La Justicia rechaza suspender cautelarmente el plan de PP y Vox para desmantelar la escuela en catalán en Balears

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado suspender cautelarmente el plan piloto de elección de lengua en la enseñanza como pedía un grupo de padres y docentes, en un auto en el que los magistrados apelan, entre otras consideraciones, al hecho de que la adhesión sea voluntaria. El recurso se dirige contra la resolución del conseller, Antoni Vera, por la que se aprobaba el plan piloto. Los promotores solicitaban al Tribunal que de forma preventiva suspendiera su ejecución.

Precisamente el STEI anunciaba este viernes la misma maniobra judicial tras conocer que sólo han querido participar en el Plan 11 centros de los más de 300 en Balears, y ninguno de ellos público. Un apoyo “ínfimo” en palabras del STEI. Desde el punto de vista formal, el sindicato planteó que no es posible modificar el régimen de uso de las lenguas en los centros docentes mediante una resolución de un conseller, sino que requeriría de desarrollo reglamentario. Además, el recurso judicial contra el Plan se basaba, resume STEI, en “los perjuicios que supondrá” y “cómo afectará a los derechos e intereses de diferentes colectivos de la comunidad educativa si se pone en marcha”.

La Sala de lo Contencioso ha denegado la medida tras examinar los intereses en juego al tener en cuenta que se trata de decidir sobre una medida cautelar para evitar perjuicios “graves o irreparables”.

Los impulsores del recurso --entre ellos la vicepresidenta segunda de la Obra Cultural Balear, Catalina Bibiloni, y la exvicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets-- alegaban que el plan de elección de lengua creará situaciones de desigualdad entre centros y alumnos al separarlos en grupos diferenciados en función de la lengua. Además razonaban que supondrá una distribución desigual de los recursos públicos y que, en conjunto, provocaría una segregación desproporcionada.

Por su parte, el Govern sostenía que defiende los intereses generales porque busca precisamente que todos los alumnos tengan un perfecto conocimiento tanto de la lengua catalana como de la castellana al finalizar los estudios. La Abogacía de la Comunidad recalcó que no se podía hablar de discriminación cuando el programa parte de la elección voluntaria de los centros, que pueden elegir adherirse o no, y de los padres, que decidirán la lengua para la enseñanza de sus hijos.

En este sentido, los magistrados razonan que “si el punto de partida es que la decisión de asumir el plan piloto es una decisión libre y voluntaria tanto para los centros educativos, como para los padres de los alumnos, que libremente elegirán para sus hijos la lengua de aprendizaje en determinadas materias, no puede afirmarse que la segregación por razón de lengua provoque a los recurrentes la pérdida de la finalidad del recurso y un perjuicio irreparable”.

“Confrontados ambos intereses, y ante la evidencia de tratarse de un plan que exige la adhesión voluntaria de centros y de padres, al fin, resultan preponderantes y con grado máximo de intensidad los generales y públicos defendidos por la Administración, sobre los particulares de los recurrentes”, concluyen.

Además, el secretario general del STEI, Miquel Gelabert, sostiene que el fracaso de la iniciativa es una “prueba irrefutable del despropósito de este plan” y vincula que la participación haya sido solo por parte de centros privados y concertados “más por un motivo económico que pedagógico”. “Estos centros, en general, ya enseñaban en castellano”, añade. 

El colegio Santa Mónica, ubicado en Palma, es uno de los once centros que se ha adherido al plan de modificación de materia lingüística. Según Olga Ballesteros, profesora y presidenta de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS Educación), “sólo querían impartir en castellano la asignatura de matemáticas, que ya se hacía así con anterioridad”.

En cuanto a la supuesta inseguridad jurídica de la medida y la distribución no equitativa de recursos públicos, la Sala considera que son cuestiones que trascienden el examen de medidas cautelares, sino que deben resolverse en sentencia.

Del mismo modo, el Tribunal entiende que no es el momento procesal oportuno para acordar la medida apoyándose en la apariencia de buen derecho. “No es posible su aplicación cuando se demanda la nulidad de un acto” en virtud de causas que se deben valorar en el pleito principal.

La decisión no es firme y contra ella cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días.

Del total de 339 centros de primaria de las Illes Balears (117 privados y concertados y 222 públicos), solo un 3,24% se suma en el 'Pla Vera' (como se conoce esta iniciativa en referencia al conseller de Educación, Antoni Vera, del PP), según datos de la Obra Cultural Balear (OCB).