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El Govern del PP aprueba el decreto contra la saturación turística en Balears en plena crisis con los hoteleros

Turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma

Esther Ballesteros

Mallorca —
11 de abril de 2025 13:17 h

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El Govern balear del PP ha aprobado el decreto de contención turística con el que contempla hacer frente a la saturación que cada año roza límites extremos en las islas y cuya aprobación le ha costado al Ejecutivo un duro enfrentamiento con el sector hotelero, que ha llegado a tildar de “aberrante” y “escandaloso” el contenido del nuevo reglamento. La principal medida que incluye el decreto pasa por desbloquear y reactivar 90.000 antiguas plazas de alquiler turístico que habían sido dadas de baja debido a su situación irregular, una propuesta que ha sido severamente criticada por los hoteleros so pretexto de que esas viviendas podrían recuperar su uso residencial con el objetivo de destensionar el mercado de la vivienda.

“Ha llegado el momento de la comprension y la excelencia; no queremos más, sino mejor. Es hora de condenar lo malo a la desaparición”, ha recalcado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, tras la aprobación de la iniciativa en el Consell de Govern celebrado este viernes. Por su parte, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha querido dejar claro que el Ejecutivo “no apuesta por el decrecimiento”, sino por que haya “cero plazas más”.

Durante su intervención, Costa ha respondido a las críticas vertidas por el PSIB-PSOE contra el decreto, según las cuales el Ejecutivo prevé movilizar hasta 145.000 plazas de alquiler vacacional. Al respecto, la secretaria general de la formación, Francina Armengol, ha acusado este mismo viernes al Govern de “engañar” a la ciudadanía dado que conllevará la creación de “más plazas turísticas” y generará “más saturación y especulación urbanística”. El también portavoz del Govern ha negado tales extremos al aseverar que con la reactivación del intercambio se creará una bolsa de plazas vacía y transitoria que recogerá las plazas que se den de baja para garantizar la contención y evitar el decrecimiento.

“Supongamos que tenemos 90.000 plazas. Con la normativa actual, si una plaza se da de baja, hay 89.999. Va cayendo. Con el decreto, si una plaza se da de baja, va a la bolsa, pero sigue habiendo 90.000 plazas. Si se dan 10 de baja, estas 10 van a la bolsa y podrían volver a salir, pero siempre hay 90.000 plazas. Por lo tanto, no hay plazas adicionales”, ha argumentado Costa, lamentando que “algunos confundan contención con decrecimiento”. La comercialización de plazas, han explicado, se llevará a cabo a través de los Consells Insulars.

Entre otras medidas, el nuevo decreto, que deberá ser convalidado en el Parlament balear, contempla la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turísticos en viviendas plurifamiliares y el aumento de las exigencias de calidad para la renovación de las ya existentes. Asimismo, el Ejecutivo regulará de forma transitoria la reactivación del intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda a la espera de que los Consells Insulars fijen su propio techo de plazas y su capacidad de carga. El Govern también creará una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.

Lucha contra la oferta turística ilegal

Asimismo, como una de las principales disposiciones incluidas en el decreto, el Govern obligará a los portales comercializadores que exijan el número de registro de los alojamiento a la hora de anunciarlos, y se responsabilizará de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas en aras a intensificar la lucha contra la oferta ilegal. Las sanciones se verán incrementadas en un 25%, con multas de hasta 500.000 euros. Bauzá ha precisado que los infractores podrán beneficiarse de una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado. En ese caso, la beneficiaria de la renta será la Administración.

El gabinete de Marga Prohens también declarará zonas saturadas y zonas de reconversión, que podrán ser declaradas por los Consells insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación para dichos lugares, lo que permitirá modernizar los establecimientos turísticos en zonas maduras e impulsar proyectos de modernización de la oferta.

Otra de las medidas que el Ejecutivo autonómico había anunciado inicialmente, el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) -que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley- entre el 66 y el 200% según la categoría del establecimiento entre junio y agosto, finalmente ha quedado fuera ante la presión de los hoteleros y de Vox, formación que presta apoyo externo al Ejecutivo. A juicio de los empresarios, esta propuesta suponía un castigo a la oferta legal frente a la pasividad ante la proliferación de la oferta turística ilegal. Aunque Prohens justificó la iniciativa como una forma de compensar los impactos de la saturación turística y destinar más recursos a los residentes, las discrepancias entre patronal y Ejecutivo supuso tras su anuncio una primera grieta en la hasta entonces sólida relación entre ambas partes.

El incremento del tributo fue además una de las “líneas rojas” marcadas por la formación de extrema derecha, contraria a la subida de cualquier tipo de impuesto. En este sentido, Bauzá ha concedido que el Govern “es humilde” al reconocer que “no tiene mayoría para gobernar unilaterlamente”, aludiendo así a la cesión realizada a Vox en relación con el impuesto turístico. “Si tuviésemos mayoria, la ecotasa estaría subida, pero no tenemos el apoyo suficiente”, ha remarcado, por su parte, el vicepresidente Costa. El ITS, heredero de la 'ecotasa' aprobada en 2001 por el primer Pacte de Progrés, fue impulsado en 2016 por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol con el espíritu de minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente.

La respuesta del Govern a los hoteleros

Sobre las críticas de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), quienes recriminan la falta de medidas restrictivas en el ámbito del alquiler turístico al interpretarlo como una concesión a la “competencia desleal” que representa, Prohens señalaba esta semana que “hay muchas propuestas de los hoteleros que también están recogidas en este decreto, pero después el Govern tiene una negociación parlamentaria y toma sus decisiones”. “Los sectores económicos tienen que defender sus intereses particulares y mi obligación como presidenta del Govern es defender el interés general. Y con eso estoy muy tranquila”, sentenciaba.

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, también arremetió este jueves con dureza contra las nuevas medidas planteadas por el Govern. A través de una carta difundida en prensa, el empresario recrimina el desbloqueo de las 90.000 plazas de alquiler vacacional que, en su opinión, provocará que las islas se llenen “de turistas low-cost con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los portales, servicios públicos saturados e infraestructuras -carreteras, playas, transportes- colapsados”.

Sus críticas se encontrado de inmediato con la respuesta de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Balears (Habtur), que reprochó el hecho de que quien ha heredado y expandido uno de los mayores imperios hoteleros españoles, “construido a base de una 'balearización' que devoró litoral, territorio y recursos públicos”, ahora “se presente como un defensor de la sostenibilidad y la convivencia”. “El 100% de los beneficios de los hoteleros se quedan en sus únicas manos”, continuaban, asegurando que los del colectivo del alquiler turístico se reparten entre comercio de proximidad y las miles de familias que forman este colectivo.

Con todo, el alquiler vacacional tampoco se ha librado en los últimos años de las críticas de las entidades sociales al considerar que el auge de este fenómeno, junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre, ha disparado los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación. No en vano, muchos propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo para obtener mayor rentabilidad, lo que ha agravado la escasez de vivienda disponible para los ciudadanos locales y ha provocado la pérdida de identidad de las barriadas.

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