Grabaciones “ilegales”, chantajes y sobresueldos: el 'House of Cards' de la derecha en Formentera

Un supuesto chantaje con un sobresueldo de 4.000 euros a la presidenta autonómica, un diputado en presunta bancarrota, acusaciones de “asalto al poder” de dos consejeros que son pareja, trifulcas en los medios de comunicación, amenaza de una moción de censura de un partido contra su propio presidente, la posibilidad de unas nuevas elecciones que tendría que convocar Pedro Sánchez, grabaciones sin consentimiento que son 'fuego amigo'... Formentera vive, desde hace unas semanas, una crisis institucional sin precedentes que bien podría ser el argumento de una temporada de 'House of Cards', la famosa serie que narra la ambición de Frank Underwood por ser el presidente de Estados Unidos. Los protagonistas, en este caso, son tres: el PP, Sa Unió (una coalición local de derechas) y Llorenç Córdoba, diputado autonómico y presidente del Consell de Formentera.

Por primera vez desde la creación del Consell Insular en 2007, la isla está gobernada por Sa Unió (una coalición entre el PP y Compromís, un partido de derechas de la menor de las Pitiüses). En esta historia hay dos versiones. Sa Unió acusa a Llorenç Córdoba -un independiente sin partido- de exigir “sobresueldos” en Formentera y Palma -en concreto, a la presidenta autonómica Marga Prohens, del PP-, mientras que Córdoba defiende que es el PP de Formentera el que tiene problemas económicos. Según Córdoba, los populares necesitan dinero para pagar los gastos asociados a su local en la isla. Ambas partes se acusan, además, de “chantaje”. No lo han hecho en privado, sino a través de los medios de comunicación.

En estos momentos la comunicación entre José Alcaraz, líder del PP de Formentera, y Córdoba está rota, aunque ambos han asegurado que los presupuestos del Consell Insular, que se tienen que aprobar este viernes, no corren peligro. En el último capítulo de esta crisis, Alcaraz llamó machista a Córdoba por exigir la dimisión de Verónica Castelló, que, además de ser consellera de Sa Unió y vicepresidenta primera del Consell Insular, es la esposa de Alcaraz. “Me da igual que la pareja que tiene usted sea un hombre, una mujer, o de género fluido. Lo que sé es que ustedes dos tenían información que han usado contra mí. Por eso pido la dimisión de los dos”, afirmó en IB3 Ràdio.

Apenas medio año después de desbancar a la izquierda tras 16 años de sucesivos gobiernos de Gent per Formentera (en las legislaturas 2007-2011 y 2019-2023 gobernó en coalición con el PSOE), la desunión en el gobierno insular de derechas es manifiesta. La crisis de gobierno, que se hizo pública hace unas semanas, se ha desarrollado con acusaciones entrecruzadas entre Córdoba y, sobre todo, los miembros del PP de Formentera con más peso en el Consell Insular. La situación ha dejado perplejos a los partidos de la oposición, que exigen que, en caso de que haya pruebas que incriminen a Córdoba, sean puestas en conocimiento de la Fiscalía. Sa Unió afirma tener unas grabaciones, que habrían sido grabadas sin el consentimiento de Córdoba, donde éste pide más dinero para que le salga rentable ser diputado autonómico en Palma y presidente del Consell Insular en Formentera.

Un mensaje enigmático

El 27 de noviembre, de forma unilateral, Córdoba envió un mensaje enigmático a los medios de comunicación, en el que explicaba que como presidente del Consell de Formentera, y dado que no está adscrito a ningún partido político, se planteaba seriamente “dejar de apoyar incondicionalmente al Govern balear del PP”, que sin Córdoba depende parlamentariamente del voto afirmativo de los diputados de Vox.

En ese momento, se especuló con la posibilidad de que el presidente del Consell Insular, que también fue elegido diputado balear por el grupo mixto de Sa Unió, estuviera descontento con el Ejecutivo de Prohens debido a los compromisos adquiridos por el Govern en materia de infraestructuras o respecto a alguna modificación legislativa relacionada con el deslinde de la Ley de Costas. Incluso acusaba al PP, en ese momento, de estar asumiendo “demasiados postulados de Vox”.

Hay que tener en cuenta que Sa Unió cerró un acuerdo de investidura con el Govern de Prohens, pero no de gobernabilidad. “Hay que controlar que se cumple con Formentera”, reiteró en declaraciones a IB3 Ràdio el presidente del Consell Insular, para justificar su posicionamiento. Sa Unió tiene un acuerdo basado en veinte puntos con el Govern balear del PP. Según Córdoba, no había suficientes avances por parte del Ejecutivo conservador, por lo que lanzó un mensaje para fortalecer su posición de cara a unas negociaciones.

