto ómnibus prevé que las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación se podrán legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años.
Esta medida se dirige únicamente a edificaciones, construcciones y edificaciones contra las cuales la Administración ya no puede actuar, porque se trata de infracciones prescritas, contra las cuales ya no es posible una sanción ni el restablecimiento de la legalidad urbanística.
Se podrán acoger a esta medida extraordinaria aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones construidas ocho años antes de la entrada en vigor del texto.
A cambio de la legalización, los propietarios tienen que asumir el pago de contraprestaciones económicas que despenderán del momento de la regularización y la adopción de medidas medioambientales.
Además, se tendrá que presentar un proyecto técnico para la adaptación a criterios de sostenibilidad ambiental con medidas que supongan reducción de la contaminación lumínica y un incremento de la eficiencia energética o hídrica de la edificación, la construcción o la instalación mediante la utilización de materiales, técnicas y sistemas constructivos, cambio de instalaciones, generación de energía renovable, instalaciones de depósitos de agua o cualquier otro sistema de reducción del consumo energético o hídrico de la red, y también sistemas de depuración de agua adecuados.
El PSOE defiende que es una amnistía urbanística
El partido de la oposición, el PSIB-PSOE, ha criticado la aprobación del decreto ley de simplificación administrativa que modifica unas 50 leyes “sin consensos ni ningún dato”. El portavoz de la formación en el Parlament, Iago Negueruela, ha añadido que con esta aprobación se “pone en duda” la intención del Govern de avanzar hacia un pacto para la sostenibilidad.
El socialista ha señalado que con esta aprobación se pone en juego el futuro de las próximas generaciones. “Ni se ha evaluado el impacto que esto tendrá en las generaciones futuras”, porque entre otros aspectos supone “la legalización más grande en suelo rústico de la historia”. “Legalizan una parte del rústico de las Islas, legalizan piscinas en rústico, legalizan todo aquello que era ilegal, y que decían que querían combatir, lo acaban de legalizar ahora de un plumazo”, ha afirmado.
Ante este escenario, los socialistas han mantenido que la presidenta del Govern sigue con un doble discurso y que no hace ni políticas de sostenibilidad ni de pacto. Han acusado a la líder del Ejecutivo de “engañar a la sociedad civil” aprobando un decreto ley que legaliza el suelo rústico y las piscinas y pone en riesgo las generaciones futuras.
Para los socialistas, lo que consideran una amnistía urbanística llega al punto de bonificar las sanciones en las regularizaciones, además de permitir los aparcamientos en suelo rústico, suprimir la Comisión Balear de Medio Ambiente y los controles medioambientales, privatizar la gestión de los permisos públicos y poner en riesgo la situación medioambiental de Balears.