Izquierda y derecha se unen para echar al polémico presidente de Formentera que tenía paralizada la isla

El conservador Llorenç Córdoba ha sido desalojado de la presidencia del Consell de Formentera mediante una moción de censura que han facilitado el resto de los representantes del pleno insular justo el día en que se cumplan 13 meses desde que se desató una crisis sin precedentes en la historia política de las Balears. 

El nuevo presidente es Òscar Portas Juan, de 48 años, profesor de francés que ha ejercido la docencia en China y Balears, fue conseller insular de Educación, Cultura, Patrimonio y Seguridad Ciudadana desde principios del verano de 2023 hasta el pasado mes de junio. El integrante de la coalición de centro-derecha Sa Unió, formada por PP y Compromís, liderará un Gobierno en minoría, con 8 apoyos en un pleno de 17 consellers. La moción, la primera en las Balears, ha contado con el apoyo de los consellers de Sa Unió y la abstención de Gent per Formentera y el PSOE, mientras que Córdoba ha sido el único que ha votado en contra. 

Inmediatamente después del pleno, se ha celebrado la primera reunión para reconstituir la Junta de Gobierno, el principal órgano ejecutivo del Consell que no existía desde el pasado mes de junio. Además, ha arrancado la maquinaria jurídica para que se distribuyan las diferentes áreas de Gobierno entre los nuevos consellers para que más pronto que tarde vuelva la normalidad a la institución insular.  

Todos en contra de Córdoba

En su año y medio de presidencia, Córdoba ha logrado que todas las sensibilidades políticas con representación, desde Sa Unió hasta el PSOE y Gent per Formentera (el centro-izquierda local), se pongan de acuerdo con un único objetivo; desposeerlo del bastón de mando. Córdoba, veterinario de profesión, llegó a la presidencia el 18 de junio de 2023 después de que Sa Unió, la coalición que lideraba como independiente y que lo acabaría expulsando, ganase unas elecciones a la izquierda por primera vez en los 17 años de historia del Consell de Formentera.

Sin embargo, “la estabilidad y el diálogo” que Córdoba prometió en su discurso de investidura saltó por los aires medio año después, cuando el presidente, que a su vez ostenta el único escaño de la isla en el Parlament balear, hizo público que se planteaba dejar de “apoyar incondicionalmente” a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP). En Formentera, sus entonces socios de la coalición, los populares, acusaron a Córdoba de haber pedido un sobresueldo de unos 4.000 euros y de estar haciendo “chantaje” a los gobiernos autonómicos y del Consell Insular. Hasta el vicepresidente balear popular, Antoni Costa, confirmó la exigencia de Córdoba, si bien el presidente y diputado lo negó y argumentó que en realidad solo pedía su asignación parlamentaria, lo que finalmente consiguió en octubre con el apoyo de PP y Vox.

Este desencuentro abrió un abismo entre Córdoba y el resto de la derecha local. Si bien el Gobierno autonómico y los populares de Balears, necesitados de su apoyo en el Parlament vistos los vaivenes de Vox, nunca han roto abiertamente con él. Y hoy, cuando una coalición integrada por el PP recupera el poder en Formentera, no ha habido en la sala ningún representante del partido de ámbito autonómico, una ausencia llamativa comparada con la investidura de Córdoba, que contó con la presencia de la presidenta balear.

A los pocos minutos de concluir la moción de censura, el partido ha emitido un comunicado en que anuncia que “los órganos de dirección (...) valorarán las posibles consecuencias internas de la moción de censura”. Además, la formación ha lamentado que se hayan “antepuesto diferencias personales particulares por encima de cualquier posibilidad de acuerdo”, aunque durante el largo transcurso de la crisis no se haya pronunciado.

Guerra abierta con su propio partido

En enero Córdoba fue expulsado de Sa Unió y en febrero cesó al vicepresidente insular y líder del PP formenterés, José Manuel Alcaraz. En abril, se posicionó en contra de la adjudicación de los quioscos de playa propuesta por la mesa técnica y solo pudo esquivar la recusación tras renunciar voluntariamente a participar en este proceso administrativo. En mayo, Sa Unió denunció a Córdoba ante la Fiscalía por malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.

El presidente, a su vez, denunció a Alcaraz por haber grabado y difundido sin su consentimiento una conversación privada en la sede del Consell en que Córdoba hablaba de los sobresueldos: “Si se le está pagando a un chivato o a un moro para que dé información a Interior, ¿no se le va a pagar a un diputado que está apoyando a la presidenta?”, según publicó Periódico de Ibiza. Además, el hasta ahora presidente ha afirmado que ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre supuestas irregularidades que afectan a funcionarios, empresarios y políticos de esta y anteriores legislaturas. 

