El Govern del PP en Balears elimina el catalán como requisito laboral en la sanidad pública

El Govern del PP en Balears ha aprobado, mediante un decreto de medidas urgentes, la eliminación del catalán como requisito laboral para el acceso a la sanidad pública, por lo que pasará a ser mérito. Con esta medida, el Ejecutivo asegura que quiere facilitar la captación de profesionales sanitarios y “poner alfombra roja” para que “el mayor número de ellos” trabaje en las islas, tal como ha informado este lunes la consellera de Salud, Manuela García. Con todo, ha señalado que pondrá a disposición de los sanitarios cursos de lengua catalana para “potenciar” que la comunicación entre los médicos y los pacientes pueda mantenerse “en absoluta normalidad”.

La supresión de este requisito fue una de las medidas anunciadas en campaña electoral por la actual presidenta de Balears, Marga Prohens, además de ser uno de los caballos de batalla de PP y Vox en los últimos años. Hasta el momento, el personal sanitario que quisiera ejercer con plaza fija debía acreditar un nivel B2 de la lengua cooficial, un requerimiento del que, sin embargo, quedó exento el personal de medicina y enfermería en el último proceso de estabilización llevado a cabo el pasado mes de diciembre.

Las islas, al igual que otras autonomías, padecen un déficit estructural de trabajadores de la salud, principalmente por las condiciones laborales y los precios de la vivienda. No en vano, la anterior consellera de Salud, Patricia Gómez, quien entre 2015 y este año fue la máxima responsable de esta área bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, manifestó, en una entrevista a elDiario.es, que durante ese tiempo no dejó de trasladarse a las islas ni un sólo sanitario por la exigencia del catalán. “Están viniendo profesionales continuamente de otras áreas de nuestra geografía o incluso del extranjero”, llegó a recalcar.

Durante la rueda de prensa que García ha ofrecido tras el Consell de Govern extraordinario celebrado este lunes, la consellera, al ser preguntada por cómo se garantizará la comunicación entre profesional y paciente en caso de que éste quiera comunicarse en catalán, ha manifestado que la relación entre médico y enfermo se establece “muchísimas” veces al día y “realmente las quejas sobre estas dificultades son muy pequeñas. Hay una parte muy importante de querer entender y mantener una buena relación”. En este sentido, ha recalcado que se llevarán a cabo cursos “para que todo el que venga a Balears pueda tener acceso a ser capaz de comunicarse y que el paciente y el celador puedan entender lo que se está realizando”. 

El Ejecutivo no prevé “problemas” con el nuevo decreto

A la pregunta de qué ocurrirá en caso de que un profesional recién llegado no entienda al paciente, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha aseverado que “se hará como se hace ahora, con la realidad sanitaria que se está viviendo”. “Siempre habrá alguien con quien pueda expresarse perfectamente en lengua catalana y siempre habrá otro profesional que podrá garantizar el derecho lingüístico de la persona en cuestión. No preveo que como consecuencia de este hecho se produzcan problemas en este sentido”, ha incidido.

En esta línea, ha aseverado que desde el Govern quieren “hacer todo lo posible” para que el personal sanitario disponga de conocimientos lingüísticos en catalán: “Intentaremos por todos los medios facilitar la formación del personal sanitario en esta lengua. Nuestro objetivo es que lo acaben alcanzando pero que no sea un requisito excluyente para que no vengan a las islas”, ha subrayado. Como ha informado, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ayudará a la Conselleria de Salud en la realización de estos cursos.

Se da la circunstancia de que en el pleno del Ajuntament de Palma del pasado 27 de julio, el PP propició la aprobación, a propuesta de Vox y con los votos en contra de PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos, de una modificación de la normativa lingüística municipal. El cambio en la norma implica que la administración local deberá dirigirse en castellano al ciudadano cuando éste se haya dirigido al Consistorio en dicha lengua, cuando antes se tenía que pedir expresamente. Del mismo modo, el dominio '.cat' de la web del Ajuntament se cambiará por el de '.es'. La extrema derecha pretendía, además, introducir el uso del castellano “en toda la práctica administrativa”, algo que no es posible dado que la Ley de Normalización Lingüística de 1986 es de ámbito autonómico. 

Acuerdo entre PP y Vox

Cabe recordar que PP y Vox alcanzaron el pasado 28 de junio a un acuerdo para investir a Prohens como presidenta del Govern balear a cambio de la participación de la extrema derecha en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de 110 medidas programáticas. En el documento, en el que los conservadores asumen gran parte del ideario de los de Santiago Abascal, ambas formaciones se comprometen a modificar las normas que “supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública”. 

En este contexto, el Govern del PP prevé poner en marcha, además, la Oficina de Libertad Lingüística, institución que sustituirá a la anterior Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y una de las condiciones que impuso Vox en su pacto de gobierno con el PP para luchar contra “la imposición del catalán”, a pesar de que esta lengua se encuentra en grave retroceso en Balears en contraposición con el castellano.

La exigencia o no del catalán para obtener plaza en la sanidad pública es uno de los debates que en Balears se suceden legislatura tras legislatura, teniendo en cuenta que el Estatut d'Autonomia reconoce, en su reforma de 2007, el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua propia en referencia al catalán), sin que nadie pueda ser discriminado por ello. Se trata de un derecho que también está recogido en el artículo 2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, que establece que el derecho a dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, implica a la Administración Pública. La normativa que debe regular su uso en la sanidad pública ha ido cambiando con el paso de las legislaturas y los gobiernos, debido a las diferencias entre los distintos partidos políticos.

El catalán en la sanidad pública

Durante la primera legislatura del Govern de Francina Armengol (coalición entre el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca -ecosoberanistas de centro izquierda-), el Ejecutivo progresista aprobó la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. Esta normativa, que incluye algunas excepciones, volvía a establecer el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública. Y es que en el mandato anterior (2011-2015), con la modificación de la Ley 3/2007 de la Función Pública por parte del Govern de José Ramón Bauzá (PP), el catalán suponía un mérito, pero no un requisito, para los trabajadores sanitarios.

Sin embargo, la polémica saltó a la palestra el pasado mes de diciembre después de que el Govern balear, también presidido por Armengol y gobernado por la coalición formada por PSOE, Unides Podem y Més per Mallorca, eliminara el requisito de acreditar los niveles de catalán para el personal de medicina y enfermería para el proceso de estabilización convocado el 20 de diciembre de 2022 de 4.114 plazas, a pesar de que la norma reclamaba un nivel B2 de catalán a médicos y enfermeros y un nivel B1 a auxiliares y el resto de profesionales.

La entonces consellera de Salud (cartera controlada por el PSOE), Patricia Gómez, se defendió justificando que el proceso se había hecho “conforme a la ley de normalización lingüística, que permite excepcionar las categorías deficitarias”. Gómez se refería, en concreto, a la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística, que podía eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana “excepcionalmente y cuando la prestación asistencial pueda resultar afectada por la carencia o insuficiencia de profesionales”, en referencia a los profesionales del IB-Salut (el servicio público de salud de Balears).