El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, que investiga a Vicent Marí (PP) y a otros políticos y funcionarios del Consell Insular por presuntos delitos de prevaricación administrativa, coacciones y acoso en el marco de la campaña turística ‘La vida islados’, ha admitido el estatuto de protección de María Ana Tur Díaz, interventora de la institución y denunciante de las presuntas irregularidades, según ha avanzado Diario de Ibiza y figura en el auto al cual ha accedido elDiario.es. La documentación fue remitida al juzgado por parte de los representantes legales de la denunciante el 14 de septiembre de 2023, entre la que se aportaba la resolución de la Oficina Anticorrupción de Balears, que había concedido anteriormente dicha protección a Marian Tur.
Los hechos que investiga el juzgado se remontan a junio de 2020 –durante la primera ola de la pandemia–, en el marco de una campaña turística que se adjudicó por un total de 745.000 euros en la modalidad de tramitación de emergencia, es decir, 'a dedo', sin pasar por concurso público ni negociado. Entre la partida asignada, 249.018 euros fueron a parar a la empresa Fuera de Escena Ibiza SL para la producción y el rodaje de ‘La vida islados’, que protagonizó Olivia Molina.
Los problemas se derivaron dos meses más tarde, cuando Intervención (el órgano que fiscaliza las cuentas del Consell Insular) emitió, a través de la viceinterventora (Marian Tur), un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza S.L. por un importe de 164.257,50 euros, haciendo referencia al artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y al artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ya que consideraba que el procedimiento de urgencia no estaba justificado.
Semanas después, el Consell d’Eivissa, mediante decreto de presidencia y dos informes favorables, levantó el reparo suspensivo formulado por Intervención, esto es, por Marian Tur. Lo hacía de acuerdo al artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “resolviendo la discrepancia a favor de continuar con la tramitación del citado expediente”, es decir, continuando con el procedimiento iniciado por el departamento de Promoción Turística.
La funcionaria denuncia “presión” y “amenazas de despido”
Es conocida la confrontación pública de Vicent Marí con la que por entonces era la viceinterventora del Consell, Marian Tur, quien se opuso a una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza SL por un importe de 164.257,50 euros. La funcionaria, que estuvo trabajando en el Ajuntament de Ripollet (Barcelona) después de que saltara este caso, emitió un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” dicha factura.
La Oficina Anticorrupción afirma en su escrito que, en un pleno ordinario de septiembre de 2020, Vicent Marí dirigió “una crítica directa hacia Intervención” -aunque sin citar a Marian Tur directamente-, por lo que el organismo decidió ponerse en contacto con la señora Tur, quien afirmó en la sede del ente público que sufrió “presión laboral, amenazas de despido y presiones” por parte de Marí. Estos episodios se habrían producido durante el periodo en el que ella trabajaba en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), cuando Vicent Marí era alcalde del municipio (2008).
El presidente del Consell d’Eivissa afirmó que desconocía la situación de acoso laboral que narró la funcionaria a la Oficina Anticorrupción y negó tal extremo, si bien el organismo público afirma tener en su poder “informes médicos donde hay constancia de la presión a la que se veía sometida por causas laborales”, a los que Marí no pudo tener acceso en su momento. El 9 de octubre de 2020, “el especialista diagnosticó a la señora Tur lesiones en codo y ambas piernas de aparente origen psoriásico por carga emocional (estrés)”, recoge la Oficina Anticorrupción en su informe.
A lo largo del documento, el organismo detalla la documentación aportada por la mujer. Destaca un informe en el que una psicóloga describe el cuadro mental en el que se encontraba la paciente y cuyos síntomas aparecieron a partir de noviembre de 2019: “Tiene una crisis de pánico con sudoración, taquicardia, ahogo, falta de aire y sensación de muerte inminente, creía que le iba a dar un infarto. Esta crisis ocurrió tras discrepancias con su superior. Tras este episodio, y progresivamente, se siente más presionada laboralmente, ansiosa, con miedo a tener interacciones con su superior, lábil emocionalmente y con ansiedad anticipatoria. En enero de 2020 tiene un brote de psoriasis”.