Después de haber anunciado que retiraba el “apoyo incondicional” al Govern del PP, Córdoba tenía una reunión con Marga Prohens en Palma, a la que también asistieron José Manuel Alcaraz (PP) y Javier Serra (Compromís), vicepresidentes tercero y segundo del Consell de Formentera, respectivamente. El presidente del Consell Insular afirmó que no se esperaba encontrar a sus dos consellers en esa reunión a la que iba a negociar con Prohens y que tuvo la sensación de que sus compañeros de gobierno se encontraban “en el otro lado de la mesa”. Es decir, que apoyaban a Prohens y no a él.

El 5 de diciembre saltó la sorpresa cuando el propio Córdoba reveló que las cuestiones políticas no eran la única causa de la crisis de gobierno. En una entrevista en Ràdio Illa, en la que dio explicaciones sobre la crisis gubernamental, hablando sobre la triple insularidad que tiene Formentera, afirmó que “es un problema muy grave incluso para los políticos porque como diputado pierdo dinero cada vez que voy a Mallorca”. Córdoba cobra 54.000 euros brutos como presidente del Consell Insular, y entre 18.000 y 33.000 euros brutos en función de las dietas y su actividad en el Parlament. Además, recibe una asignación extra por asistir al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y al Consejo de Navegación de La Savina.

Córdoba, acusado de pedir “sobresueldos”

El presidente del Consell Insular, sin embargo, desveló más tarde que le corresponden unos 2.700 euros por gastos de representación que tienen los diputados para ejercer su labor parlamentaria, y que este dinero estaría controlado por los partidos de la coalición (PP y Compromís). Según su testimonio, hay gastos que están corriendo de su bolsillo, pero que tienen que ver con su actividad parlamentaria, ya que cada semana se tiene que desplazar de Formentera a Mallorca para acudir, por ejemplo, a las sesiones parlamentarias.

La versión de Sa Unió, en cambio, es que Córdoba exigió tanto en Palma como en Formentera un “sobresueldo” fijado entre 3.000 y 4.000 euros. Por este motivo, Sa Unió exige la dimisión de Córdoba, mientras que Córdoba reclama la dimisión de Verónica Castelló (PP), vicepresidenta primera, y José Alcaraz (PP), vicepresidente tercero. Según el presidente del Consell Insular, la crisis que se ha desencadenado es con uno de los dos partidos de la coalición: el PP de Formentera.

Córdoba asegura que el chantaje es contra él

Al mismo tiempo, unos y otros se acusan de “chantaje” y “extorsión”. Sa Unió afirma que Córdoba iba a Palma a presionar al Govern mientras pedía un “sobresueldo” a Prohens, mientras que Córdoba asegura que las pruebas que Sa Unió dice tener contra él son “ilegales”. El presidente del Consell Insular reconoce implícitamente que podría haber alguna prueba de lo que Sa Unió le acusa (el sobresueldo), pero afirma que dichas pruebas son “ilegales” dado que son grabaciones que se han hecho sin su permiso, y emplaza a sus críticos a presentarlas en la Fiscalía.

La versión de Sa Unió fue respaldada por el portavoz del Govern, Antoni Costa (PP), que en una rueda de prensa afirmó que Llorenç Córdoba “pretendía comprometer la estabilidad del Govern, no en función de los intereses de Formentera y sus ciudadanos, sino en función de sus intereses personales”. “La respuesta es sí”, dijo, a la pregunta sobre si el Govern había recibido presiones para que Córdoba cobrara un sobresueldo.

Sin salidas inmediatas a la crisis

Tres semanas después del inicio de la crisis, la situación es incluso más confusa que al principio. Córdoba se contradice constantemente en relación a las cantidades económicas que percibe o que considera que debería percibir, aunque sigue defendiendo su inocencia. En las diferentes versiones o ampliaciones de información que ha dado, también ha acusado a Prohens de “mentir”, debido a la promesa electoral del PP balear de promulgar una ley autonómica que resuelva el deslinde de Costas, pese a que las competencias son estatales. Córdoba acusa a Prohens de haber “engañado” a la ciudadanía de Formentera, mientras que Juan Manuel Lafuente (PP), conseller del Mar y del Ciclo del Agua, aseguró que el Govern está trabajando en la cuestión y que la ley autonómica se elaborará en el marco de las competencias que recoge el Estatut d’Autonomia.

