Un grupo de jueces y juristas de prestigio de las Illes Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, han remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.
La confección y los resultados de tales encuestas había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.
Confesiones a micro tapado: “Hacíamos encuestas y perdíamos”
Suárez -eso sí, tapando el micrófono para que no se registraran sus palabras- alegó que actuó de esta forma porque los sondeos de los que disponía el Gobierno –y que nunca llegaron a publicarse– anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república..., hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien durante la dictadura franquista ostentó varios cargos públicos para, en 1976, ser nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse.
Ahora, los juristas quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición del régimen franquista a la democracia parlamentaria blindaron mediante estos dudosos métodos la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.
En su carta, los profesionales jurídicos solicitan que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -normativa que fue elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que éste “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.
En segundo lugar, reclaman que se exponga la documentación que demuestra que el Gobierno dispone de las citadas encuestas. Para ello, aluden a la pregunta parlamentaria que el senador del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal, Vicenç Vidal, dirigió al Gobierno en febrero del año pasado, en la que cuestionaba cómo era posible que seis años después de difundirse la entrevista todavía no se hubieran hecho públicos los sondeos. También solicitan la respuesta que, en abril, el Ejecutivo central remitió a Vidal, en la que señalaba que esta cuestión estaba siendo abordada a través de una ley que aún no se había aprobado, es decir, el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista.
PP, PSOE y la monarquía, “los grandes beneficiarios”
“El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía el Ejecutivo, reconociendo implícitamente la existencia de la encuesta (o encuestas) que se formuló a la opinión pública española durante la Transición.
En este sentido, los juristas aseveran que, con esta respuesta, el Ejecutivo “reconoce que esas encuestas se mantienen ocultas a la sociedad española en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde la época de la dictadura franquista”. “Por tanto, y en tercer lugar, pedimos al gobierno que desclasifique toda la información sobre las encuestas a la mayor brevedad posible”, sentencian en la misiva los solicitantes. “Lo que se solicita es que se actúe conforme a la verdad histórica y se expongan las informaciones nunca desmentidas que cuestionan un referéndum amañado y del que se habla muy poco porque tuvo una importancia decisiva para diseñar un futuro del que la monarquía y los dos grandes partidos [PP y PSOE] han sido los grandes beneficiarios, estableciendo a su favor grandes ventajas legalizadas, como la Ley Electoral”, insisten.
Los juristas reclaman que se actúe 'conforme a la verdad histórica y se expongan las informaciones nunca desmentidas que cuestionan un referéndum amañado y del que se habla muy poco porque tuvo una importancia decisiva
Cabe recordar que, ya el pasado mes de junio, un grupo de 74 vecinos del municipio mallorquín de Esporles emprendió la batalla, a través de una petición registrada ante el Defensor del Pueblo, para que la ciudadanía española conozca el resultado de los sondeos emitidos y nunca sacados a la luz. “Suárez se arrogó la potestad de esconder una información que tenía en ese momento para justificar la introducción de la figura del rey y de la monarquía en la Ley para la Reforma Política”, argumentó en declaraciones a elDiario.es Albert Catalán, uno de los promotores de la iniciativa. “Es una cuestión cívica el hecho de querer que la democracia sea lo más transparente posible y ofrezca el máximo de luz sobre las decisiones que se toman”, opina. En julio, sin embargo, el Defensor del Pueblo les comunicó “la imposibilidad de atender a su solicitud”.
Las elecciones de la Segunda República
Otra de las grandes peticiones que traslada el grupo de juristas al Gobierno pasa por hacer públicos los resultados de las distintas elecciones que se celebraron durante la Segunda República: “Consideramos lógico que Interior no incluya los resultados de las convocatorias a cualquier clase de 'elecciones' o 'referéndum' celebrados durante la dictadura franquista por no existir libertades ni derechos políticos, pero sí fueron democráticas todas las elecciones que se celebraron durante la II República, especialmente a partir de las primeras en las que pudieron votar las mujeres”.
Por ello, solicitan al Ministerio del Interior que incorpore los resultados de los comicios celebrados durante aquel periodo, de tal forma que se puedan consultar sus resultados con las mismas opciones de búsqueda que las del resto de convocatorias. “Como es lógico, hasta donde lo permita la información de que se disponga”, precisan en la carta remitida a Grande-Marlaska.