El informe médico añade que “la paciente presenta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a problema laboral, con ansiedad flotante, sensación de ahogo, taquicardias, opresión en el pecho, tensión muscular, pérdida de confianza en sí misma, tristeza y exacerbación de síntomas somáticos como alopecia y la psoriasis”. “Se siente descalificada y presionada. Tiene miedo a las represalias por realizar correctamente su trabajo”, continúa el documento.
Marí niega ser el causante del estado psicológico de la funcionaria
La defensa de Marí no niega el estado psicológico de la interventora, aunque matiza que “los médicos no informan sobre autorías, que es lo que está pidiendo la parte que propone la prueba pericial forense”. La defensa legal de Marí insiste en que “hace años que no tiene contacto” con la denunciante, por lo que las presuntas coacciones no pueden haberse “recrudecido” en la actualidad.
La conclusión de la Oficina Anticorrupción, no obstante, es que la crisis de ansiedad de la viceinterventora “fue a raíz de la nota de reparo interpuesta a la factura, fruto de la cual se provocaron las discrepancias con el presidente del Consell d’Eivissa”, Vicent Marí. “Finalmente, y por necesidades de salud”, la señora Tur tomó posesión de una plaza en el Ajuntament de Ripollet en noviembre de 2020 para luego volver a su plaza en el Consell Insular.
“La relación laboral entre el presidente del Consell Insular y la viceinterventora puede ser considerada como acoso laboral o coacciones, si durante doce años la viceinterventora del Consell (que se trasladó del Ajuntament de Santa Eulària al Consell Insular, según su testimonio, porque la situación con Vicent Marí, alcalde en ese momento, perjudicaba su salud) ha ejercido sus funciones sin ningún problema, y cuando el señor Marí toma posesión del cargo de presidente del Consell Insular, la viceinterventora vuelve a solicitar el traslado”, argumenta el ente público.
La Oficina Anticorrupción balear, que el PP quiere eliminar, afirmó que el presidente del Consell d'Eivissa, del PP, podría ser el causante de coacciones o acoso laboral a una funcionaria que se opuso a un contrato a dedo
Por estos motivos, la Oficina Anticorrupción considera que “podrían haberse producido actuaciones por parte del señor Marí tendentes coaccionar a la viceinterventora” teniendo en cuenta varios criterios. Primero, que a partir de unos informes desfavorables o notas de reparo, “comienzan las presiones” para que los “cambie” o “se le comunica que su actuación tiene consecuencias negativas para el Ajuntament de Santa Eulària primero y el Consell d’Eivissa posteriormente”. La Oficina afirma que “se produce un trato denigrante públicamente y se le presiona con todas estas actuaciones para que no aplique la normativa vigente y elimine las posibles pegas en sus informes de intervención”.
Presunto trato “denigrante” hacia la interventora
Para el organismo público, en las actuaciones de Vicent Marí “podrían existir” unos posibles delitos de coacciones y de trato denigrante (hacia la funcionaria) recogidos en los artículos 172 y 173 del Código Penal. Este es un extremo que él niega y, de hecho, asegura que en ningún momento menciona el nombre de la mujer en el pleno de septiembre de 2020, si bien la Oficina Anticorrupción recoge una serie de afirmaciones que pronunció Marí en ese pleno a raíz de que la viceinterventora emitiera una nota de reparo sobre la falta de justificación del contrato de emergencia de ‘La vida islados’.
“Por desgracia no todos tienen interiorizado lo de trabajar para los ciudadanos (...). La gran mayoría [de funcionarios] cumple, pero siempre en todos los colectivos hay una minoría que no tiene claro ni valora la situación, en algunos casos desde la situación privilegiada por el hecho de ser servidores públicos, que siempre reciben sus retribuciones. (...) Desde la tranquilidad de un despacho, sin vivir los problemas de los demás como propios, sin la necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y un buen sueldo, es muy fácil cuestionar decisiones difíciles hechas en momentos críticos [en referencia a la pandemia]. (...) Después de 28 años de servicio a la Administración, muchas cosas me han sorprendido, pero ninguna de la manera que lo ha hecho la nota de reparo, que respeto pero que en ningún caso comparto”, dijo Marí.
