Investigación
Un Juzgado de Palma investiga el papel que pudo desplegar Puertos del Estado en el presunto amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Illes Balears con el objetivo de beneficiar a determinadas entidades privadas. La magistrada encargada de instruir las pesquisas acaba de levantar el secreto sumarial sobre una de las piezas en las que se divide el conocido como caso Puertos, la macrocausa que hace cerca de dos años volvió a sacudir los puertos de las islas.
El sumario, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, apunta a un concierto previo por parte de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), encabezada por su expresidente Joan Gual de Torrella y el entonces director del organismo, Juan Carlos Plaza, con el “respaldo imprescindible y concertado” de la asesora jurídica del consejo de administración de la APB y abogada del Estado, Dolores Ripoll, en la adjudicación del procedimiento para la explotación de una dársena deportiva en el Club Náutico de Ibiza, cuyos responsables también habrían participado en las supuestas irregularidades para que fuera esta entidad la que continuara gestionando la dársena que el Club lleva ocupando desde junio de 1927.
Las investigaciones también se centran en averiguar si los directivos de la APB dieron órdenes de confeccionar o participaron en la redacción definitiva de unos criterios de valoración posteriores a la presentación de los proyectos y si estos constituyeron un mero traje a medida del Club Náutico para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano. La jueza indaga la supuesta participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de estos criterios.
Los investigadores narran una mecánica comisiva que se repite en los distintos procedimientos administrativos que se encuentran bajo lupa judicial: una propuesta de adjudicación que parte inicialmente del presidente y del director de la Autoridad Portuaria y que logra la aprobación 'formal' del Consejo de Administración al contar con la cooperación necesaria y el respaldo expreso de los técnicos y de la asesora jurídica. Las pesquisas de esta pieza ponen el foco en los pormenores que rodearon, en 2015, al inicio del procedimiento para llevar a cabo la reforma de la dársena deportiva, un expediente al que concurrieron otras dos empresas, lo que impedía a la Autoridad Portuaria aprobar de forma directa el proyecto presentado por el Club Náutico.
En este contexto, además del procedimiento administrativo seguido, las investigaciones buscan averiguar si Gual de Torrella llegó a ofrecer dádivas y favores a una de las entidades competidoras a cambio de apartarse o dejar de impugnar a nivel judicial todas las decisiones de la APB en favor del Club Náutico con el objetivo de garantizar la permanencia de éste en el dominio público que ocupaba. La empresa, según las pesquisas, llegó a aceptar una contraprestación económica a cambio de no entorpecer las adjudicaciones a favor del Club.
Otro de los puntos que planean sobre las investigaciones es la renuncia como consejero de la APB del abogado del Estado Enrique Braquehais en junio de 2018 a raíz de sus discrepancias con cómo se estaba tramitando el procedimiento. Un mes después, otro de los representantes de la Administración estatal, Javier Gesé, anunció su cese tras presuntamente recibir de uno de los responsables de Puertos del Estado la instrucción de votar a favor de la adjudicación al Club Náutico de Ibiza.
Por el momento, en el marco de este fleco se encuentran bajo investigación, por parte de la Administración, el propio Gual de Torrella, Juan Carlos Plaza, Dolores Ripoll, el exjefe del área de gestión de la APB Fernando Berenguer, el exjefe de explotación del organismo Armando Parada, el extécnico de la APB Jorge Martín y el exvicepresidente de la APB Miguel Puigserver. Asimismo, se encuentran encausados el presidente del Club Náutico de Ibiza en la fecha de los hechos, Juan Marí, el exvicepresidente del Club Náutico de Ibiza José María Costa y el responsable de la empresa competidora que habría aceptado el supuesto soborno ofrecido por Gual de Torrella.
Junto al de Ibiza, también se encuentra bajo sospecha, en otra pieza separada, el concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto de Mahón, del que resultó beneficiaria la empresa Marina Asmen, una concesión que, según las investigaciones, estuvo plagada de irregularidades y por la que la Autoridad Portuaria habría dejado de ingresar unos 300.000 euros en tasas.
Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado final. Es más, apuntan a que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso.
Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no se hallaban amparados por los pliegos y que, de hecho, eran contrarios a los mismos, si bien la APB no llevó a cabo ninguna actuación para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.
El caso Puertos vuelve a poner en liza la gestión llevada a cabo por la cúpula de la Autoridad Portuaria, encargada del control de las prestaciones y servicios de las distintas instalaciones portuarias del archipiélago. Las concesiones de amarres presuntamente irregulares y los contratos de dudosa legalidad vuelven a saltar a la palestra en un sector en el que los atraques siempre han constituido un pastel goloso en Balears.
Las investigaciones, abiertas hace más de dos años -y que condujeron en julio de 2020 a la detención de Gual de Torrella, que acabó cesado como presidente de la APB y sustituido en el cargo por el expresidente del Govern Francesc Antich, y de otros cuatro directivos de la entidad- apuntan a una perpetuidad en el tiempo de este tipo de prácticas. No en vano, el caso Puertos hunde sus raíces en la causa que más de diez años asoló la APB a raíz de los tratos de favor que recibió la empresa Trapsayates, de la que era propietario el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en dos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza.
Durante casi una década, permanecieron bajo el punto de mira de la justicia, además de Díaz Ferrán y de su ex socio Gonzalo Pascual, más de una decena de ex altos cargos de la Autoridad Portuaria, entre ellos sus expresidentes Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como numerosos empresarios vinculados a la mercantil beneficiaria. De todos ellos, solo tres acabaron condenados.
Pese a las elevadas penas de prisión y las millonarias indemnizaciones que se solicitaban, los tres acusados -Díaz Ferrán, el empresario Pedro Hernández y el exdirector de la APB Ángel Matías- fueron finalmente sentenciados, en virtud de un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas, al pago de 8.500 euros en multas.
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