Este viernes se presentan los presupuestos insulares, motivo por el que Córdoba evita cesar a los dos consellers díscolos, Castelló y Alcaraz. Al mismo tiempo, los miembros de Sa Unió, que en alguna ocasión han amenazado con dimitir en bloque, mantienen sus carteras a la espera de que se presenten dichos presupuestos. Se ha especulado en alguna ocasión que será entonces cuando Córdoba cese a Castelló y Alcaraz. Esta hipótesis, sin embargo, tampoco resolvería la crisis, ya que el presidente del Consell Insular pasaría a estar, en esa situación, a merced de llegar a acuerdos con Gent per Formentera y el PSOE para sacar adelante la legislatura. Tampoco se sabe qué reacciones ocasionaría en el resto de los consellers del gobierno insular.

Por otro lado, Sa Unió ha ofrecido a los grupos de izquierdas presentar una moción de censura contra Córdoba, aunque la oposición sigue defendiendo que para destituir al presidente del Consell Insular, o pedir su dimisión, hay que demostrar su culpabilidad en relación a los hechos que se le imputan. La última opción para desencallar la situación implica la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros podría disolver el Consell de Formentera, con la aprobación del Senado, si se diera una situación de bloqueo en la institución insular, según recoge el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como avanzó Periódico de Ibiza y Formentera.

La oposición exige pruebas

El principal partido de la oposición, Gent per Formentera, definió la crisis política insular como “una lucha de poder” con “intereses políticos y personales”. “Formentera se encuentra casi sin gobierno. El cambio anunciado por Sa Unió trae la peor crisis política que hemos visto nunca en nuestra isla”, valoró Alejandra Ferrer, portavoz de Gent per Formentera, a elDiario.es. La portavoz de la formación de izquierdas pidió a Sa Unió “aclarar esta situación” y, sobre las acusaciones “tan graves” que se están haciendo, pruebas. “Se tienen que dar explicaciones y presentar pruebas (...) porque estamos hablando de chantaje hacia las administraciones, hacia el Govern balear y hacia el Consell de Formentera. Estas acusaciones no se pueden hacer sin poner las medidas legales que toquen en cada caso”, manifestó Ferrer.

La portavoz de Gent per Formentera aclaró, además, que la oposición no está para dar apoyo al gobierno conservador. “Y menos al equipo de gobierno que nos acusa constantemente de haberlo hecho todo mal [cuando Gent per Formentera gobernaba]”, incidió Ferrer y aclaró que su partido pedirá la dimisión de Llorenç Córdoba si se demuestran las acusaciones que se han vertido sobre él. Finalmente, la portavoz de izquierdas remarcó que no van a presentar una alternativa de gobierno. “Somos muy conscientes de que [los ciudadanos] nos han colocado en la oposición. Lo que sí que queremos son las pruebas y explicaciones pertinentes, así como la transparencia que se merece la ciudadanía”, concluyó Ferrer.

Rafa Ramírez, portavoz del PSOE en la oposición, coincidió en que se trata de “la crisis institucional más grave desde la historia de la creación del Consell Insular”. “Es un vertido de acusaciones por el cual no hay pruebas, por ninguno de los dos lados”, afirmó en declaraciones a elDiario.es. “Se habla de sobresueldos y temas personales que son muy desagradables y lo que no hemos visto, hasta ahora, ni la ciudadanía, ni la oposición, son pruebas”, insistió el portavoz socialista.

“Nos parece todo muy grave y muy esperpéntico”, lamentó y añadió que, dado que existe la presunción de inocencia, es muy complicado que el PSOE vaya a apoyar ninguna iniciativa “sin que haya pruebas incontestables de la gravedad de lo que se está contando”. Finalmente, Ramírez exigió “sensatez” y “sentido de la responsabilidad de gobierno”. “Que solucionen esta crisis que han creado solo ellos y de una forma que sea la mejor posible. Como parece que no tiene solución, hay que sentarse a hablar”, concluyó.

Córdoba apoyará los presupuestos autonómicos del PP

El Govern del PP ya no necesita el voto favorable del diputado Llorenç Córdoba, después de haber aceptado todas las enmiendas de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2024, los primeros de la era Prohens. Sin embargo, Córdoba ha anunciado que votará a favor de unas cuentas que incluyen una inversión extra de 2,5 millones de euros, después de las peticiones del diputado al Govern.

El presidente del Consell Insular ha asegurado que su objetivo es trabajar en el pacto de veinte puntos firmado con el Govern para que se cumpla durante esta legislatura y que incluye los compromisos del Ejecutivo balear con Formentera. Córdoba ha manifestado que “para conseguir estos objetivos y desarrollar otros futuros” seguirá “trabajando para Formentera como presidente del Consell Insular y como diputado en el Parlament”. “Por este motivo, a día de hoy, manifiesto mi intención de dar apoyo al Govern de Marga Prohens para aprobar los presupuestos generales de la comunidad autónoma”, concluyó.