La Oficina Anticorrupción tiene claro que el ‘popular’ se refirió exclusivamente a la nota de reparo de la funcionaria y que, al hacerlo, puso en conocimiento de la opinión pública que era la señora Tur quien la firmaba, “desprestigiando su trabajo, cuestionando su integridad, y reconociendo que los técnicos velan por la legalidad de la Administración y los políticos por la oportunidad”. Las palabras de Marí provocaron las críticas de la oposición, que se alzó contra el presidente del Consell d’Eivissa al entender que había señalado públicamente a una funcionaria. Esta fue también la lectura que le dio la prensa local en aquel momento.
El presidente ibicenco del PP niega las presuntas irregularidades
Vicent Marí, presidente del Consell Insular, niega en todo momento las acusaciones de “corrupción” y “acoso”, que enmarca en una “campaña mediática” del PSOE en su contra, ya que fueron los socialistas, argumenta Marí, quienes denunciaron la campaña turística ante la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción -que según el PP está controlada por el PSOE para perjudicar a los populares-, a su vez, envió el caso a la Fiscalía, organismo que puso una denuncia ante el juzgado.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción resolvió el 10 de agosto de 2023 conceder el estatuto de protección a Marian Tur, por lo que el presidente del Consell Insular presentó un recurso de reposición al entender que la Oficina “está ejerciendo la acusación particular”, en un caso que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa y que, por tanto, vulnera “el ordenamiento jurídico y el principio de contradicción”. Marí se muestra sorprendido ante el hecho de que, tres años después de que haya finalizado el expediente de la Oficina, la señora Tur Díaz pida protección por “supuestas represalias”, cuando el juez instructor se las había denegado anteriormente, en el contexto del procedimiento penal.
En este sentido, el presidente popular argumenta que existe un procedimiento penal en curso, en el cual Tur Díaz ejerce como acusación particular, por lo que “no procede interferir en su instrucción”. Marí opina que la interventora, después de haber sido denegadas las medidas cautelares que pidió, acude a la Oficina Anticorrupción, que interviene atribuyéndose competencias de las cuales no dispone.
Para ello, el presidente del Consell Insular cita la Ley 6/2016, de 9 de septiembre, de creación de la Oficina Anticorrupción, que en el segundo punto del artículo 6 destaca que dicho organismo “no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones”.
La norma indica, además, que en el momento en que la Fiscalía o los órganos judiciales inician un procedimiento para determinar la relevancia penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la Oficina, esta “deberá interrumpir acto seguido dichas actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de que disponga a la autoridad competente”.
Por todo ello, Marí entiende que se está vulnerando su “derecho a la defensa” como persona investigada, así como su “presunción de inocencia”, ya que únicamente Marian Tur ha participado en el expediente de la Oficina. “La Sra. Tur es parte interesada en el proceso penal en el cual ejerce la acusación particular”, indica el presidente del Consell Insular.
En la resolución del director de la Oficina Anticorrupción, aportada ahora a la causa que investiga el juzgado, se indica que hay “indicios de unas presuntas tentativas de represalias consistentes en la intimidación o discriminación -de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de la Oficina- y especialmente un trato ‘desfavorable’ que sitúa a la Sra. Tur en desventaja particular en el contexto laboral o profesional -de acuerdo con el artículo 36.2 y 36.3 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción-. Se citan como indicios la ”falta de respuesta“ a la solicitud de Marian Tur de ”reorganizar“ la Intervención y la solicitud de un informe a las 15:01 horas para presentar la mañana siguiente a las ocho y media de la mañana.
Vicent Marí (PP) denuncia “indefensión”
Marí reprocha, en este recurso de reposición, que la Oficina Anticorrupción toma esta decisión citando dos expedientes que “no dice cuáles son” y que tampoco le han sido remitidos al afectado, lo cual, le produce “indefensión y se posiciona claramente” en su “contra, sin la más mínima contradicción”. “En ningún momento he realizado ningún tipo de represalia contra la Sra. Tur, ni he permitido tampoco que se realice ningún tipo de actuación lesiva contra ella”, se defiende, en el escrito, el presidente popular del Consell Insular. “No entra dentro de ninguna lógica siendo investigado por presuntas coacciones y otros delitos ante el Juzgado de Instrucción”, añade Marí, quien apunta que estando este caso en el foco mediático, habiendo sido un hecho muy noticiable, no tiene sentido que él se dedique a realizar “venganzas contra esta persona”.
