La jueza del caso Puertos pone la lupa en el alcalde socialista de Ibiza y en un ex alto cargo de Rajoy

La jueza Martina Mora Torrens, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha citado a declarar a Rafael Ruiz González (alcalde de Eivissa), al empresario Jesús Díaz Barreiros, a José Llorca Ortega (presidente de Puertos del Estado durante la época de Mariano Rajoy), a Álvaro Sánchez Manzanares (secretario general de Puertos del Estado) y a José Antonio Morillo Velarde del Peso (jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado) en el marco del caso Puertos.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza pide a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el caso Puertos que, en un plazo de cinco días, respondan si estas personas deberían prestar declaración en calidad de testigos o de imputados. Martina Mora considera que, teniendo en cuenta las evidencias del caso, las declaraciones realizadas y los documentos disponibles, hay que tomarles declaración. “Son personas que han tenido intervención en hechos relevantes para la presente investigación”, comenta.

Sobre Rafael Ruiz, que repetirá como candidato socialista a la alcaldía de Eivissa en las elecciones municipales de mayo, la jueza afirma que “las actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) relacionadas con la adjudicación investigada constan intervenciones relevantes de Rafael Ruiz González como miembro del Consejo de Administración, así como comunicaciones del mismo con el investigado Joan Gual de Torrella Guasp en relación a los hechos investigados”.

El papel de Ruiz y Gual de Torrella

El alcalde de Eivissa afirmó este verano que tenía “la conciencia muy tranquila” en lo referido al caso Puertos y que “respeta a la Justicia”. El diario El Mundo publicó que, en unas conversaciones que habrían mantenido Rafael Ruiz y Joan Gual de Torrella, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Balears, se habla de abordar el tema de la concesión de la dársena ibicenca con el antiguo ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según El Periódico de Ibiza y Formentera, Ruiz comentó que el Club Náutico de Eivissa no puede quedar en manos de una compañía que tenga como único objetivo el beneficio económico y que el Ayuntamiento no quiere que el puerto se convierta en “una marina con precios estratosféricos”. “El puerto ha de tener una parte social y el Club Náutico de Eivissa (CNI) lo hace de forma excelente”, añadió, al tiempo que se mostró partidario de una nueva legislación que proteja entidades como el Club Náutico.

Por su parte, Gual de Torrella está siendo investigado a raíz de las presuntas irregularidades que rodearon al proceso de adjudicación para la explotación de una dársena deportiva en Eivissa. El pasado verano prestó declaración ante la jueza de instrucción encargada de esta causa, que indaga si el citado Club Náutico de Eivissa (CNI) resultó favorecido con la concesión en virtud de un supuesto concierto previo por parte de la cúpula de la APB, encabezada entonces por Gual de Torrella y el entonces director del organismo, Juan Carlos Plaza, y de la asesora jurídica del consejo de administración y abogada del Estado, Dolores Ripoll.

El expresidente de la APB negó haber recibido “presiones políticas” para que el procedimiento fuese otorgado al Club Náutico que lleva ocupando este dominio portuario desde 1927 y, en este sentido, aseguró que la presidenta del Govern, Francina Armengol -quien le nombró en el cargo en 2015- nunca dio ninguna instrucción al respecto. El ex máximo responsable de la APB negó cualquier tipo de irregularidad al respecto y, preguntado por la magistrada sobre el papel ejercido por Armengol, aseveró que inicialmente se reunía con ella una vez al mes y más adelante de forma menos habitual.

“Aquí lo que hay son controversias jurídicas sobre si el sistema que utilizamos para realizar la adjudicación se ajustaba o no a la Ley, y nosotros entendemos que sí se ajusta”, comentó. Asimismo, insistió en que no hubo ningún tipo de presión política para que la concesión se decantara a favor del CNI, al que se ha referido como entidad “sin ánimo de lucro”. Y recalcó: “Hay una percepción de una fuga de la práctica deportiva para la clase media que no podrá acceder nunca a estos precios de amarres, sobre todo en Eivissa”. Gual de Torrella aseguró durante su declaración que la adjudicación contó con el aval de los técnicos de la APB y los servicios jurídicos de Puertos del Estado, lo que garantizaba la legitimidad del procedimiento.

En esta misma línea, el exdirector de la Autoritat Portuària, Juan Carlos Plaza, quien también compareció ante la jueza y las distintas partes personadas, negó haber recibido o dado indicaciones para alterar las valoraciones de las distintas empresas que concurrieron al proceso, mientras que la abogada Dolores Ripoll recordó que durante la tramitación del expediente se valoró el arraigo como un elemento que a largo plazo proporcionaría resultados positivos para la isla.

El caso Puertos

La macrocausa que se investiga en Palma llegó a su punto álgido hace dos años, con la detención de Gual de Torrella y de otros cuatro directivos de la APB, y volvió a sacudir los puertos de las islas. Se trata de un procedimiento judicial que, de nuevo, pone bajo sospecha la gestión llevada a cabo por la cúpula de la Autoridad Portuaria, encargada del control de las prestaciones y servicios de los distintos puertos de Balears. 

Las investigaciones apuntan a que Gual de Torrella, Plaza y Ripoll dieron presuntamente la orden de confeccionar unos criterios de valoración posteriores a la presentación de varios proyectos para gestionar la dársena con el ánimo de garantizar la concesión a favor del CNI. Las nuevas cláusulas incluían, como elemento de peso determinante, el arraigo, requisito que sólo podía cumplir el club ibicenco, que llevaba 40 años explotando el espacio, de de 31.545 metros cuadrados.

“Los investigados conocían qué aspectos podían beneficiar al CNI sin necesidad de abrir los proyectos presentados”, sostiene la jueza, que investiga si estos criterios constituyeron un mero traje a medida del CNI para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano, algo que niegan tajantemente los encausados. Las pesquisas también ponen el foco en la participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de los pliegos.