Los exjueces ven 'lógico' que Interior no incluya los resultados de cualquier clase de 'elecciones' del franquismo 'por no existir libertades ni derechos políticos, pero sí fueron democráticas todas las elecciones que se celebraron durante la II República
Cabe destacar que durante la República se llevaron a cabo cuatro procesos electorales de ámbito estatal: tres a Cortes (1931, 1933 y 1936) y un último en 1936 relativo a los compromisarios necesarios para elegir al presidente de la República. Los juristas quieren que el propio Ministerio publique los resultados de aquellas convocatorias con el objetivo de desterrar cualquier duda acerca de los supuestos pucherazos que la derecha se ha volcado en difundir para desacreditar aquel periodo histórico. “La respuesta del Ministerio no puede ser que esas informaciones se pueden consultar en otros sitios, porque lo que se pide es que las peticiones de información en la web puedan realizarse con los mismos protocolos que los del resto de elecciones, y que la información que ofrezca la web sea también la misma, lógicamente en base a las estructuras políticas territoriales que había entre 1931 y 1936”, subrayan en declaraciones a elDiario.es.
Errores y deficiencias en las informaciones electorales de Interior
Asimismo, los profesionales jurídicos señalan en la misma misiva que, de todas las convocatorias a urnas celebradas desde la aprobación de la Constitución en 1978, los únicos resultados que no aparecen en la web del Ministerio del Interior son los relativos a las elecciones a los parlamentos de las Comunidades Autónomas. Unos datos cuya inclusión consideran necesaria para que se puedan consultar con los mismos criterios de búsqueda que los del resto de comicios celebrados, como son las elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado, las municipales, los Cabildos y el Parlamento europeo.
Finalmente, los juristas, apelando a “la calidad, la fiabilidad y la legalidad” de las informaciones electorales que proporciona el Ministerio, ponen en conocimiento de Interior la existencia de errores y deficiencias que se mantienen “desde hace décadas” y que ya pusieron de manifiesto a través de la Delegación del Gobierno en Balears en enero de 2021 mediante una carta en la que se mostraban preocupados ante “la imagen tan pobre que proyecta nuestro país con la exposición pública de deficiencias inaceptables en una información oficial que es de la mayor relevancia en cualquier democracia”. Por este motivo, reclamaban que la gestión y la información de todos los resultados electorales, tanto de los existentes como de los que en el futuro deriven de nuevas convocatorias electorales, sean transferidas al Instituto Nacional de Estadística como organismo que se encarga de la gestión de los censos electorales.
Los juristas apuntan a la existencia de errores que se mantienen 'desde hace décadas' en las informaciones electorales de Interior: 'Nos preocupa la imagen tan pobre que proyecta nuestro país con la exposición pública de deficiencias inaceptables
Pese a los tres años transcurridos desde entonces, los juristas recriminan ante el ministro que en la web “permanecen informaciones no aceptables que se denunciaron en aquel escrito”. Por ejemplo, precisan, la diferencia de 111.045 electores que se obtiene al comparar los censos del Congreso y el Senado en las elecciones generales de 1993 “sigue siendo un incumplimiento expreso de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)”.
De igual forma, subrayan, “también sorprenden las seis diferencias de uno, 5.211, 162.283, 5.568, 2.676 y 2.568 en los números de habitantes” que se deducen de comparar los resultados del Congreso y el Senado para las elecciones celebradas en los años 1977, 1979, 1982, 1986, 1989 y 1993, respectivamente. Se trata, a juicio de los reclamantes, de unas deficiencias que “proyectan sombras de duda sobre una información electoral del Gobierno que puede ser consultada por analistas, historiadores y otros expertos influyentes de cualquier parte del mundo”.
“Somos conscientes de que las peticiones planteadas en esta carta abierta suponen un esfuerzo adicional y quizás la toma de decisiones políticas, pero también creemos que si se ejecutan contribuirán a mejorar la calidad de nuestra democracia y el grado de fiabilidad que proyecta la actividad de la Administración Pública”, sentencian.
En concreto, hasta un total de diez jurídicos se han adherido a la carta abierta al ministro Marlaska. Son los siguientes: Juan Calatayud, José Castro, Maria del Mar de la Loma, Josep de Luis, Cristina Gómez, Ferrán Gomila, Alejandro Juárez, Ignasi Ribas, Josep Valdés y Juan Pedro Yllanes.