Por otro lado, Marí argumenta que los hechos que se investigan se remontan a un expediente del año 2020 -en el marco de la campaña turística ‘La vida islados’-, mientras que la resolución del director de la Oficina Anticorrupción, que ha otorgado el estatuto de protección de la interventora, cita la Ley 2/2023, que regula casos como este, pero que ha entrado en vigor este año, casi tres años después de los hechos que se investigan. “Esta ley no regula en sus disposiciones transitorias ningún régimen que afecte a hechos anteriores a su entrada en vigor”, afirma Marí.
Además, el presidente del Consell Insular insiste en que, habiendo presentado multitud de escritos ante la Oficina Anticorrupción, la respuesta ha sido “nula”, con absoluto “desprecio hacia los más mínimos derechos a la defensa”. Así, Marí vuelve a reiterar que, a su juicio, se están produciendo, “sistemáticamente”, irregularidades en la manera en que se ha tramitado este expediente. Por ejemplo, el presidente popular asegura que no pudo presentar alegaciones en el expediente que la Oficina Anticorrupción estaba tramitando, pese a que era persona interesada en el caso, y tenía derecho a ello.
Fuentes cercanas al presidente del Consell Insular ya explicaron a este diario que Vicent Marí solo pudo presentar alegaciones el 10 de agosto de 2021 –según consta en la investigación de la Oficina Anticorrupción–, mientras que la denuncia fue enviada a la Fiscalía el 5 de noviembre de 2021, sin que Marí hubiera podido presentar alegaciones a las conclusiones del informe. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en el juzgado que instruye el caso en verano de 2022. Durante este tiempo, Marí señaló que había pedido declarar en siete ocasiones para dar su versión, sin éxito.
De las quejas de cómo se ha tramitado la denuncia se desprende, en caso de ser ciertos los argumentos, que se ha infringido el Reglamento de funcionamiento y régimen interno de la Oficina Anticorrupción, que en su artículo 47 señala que cuando finaliza la tramitación del procedimiento de investigación, antes de redactar la propuesta de informe razonado con las conclusiones, “el expediente se tiene que poner a disposición de la administración, la institución o la persona investigada” en un periodo de 10 días hábiles, de acuerdo a los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que la parte acusada pueda presentar alegaciones y aportar los documentos y justificantes que considere oportunos.
La Oficina Anticorrupción, según fuentes cercanas a Marí, se ha saltado este proceso, lo cual vulneraría el artículo 12 de la Ley 6/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina Anticorrupción. Este artículo, de garantías procedimentales, establece que se deben garantizar “los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia de las personas investigadas”; que la Oficina, en el marco de sus investigaciones, “informará inmediatamente a la persona afectada y le concederá trámite de audiencia” y que dicho organismo, en ningún caso, puede formular conclusiones, ni informes razonados, “si la persona afectada no ha tenido previamente la posibilidad real de conocer los hechos, de forma que pueda realizar alegaciones y aportar los documentos que considere oportunos, los cuales se incorporarán al expediente”.
El último punto del artículo 12 indica que, en el caso de que las investigaciones de la Oficina Anticorrupción afecten personalmente a altos cargos o funcionarios, entre otros, “se informará a la persona responsable de la institución, del órgano o del ente de quien dependen”, excepto en los casos que exijan “mantenimiento de un secreto absoluto en beneficio de la investigación”.
En este sentido, Marí apunta a que se le denegó la opción de obtener una copia del expediente de la Oficina Anticorrupción porque existía “secreto de sumario”, después de que el mismo fuera trasladado al Ministerio Fiscal. Por estas razones, en dicho recurso de reposición, Marí pidió la nulidad de la resolución de la Oficina que otorgaba el estatuto de protección como informante a la interventora del Consell Insular, Marian Tur. El presidente del Consell Insular insiste, además, en que hace años que no tiene contacto alguno con Tur, quien pidió recientemente una comisión de servicios para cubrir una vacante en el Ajuntament de Castelldefels (Barcelona).