Finalmente, en junio, los consellers de Sa Unió que seguían en el ejecutivo insular lo abandonaron, dejando la institución sin vicepresidencias ni Junta de Gobierno, órganos “necesarios”, según la Ley de Consells. Solo permaneció en el Gobierno insular el titular de Turismo y Vivienda, Artal Mayans, porque “en temporada turística” deben tomarse “decisiones diarias”, pero siguiendo la dinámica de Sa Unió, votando con la coalición y, siempre que ha podido, pidiendo la dimisión de su presidente.

La falta de impulso político y gestión, con un jefe insular que a duras penas podía ocuparse de todas las competencias ha generalizado y amplificado el malestar. Decenas de asociaciones ciudadanas, entidades deportivas, culturales y empresariales crearon el movimiento Deim Prou! (“Decimos basta!”). Este colectivo consensuó un manifiesto común y salió a la calle para exigir “un Consell en plenitud” que permitiese superar la situación de “desgobierno” que ha generado “descontento, desamparo y parálisis”.

Decenas de asociaciones ciudadanas, entidades deportivas, culturales y empresariales crearon un movimiento para exigir "un Consell Insular en plenitud" que permitiese superar la situación de "desgobierno" que ha generado "descontento, desamparo y parálisis"

Con el transcurso de los meses y el devenir de las sucesivas polémicas, a las peticiones de dimisión por parte de Sa Unió se le añadieron las del resto del arco político. Los reproches entre Córdoba y el resto de representantes convirtieron los plenos en sesiones en que la protagonista ha sido la crispación más que los temas de interés ciudadano.

Un informe demoledor

A pesar del esperpento en que se convirtieron los plenos, fue gracias a ellos que se ha conseguido desencallar la situación. Primero los socialistas lograron que se aprobase una propuesta para encargar a la Comisión de Código Ético que emitiese un informe para analizar los hechos acaecidos en el Gobierno de Córdoba y Sa Unió desde el principio de la crisis. Una vez el informe estuvo aprobado, a principios de octubre, fue Gent per Formentera quien forzó su presentación mediante la convocatoria de un pleno extraordinario, después de que el presidente dejase de convocar la sesión ordinaria de octubre para impedir que se hiciese público.

De hecho, este documento fue motivo de otra polémica derivada. En marzo, el presidente se sumó a la unanimidad con que el pleno aprobó el encargo del informe a la Comisión y, posteriormente, también apoyó el consenso sobre la composición de sus miembros. Sin embargo, cuando el informe estaba a punto de ser aprobado, desató una ofensiva jurídica contra el trabajo de este órgano. La Fiscalía acabó teniendo noticia del asunto, después de que la Comisión de Código Ético denunciase a Córdoba por presunta malversación de caudales públicos. Este órgano analizó los metadatos de la alegación presentada por Córdoba contra la publicación del informe y descubrió que había sido redactada por un letrado del mismo Consell que, además, había ejercido de secretario accidental durante dos reuniones de la propia Comisión.

Las conclusiones del informe son demoledoras y han servido de acicate para que Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE se pusiesen de acuerdo para pactar la moción de censura tras meses de desencuentros. El documento concluye que el Consell se ha convertido en una “institución unipersonal” contraria a los “principios de pluralismo y participación” que consagran la Constitución, la normativa europea y la legislación española. Además, el informe concreta “las graves consecuencias prácticas para la ciudadanía”, como por ejemplo: “La paralización absoluta de licencias de obra mayor (...), la imposibilidad de imposición de sanciones muy graves (...) o de penalidades por incumplimientos de contratos con el Consell Insular, entre otros”.

La reacción no se hizo esperar y ha conducido al éxito de la moción de censura de este viernes. En el receso del pleno donde se expusieron las conclusiones del informe de ética, Gent per Formentera y PSOE comparecieron conjuntamente para ofrecer a Sa Unió su apoyo a un gobierno en minoría de la coalición conservadora si asumía “responsabilidades”. Esta demanda se tradujo en la petición de la dimisión de uno de sus pesos pesados, José Manuel Alcaraz, como conseller del pleno. A los pocos días, Alcaraz renunció “por el interés general” y Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE pactaron la moción de censura contra Córdoba para nombrar a Òscar Portas. La coalición, consciente de que afronta los dos años y medio que quedan de legislatura sin tener garantizada la mayoría en el pleno, ya ha ofrecido diálogo a la oposición para pactar las cuentas insulares para 2025 y recuperar la normalidad institucional del Consell de Formentera.